Después de 30 años de concesión privada, las centrales hidroeléctricas pasan transitoriamente a Enarsa.
Buscarán constituir una nueva empresa pública para la gestión.
A dos meses de que finalicen las concesiones que se extendieron durante 30 años, la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón, oficializó que la operación de cinco centrales hidroeléctricas volverá al Estado tras la privatización de los años noventa.
Según pudo averiguar Ámbito, las centrales pasarán a estar “transitoriamente” operadas por Energía Argentina (ex Enarsa). Pero lo que buscará el Gobierno es que se cree una nueva empresa estatal para la gestión, con el objetivo de constituir un fondo entre el Estado y las provincias para desarrollar nuevas centrales, aunque la operación y el mantenimiento podrían licitarse y que lo gestione un privado.
De momento, las definiciones del Ministerio de Economía repercuten en cuatro empresas que gestionan cinco centrales hidroeléctricas, de las cuales tres vencen el 11 de agosto, después de 30 años de gestión privada, y una el 29 de diciembre.
Ámbito consultó qué pasará con las concesiones que empiezan a vencer el año que viene: en junio del 2024 hay 3, en julio 1 y en octubre 2. “Quedará para el próximo Gobierno”, contestó una alta fuente de la Secretaría de Energía, ante la inminencia de las elecciones presidenciales de octubre.
Ante la consulta de por qué se decidió avanzar con el fin de las concesiones, cerca de Royón aseguraron: “En 30 años de gestión privada no hubo proyectos hidroeléctricos de envergadura, y Argentina necesita más centrales hidroeléctricas”.
Por ese motivo, en Economía anticiparon que Enarsa tomará el control “transitoriamente” de las represas. Pero luego le pedirán a su titular, Agustín Gerez, conformar una nueva empresa estatal para la gestión, en la que tengan participación las provincias.
Buscarán que exista un fondo en el que aporten Nación y Provincias para construir nuevas, con un porcentaje de la remuneración por el servicio. “Dan utilidad”, afirmaron desde Energía. De todos modos, la parte de operación y mantenimiento buscarán licitarla y que quede a cargo del sector privado, según pudo saber este diario.
Otro de los motivos tiene que ver con la transición energética, y así quedó expresado en la carta de Royón a Gerez. “La trascendencia de la generación hidráulica en la transición energética es fundamental, debido a que es una de las fuentes de energía renovable más confiable, flexible, de rápida respuesta frente a las fluctuaciones de la demanda y, en particular para estas centrales que ya han traspasado los límites de los plazos de amortización de las grandes inversiones iniciales, las de menor costo del sistema”, dice.
Las concesiones que pasan a manos de Enarsa son: Alicurá, de AES Alicurá S.A.; El Chocón, de ENEL Generación; Planicie y Banderita, de Orazul Energy; y Piedra del Águila, de Central Puerto. Esta última es la única que finaliza en diciembre, las otras en agosto. Estas represas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos que vencerán.
No se descartan polémicas con las empresas. Por ejemplo, en el caso de El Chocón, era el único proyecto de la italiana Enel que le interesaba conservar pese a retirarse de todos los negocios en Argentina.
La compañía, que estuvo en el centro de la escena por la gestión de la distribuidora Edesur, estaba interesada en conservar El Chocón debido a que buscan focalizarse a nivel mundial en energías renovables. Habían pedido un año de gracia en la gestión, una clausula que, aseguran, estaba en el contrato.
La disputa con el sector privado no será el único frente. La provincia de Neuquén rechazó la medida y anticipó que la judicializará por “inconstitucional”.
En el gobierno de Río Negro pidieron una reunión para avanzar con un “entendimiento”. Desde Economía aseguraron que, si bien los recursos son provinciales (el agua), la devolución de las concesiones debe ser restituida al Estado. “El ruido es por la remuneración”, explicaron fuentes oficiales.
El escrito de Energía a Enarsa pide textualmente que “adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales”.
Ambito