El GIEI aseguró que la desaparición de 43 estudiantes fue posible gracias a la complicidad de mandos militares con el narcotráfico.
La investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa ha estado plagada de mentiras, ocultamientos, obstáculos y contradicciones por parte del Ejército, denunció este martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al dar a conocer su sexto y último informe sobre el caso.
“El desafío fue monumental”, afirmó el médico español Carlos Martín Beristain, quien ofreció las conclusiones de su trabajo junto con la abogada colombiana Ana María Buitrago.
Ambos forman parte del GIEI, que comenzó a trabajar en 2014, y en el que también participan los abogados Alejandro Valencia, de Colombia; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; y Francisco Cox, de Chile.
“Es un momento de mucha emoción para todos”, reconoció Beristain al recordar que hace un mes se reunieron en Guerrero con los familiares de los jóvenes desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
“Había expectativas por lo que podía pasar y el peso de lo que está pasando. Compartimos las dificultades y doña Blanca nos dijo en nombre de familiares: ‘cuenten todo lo que sepan, no se queden con nada’, y eso es lo que hemos tratado de hacer”, explicó.
El informe, añadió, muestra los distintos niveles de implicación que tuvieron todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes, desde las policías municipales y estatales, hasta la federal y el Ejército.
“Se ha ocultado, se ha mentido, falta mucha información”, denunció el experto, quien citó como ejemplo los informes contradictorios del Ejército en torno al hallazgo de Julio César Mondragón, un estudiante que fue asesinado la misma noche de la tragedia.
“Ha habido información falsa, modificada y alterada”, agregó Buitrago, quien advirtió que una y otra vez diversas autoridades aseguraron que ni el Ejército ni la Policía Estatal habían tenido conocimiento de la persecución contra los estudiantes, lo que fue desmentido por cientos de llamadas, cuyo análisis se incluye en el reporte del GIEI.
Revelaciones
Beristain explicó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia) y el Ejército tuvieron un papel clave en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
“El Cisen hizo un seguimiento completo de las actividades de los chavos, pero de ese día solo hay dos informes, es raro. Además, el Cisen ha ocultado su papel en detenciones e interrogatorios (sobre el caso Ayotzinapa)”, señaló.
Con respecto al Ejército, se preguntó cómo fue posible que un crimen de este tipo se haya concretado en una ciudad pequeña y en la que muy cerca están instalados dos batallones militares.
“Hay dos cosas que lo explican: una primera condición es la colusión con el narcotráfico y la delincuencia organizada de mandos y miembros del 27 batallón de Iguala, también del 41”, acusó.
El segundo factor, agregó, es que los militares tenían una visión contrainsurgente de los jóvenes.
“Hay muchos documentos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) que los señala de ser parte de la guerrilla. Eso los estigmatiza, es una marca moral negativa, así que da igual lo que les pase”, explicó.
Sin la colusión de militares con el crimen organizado y la construcción de una imagen amenazante de los estudiantes, precisó, la desaparición probablemente no hubiera ocurrido.
Beristaian y Buitrago también revelaron que los militares han ido cambiando sus declaraciones con el paso del tiempo y que no han obedecido la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Sedena entregue todos los documentos relacionados con Ayotzinapa.
Además, el GIEI descubrió que la Marina manipuló pruebas, detuvo y torturó a varios acusados, con lo que se construyó la primera y falsa versión oficial.
Fue el Estado
Entre las falencias del caso, los expertos señalaron la fragmentación judicial, ya que hay 60 investigaciones judiciales abiertas, aunque debería ser una causa unificada.
“El ocultamiento y la negación de cosas obvias impiden conocer la verdad”, insistió Beristain, quien recordó que el GIEI volvió a México porque López Obrador prometió que se abrirían todos los archivos oficiales para dar con el paradero de los estudiantes, lo que no ocurrió.
“El riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable, duele investigar en estas condiciones en que la asistencia técnica se vuelve una carrera de obstáculos”, dijo.
También subrayó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia tienen un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad, por lo que obstaculizan la investigación.
Buitrago, por su parte, reiteró que el Estado y sus instituciones tienen el deber de buscar a los 43 estudiantes porque es un crimen que supone un cuestionamiento profundo para el futuro del país.
“Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, sea también parte de una conciencia, en México y en el mundo, de los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos. Gracias mamás, papás, familias”, expresó al borde de las lágrimas.
En respuesta, los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa que acudieron a la presentación corearon, como lo vienen haciendo hace ya casi nueve años: “Fue el Estado”.
¿Qué pasó?
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.
En ese momento, Peña Nieto llevaba apenas un año y diez meses como presidente y la campaña propagandística que lo vendía como “el reformador” de México era un éxito. Pero se vino abajo por completo con un crimen que tuvo amplia repercusión en todo el mundo.
Los jóvenes, que estudiaban en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, habían tomado camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la Ciudad de México, pero en la terminal de Iguala sufrieron un tiroteo que mutó en persecución.
En medio de la violencia y la confusión, los agresores acribillaron también un camión en el que viajaban miembros de un equipo de futbol conocido como ‘Los Avispones’.
La cacería continuó a lo largo de la madrugada con la participación de policías municipales, estatales, federales y el Ejército. El saldo fue de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Sólo dos meses después de la masacre, y en medio de la conmoción nacional e internacional que había desprestigiado por completo al Gobierno de Peña Nieto, el fiscal Jesús Murillo Karam aseguró que “la verdad histórica” era que algunos policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros Unidos, los cuales, a su vez, los mataron y quemaron sus restos en un basurero. Quería dar por cerrado el caso.
Sin embargo, los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las autoridades mentían porque no había pruebas de la incineración de cuerpos. En los años siguientes, se ratificó que la versión oficial era sólo una “mentira histórica”.
Desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una de sus prioridades sería esclarecer el caso Ayotzinapa, detener y castigar a los responsables, pero hasta ahora no lo ha logrado debido en gran parte a la resistencia del Ejército para entregar sus archivos sobre el caso.
Agencia RT