De 24 jurisdicciones solo cinco cuentan con una ley de financiamiento de partidos políticos: Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Mendoza.
La falta de regulaciones en las provincias dificulta las fiscalizaciones y un criterio unificado.
A nivel nacional existe una ley de financiamiento de partidos políticos. Pero, ¿qué sucede en las provincias y en los municipios con sus elecciones locales? ¿Quién controla la distribución del dinero que recibe cada sector?
La Ley 26.215 establece que los partidos políticos pueden financiar sus campañas con aportes públicos y privados.
En cuanto a los públicos, el Fondo Partidario Permanente, que depende del Ministerio del Interior, es el encargado de juntar y distribuir el dinero destinado a las campañas. Para recibir el beneficio, cada agrupación tiene que haber presentado sus balances ante el juez federal electoral.
En estas elecciones, el Gobierno dispuso más de $445 millones del Fondo para distribuir entre 49 agrupaciones nacionales y 548 provinciales.
Estos aportes tienen que ser destinados al financiamiento de capacitaciones para la función pública, el desenvolvimiento institucional y la formación de dirigentes e investigadores.
Aparte de los aportes públicos, están los privados que desde 2019 ya no se permiten realizar en efectivo para que sean trazables.
¿Quiénes pueden aportar en una campaña? Personas físicas y jurídicas hasta un máximo de $20.366.175. El límite de gasto es de $1.018.308.750 para un partido. Los controles de los gastos en campaña son posteriores a las elecciones.
¿Quién controla?
La Cámara Nacional Electoral (CNE) es la encargada de realizar los controles de las elecciones nacionales. La rendición de cuentas a los partidos políticos se solicita 30 días antes, en el caso de las PASO, y 60 días después en las elecciones generales. Si hay infracciones, se les aplican multas que quedan asentadas en un registro.
En el caso de las elecciones de gobernador, desde la CNE explicaron que es competencia de las autoridades electorales locales. “Si la elección no es simultánea, como ocurrió en Córdoba, no tenemos ninguna injerencia. Nosotros controlamos las provinciales solo cuando se hacen en simultaneidad”, indicaron.
En el caso de que las elecciones coincidan, explicaron que tampoco controlan las campañas locales porque no tienen una ley de financiamiento.
En ese sentido detallaron que si una alianza participa en los dos niveles, la Cámara puede pedir documentación de la campaña de gobernador, pero solo para verificar que no eludan límites en la presidencial.
“No hay una auditoría de las campañas locales por parte de la Justicia Federal, eso depende de las autoridades y la legislación provincial, que en general no tienen normas similares a la federal”, agregaron.
En nuestro país, de 24 jurisdicciones solo cinco cuentan con una ley de financiamiento de partidos políticos: Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Mendoza.
La inexistencia de regulaciones en las provincias genera que el control sobre los gastos de campaña no siga criterios unificados.
Desde la CNE remarcaron la necesidad de que las provincias adopten la Ley de Financiamiento de partidos politicos nacional o regulen al respecto.
En abril de este año, mediante un comunicado, la Cámara Nacional Electoral resaltó la necesidad de que los gobernadores coordinen esfuerzos para detectar y sancionar el uso de fondos provenientes del narcotráfico para el financiamiento de las campañas electorales.
En esta oportunidad, solicitaron a los jueces del país que informen sobre las causas por estos delitos, donde hay candidatos, funcionarios, autoridades o apoderados de partidos involucrados.
Además, señalaron la necesidad de contar con un régimen unificado de control patrimonial.
Desde la Cámara compartieron con algunas provincias el sistema informático que desarrollaron para que las agrupaciones políticas rindan cuentas.
Se realizaron varios convenios con el objetivo de que la autoridad electoral local lo realice, pero sin una legislación que respalde se hace difícil el cumplimiento.
Elecciones en Córdoba
En las elecciones a gobernadores provinciales e intendentes, los controles corren por cuenta de las provincias.
La falta de homogeneidad normativa también podría generar espacio para que los partidos políticos se financien con dinero no declarado o proveniente de actividades ilegales.
En el caso de Córdoba, que cuenta con la Ley de Financiamiento de Campañas, la Junta Electoral provincial es la encargada de controlar los gastos de los partidos políticos solo a nivel provincial de las elecciones a gobernadores. Los municipios, por su parte, controlan a nivel local.
“Los partidos tienen que presentar un informe previo de campaña 15 días antes y un informe final 60 días después de la elección. Contamos con un cuerpo de auditores electorales permanentes que brindan capacitaciones a los partidos políticos y están disponibles para consultas”, comentó María de los Ángeles Nallin de la Junta provincial.
En caso de encontrar irregularidades o infracciones, existen sanciones que el organismo puede determinar tanto a los partidos como a los responsables de campaña.
También aplican suspensión de aportes estatales, como en las elecciones anteriores de 2019 donde sancionaron al partido Política Abierta para la Integridad Social (P.A.I.S.) por no presentar el informe previo ni posterior.
El Poder Judicial está a cargo de los gastos de las boletas en Córdoba. En la provincia cuentan con boleta única. La Junta Electoral solo destina presupuesto a partidos políticos para avisos publicitarios.
