Según pudo saber Ámbito, estos mismos diputados, -y habrá que sumar a la bancada de Pro-, ya enviaron su mensaje: quieren modificar los dos capítulos claves del paquete de leyes que empuja el Gobierno.
El presidente Javier Milei encarará los próximos días de gobierno con una renovada estrategia, si puede llamarse de esa forma a lo que evidenció hasta aquí.
Lo demuestra el sondeo que puso en marcha el presidente en las últimas horas para comprobar si los bloques dialoguistas de la oposición acompañarán, en la Cámara de Diputados, la nueva “Ley de Bases”. Todo parece indicar que así será. Buenas noticias.
Sin embargo, no será sin cambios. Según pudo saber Ámbito, estos mismos diputados, -y habrá que sumar a la bancada de Pro-, ya enviaron su mensaje: quieren modificar los dos capítulos claves del paquete de leyes que empuja el Gobierno.
Uno de ellos es el que refiere a la movilidad de los haberes jubi- latorios. El otro es el que vuelve a instalar la aplicación de Ganancias a los asalariados de la cuarta categoría, una porfía incluida en el “paquete fiscal”.
Con todo, la hipótesis que maneja esta columna es sencilla: el presidente ha decidido colgar su cuadro teórico anarco-capitalista con tintes mesiánicos, para dar lugar a otro, más terrenal, político y menos ortodoxo desde lo económico. Por supuesto, la clave será no concentrarse tanto en sus cruzadas twitteras ni imprecaciones incentivadas por sus eventuales entrevistadores y prestar atención a los desarrollos de las últimas horas.
Para que se entienda, no es apología de libertad. Mucho menos, un llamado al regreso de la violencia retórica. Tampoco una proclama al libre albedrío conceptual del dólar o la dolarización a ultranza, visto que el cepo continúa.
Pero habrá que pensar -rápido, en lo posible, si lo que amaneció como un grito de libertad mileísta, -el famoso “Viva la Libertad Carajo” (VVLC)-, no está transformándose en su propia y estrepitosa sombra, un pequeño demiurgo clase B, no reconocido, y criado al calor de la vergüenza libertaria que, a fuerza de achaques en el parlamento y las gobernaciones, jamás confesaría la necesidad de ceder al imperio del pragmatismo más básico.
Hay novedades: dólar, tasas y superávit
Los últimos días registraron otras buenas noticias para la Casa Rosada en el frente económico: una inflación de febrero por debajo de lo esperado, las compras en el MULC del BCRA que sumaron más de u$s 10.000 millones en la gestión y se registró el superávit financiero de las cuentas públicas en febrero por la continuidad de la motosierra.
Del otro lado, el rechazo del DNU mostró que los límites. De todas formas, las cotizaciones de los bonos “hard dollar” luego de conocida la noticia, no fueron golpeadas.
El Gobierno ha comenzado a influir en los precios y salarios de la economía. Y lo hace de una manera heterodoxa. Es una intervención informal, a fuerza de palabras, recomendaciones, incentivos retóricos, reunionismo puro.
Es una novedad. En materia de precios, y sacudido por los datos de las primeras dos semanas de marzo en alimentos, una suba en torno al 6,9% según LCG, el ministro Caputo viene de convocar a empresas de alimentos, supermercados y de hablarle a los empresarios la última semana en el Summit de la AmCham.
Allí, intentó un ejercicio inédito al señalar la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández, por generar expectativas tan negativas, que las empresas se vieron obligadas a remarcar de forma astronómica sus precios.
Nada tuvo que ver la devaluación de arranque – un salto del 118% para el dólar- ni la enorme ola de incrementos en los precios relativos.
Según pudo saberse, la idea fue bajarles línea -paren, muchachos- a aquellos a los que se les habilitó la desregulación del mercado, el libre juego de la oferta y la demanda. El ministro Luis Caputo ya había mantenido la misma “charla técnica” la última semana.
Esa conversación tuvo lugar con los 12 grupos empresarios que producen el 80% de los bienes que consumen los argentinos. Caputo protestó por las ofertas, el 2×1, 70% de descuento en la segunda unidad, etc., y pidió un sinceramiento de precios de las compañías para que los listados registren la baja y el Indec pueda anotarlo.
Insistió con esta temática vía Alejandro Fantino, este fin de semana, al retwittear un fragmento del periodista. En el silencio sepulcral de su despacho, seguro alguien del sector le explicó al ministro que, paradójicamente, las empresas incurren en ese tipo de ofertas para no bajar los precios y sumar algo de volumen a sus ventas.
Como se dará cuenta el lector, la preocupación del Gobierno no se centra en la suba del costo de vida (trepan servicios básicos, prepagas, colegios, transporte, etc.) sino en el dato, el índice, que, en la concepción de la Casa Rosada, esto pondría en peligro la idea de que “la inflación va descendiendo mes a mes, 25%, 20%, 15%…”. Importa más el índice que la inflación.
Una más de las últimas horas. La heterodoxia del ministro Caputo también llega a la revisión de los precios relativos.
Según trascendió, tanto Transporte como Energía (gas) podrían ser “administrados” y eventualmente postergados para que no impacten en las mediciones de marzo. Así, la forja monetaria reconoce sus límites bien marcados. Veremos.
Salarios y ajuste: un trabajo de pinzas
En materia de salarios pasa algo similar. El Gobierno apuesta a desindexar salarios y jubilaciones -en medio de un ciclón inflacionario- y para ello no sólo licúa los ingresos de los adultos mayores, sino también mete la cuchara en las negociaciones paritarias. El dato aquí es que 35% del ajuste que aplicó el Gobierno en febrero se lo debe a las jubilaciones y pensiones.
En esta línea, la heterodoxia también ha llegado a estas orillas. Aunque viene teniendo lugar hace ya algunos días, se volvió más intensa la intervención que se hace desde Economía con supuestos límites en esas negociaciones.
Vox populi, el Gobierno pone un techo del 19% para los acuerdos de enero, un 15% para febrero y un 12% para marzo, a pesar de la enorme tasa de inflación. Esa es la línea que bajan a la secretaría de Trabajo, una especie de salvoconducto informal, si el gremio en cuestión quiere zanjar la disputa sin demora.
Hay que tener presente que en los dos primeros meses del Gobierno, el salario real de los trabajadores registrados medidos por el RIPTE cayó un 20,7%.
En esta línea, una más: según publicó Ámbito, al menos una decena de sindicatos no cuenta con la homologación legal de sus acuerdos por aumentos de sueldo con empresas. De ese modo, Trabajo los priva de una herramienta clave para exigirlos.
Hay varias preguntas que se inscriben en este marco.
Una es por el DNU 70/2023 vigente, que ha derogado el sistema de regulaciones que gravitaba sobre cuestiones tan sensibles como los precios de los alimentos para el mercado doméstico, pero que no ha sido reemplazado por ninguna herramienta ni siquiera de monitoreo.
Otra es por la política del crawling peg del BCRA, que si bien apuesta a la estrategia del ancla cambiaria -devalúa 2% mensual- de todas formas, deberá recalcular pronto, puesto que el anclaje le quita rápida competitividad a la economía y podría desincentivar la liquidación de exportaciones por parte del agro.
¿Una nueva escalada del dólar presionará aún más los precios? ¿Y los salarios?
Ámbito.com