Se espera un día de movilizaciones en las que parte de la sociedad reclamará el llamado a elecciones anticipadas y la identificación de los responsables de los muertos después del encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
Organizaciones ciudadanas, principalmente de los departamentos del sur, comenzaron a concentrarse este miércoles en la ciudad de Lima para participar de una nueva jornada de protesta en reclamo de la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y de los integrantes del Congreso, así como el llamado a nuevas elecciones y para exigir condenas para los responsables de las muertes durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Medios locales informaron que, la circulación de peatones y el transporte público se desarrollaba con normalidad, si bien había un ambiente de tensión no sólo en la capital sino también en varias ciudades del país, en las que habrá marchas y protestas ciudadanas.
En la capital de Perú, la jornada fue presentada por los organizadores como la “toma de Lima”, en alusión a dos anteriores ocurridas en enero y febrero de este año bajo el mismo nombre.
En regiones como Puno y Arequipa, en el sur del país, las actividades se desarrollan sin incidencias, y la capital está en calma, según informó el medio peruano RPP Noticias. Desde la madrugada, se observó poca presencia policial en las calles y avenidas, con patrulleros ubicados en habituales puntos de encuentro para las manifestaciones.
En las plazas Dos de Mayo y San Martín, así como en el Paseo de los Héroes Navales, solo se verificó la presencia de vehículos policiales, mientras que la Plaza Bolognesi continuaba rodeada por vallas de la Municipalidad limeña, donde se realizaban trabajos de reparación y mantenimiento desde hace varios días.
Más tarde, un contingente policial con efectivos motorizados ya rodeaba la Plaza San Martín, habitual centro neurálgico de concentraciones de las protestas en Lima.
Las autoridades indicaron que movilizarán al menos 24.000 policías para monitorear las marchas. En otras vías importantes de Lima, la circulación de transporte público se desarrollaba con normalidad. También había presencia policial en puntos estratégicos como los ingresos a las estaciones del servicio del Metropolitano y en ómnibus. Algunas personas pasaron la noche a la intemperie y declararon a medios locales que participarán en la marcha.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó en un comunicado que sólo podrán entrar a los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Juliaca aquellas personas que presenten su ticket de embarque y documento de identidad (DNI).
En un mensaje difundido desde el Palacio de Gobierno, Boluarte instó a la población a manifestarse pacíficamente, “sin generar violencia, caos, crisis, ni querer liderar el anarquismo en el país”.
Durante las anteriores protestas, en marzo, al menos 60 personas murieron en violentos enfrentamientos que paralizaron partes del país. Los grupos de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
Fueron 49 los ciudadanos muertos directamente en las protestas, casi todos a manos de las fuerzas de seguridad, en operativos represivos por los que el Gobierno fue reprendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía y Human Rights Watch (HRW).
Además, también murieron otras dos decenas de personas por motivos relacionados con las protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Varias organizaciones sociales interpusieron una demanda constitucional contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta en el marco de la tercera “toma de Lima”, informó la agencia de noticias Ansa.
Este proceso, interpuesto ante el Juzgado Especializado Civil del Tribunal Superior de Justicia de Puno, también se dirige contra los ministros del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez, respectivamente; el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Ángulo; y el presidente del Congreso, José Williams Zapata.
Los demandantes consideran que ellos son responsables de supuestos hechos lesivos que constituyen acciones que son una amenaza al derecho a la protesta y sostienen que las autoridades criminalizaron las manifestaciones y violaron derechos humanos, y denuncian que las fuerzas de seguridad presentan un comportamiento arbitrario.
También exigieron el cese de las detenciones en las manifestaciones y una investigación en esta materia contra los agentes militares y policiales.
Boluarte calificó a las nuevas protestas como “una amenaza a la democracia” y advirtió de que desde su Gobierno no lo van a permitir.
Télam