Los informes que la Junta Electoral confecciona se publican en su página web. “Además del financiamiento de campañas, también controlamos los estados anuales patrimoniales de los partidos”, señaló Nallín.
Desde la Junta Electoral comentaron que cada municipio controla las campañas políticas en sus elecciones locales.
Un ejemplo es Carlos Paz, que en su Carta Orgánica Municipal en el Artículo 225 establece que los partidos políticos deben presentar sus gastos de campaña 30 días después de los comicios junto a un informe a la Junta Electoral Municipal, los mismos deben ser de acceso público.
En junio tuvieron elecciones y las rendiciones de gastos ya están publicadas.
Auditorías en CABA y Salta
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es la encargada de auditar los gastos de campañas, según el Artículo 18 de la Ley 268.
Los partidos políticos, alianzas y confederaciones deben entregar un informe detallado sobre ingresos y egresos 10 días antes de los comicios y una rendición final de cuentas 30 días después.
Este año se presentó recientemente el instructivo para que los partidos políticos rindan cuentas.
Durante 2021 la Auditoría porteña analizó los gastos de campaña de los candidatos a legisladores en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en las elecciones generales de ese mismo año, y observó que algunos partidos no presentaron el informe preliminar o el final, otros estaban incompletos y fueron pocos los que utilizaron la cuenta bancaria que debe crearse para estos fines.
Salta también cuenta con la Auditoría General de Salta para controlar los gastos de las campañas. En este caso rige la Ley provincial 7697, que en su Artículo 44 establece que los partidos deben presentar rendición de gastos cancelados dentro de los 30 días posteriores a la elección, ante el organismo de control.
Una vez hecho el análisis, el informe es enviado al Tribunal Electoral. En caso de infracción, el partido político puede perder aportes de la provincia por dos años.
¿Qué pasa con los municipios?
En algunas provincias, las autoridades municipales se encargan del control de los gastos de campaña de cada municipio. También hay distritos donde las autoridades provinciales son las responsables de dicha función como es el caso de Rawson en Chubut.
Chubut es una de las 19 jurisdicciones sin ley de financiamiento de partidos políticos. En este caso, quien se encarga del control de los gastos de campañas es la Junta Electoral Provincial, al revés que en Córdoba.
Desde Rawson, Bruno Gerardo Arias, presidente del Tribunal Electoral Municipal explicó que si bien tienen la facultad de realizar el control “no nos tomamos esas atribuciones porque preferimos dejárselas al Tribunal Electoral Provincial por una cuestión de organización relacionado a la cantidad de partidos”.
“La provincia del Chubut no cuenta con un Código Electoral Provincial propio, es decir, que en todas las actuaciones que se realizan, tanto de índole provincial o local, tenemos como guía o como matriz el Código Electoral Nacional más allá de las resoluciones que tal vez emita el Tribunal Electoral Provincial o las mismas que establezca el Tribunal Municipal”, informó Arias.
Con más de 2.000 municipios en Argentina, cada caso es un mundo y la forma de controlar los gastos de campaña en Argentina dista de ser homogénea y unificada en todo el territorio. Pero sobre todo, dista de ser clara.
¿Qué falta para mejorar el control de las campañas políticas?
Para Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, hace falta regular mejor el uso de recursos públicos en las campañas por parte de los candidatos.
“No se regula la utilización de bienes públicos, aviones o helicópteros, canales de comunicación oficiales, actos de gestión, cartelería, casas de gobierno e inauguraciones, en tiempos de campaña”, señaló.
En cuanto a lo que se registra de gastos, indicó que “no se declara la totalidad del dinero que entra a las campañas” y enumeró diferentes razones como “dinero ilícito, personas que aportan a varias campañas, aportantes que no quieren figurar ni que se los vincule”, entre otras.
En tanto, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señalaron que “sería deseable que las provincias legislen en la materia, la escasez de regulación atenta contra el derecho al voto informado”, mencionó Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas de CIPPEC.
Tchintian consideró que “todo lo que tiene que ver con el control entre dinero y política es complejo. Nuestra propuesta es hacer rendiciones durante la campaña. Hoy los controles son expost y cuando la justicia detecta los problemas los representantes ya fueron electos, hay algunos países donde se hace esto”.
“Es necesario que como ciudadanos sepamos quién financia a los distintos candidatos. No saber de donde provienen los fondos atenta contra el derecho del voto informado”, reflexionó la integrante de CIPPEC
Presupuesto: ¿cuánto cuestan las elecciones?
Además de lo que cada partido político destina a la campaña, las elecciones requieren de un gran presupuesto para ser llevadas a cabo.
Según un informe de Fundación Éforo el gasto destinado a partidos políticos y política electoral (GPPyE) pasó de $30.000 millones (0,04% del PBI) en 2007 a $50.360 millones en las siguientes elecciones (entre 0,05% y 0,08% del PBI). “Este incremento se explica sólo de forma parcial por la instauración de las PASO”, señala el documento.
Siguiendo el informe, una elección presidencial cuesta aproximadamente $47.523 millones y las de término unos $41.730 millones.
Del total de recursos, el 84% corresponden a salarios, pago al Correo Argentino y diversos tipos de transferencias al sector privado.
En los años sin elecciones también hay gastos, se destinan alrededor de $11.600 millones a actividades relacionadas a la política electoral.
El Auditor