El Presidente incorporó a la Ley ómnibus un amplio abanico de iniciativas que van desde la derogación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel hasta una sorpresiva propuesta para modificar la composición de Diputados y fragmentar a la Argentina en muchos distritos electorales.
La refundación con la que sueña Javier Milei no solo ambiciona con reformas estructurales en materia económica sino también ataca al plano político.
En el proyecto de Ley ómnibus que se envió ayer al Congreso de la Nación, el Presidente incorporó un amplio abanico de iniciativas que van desde la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y hasta una sorpresiva propuesta para modificar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en circunscripciones.
Este último combo, en caso de aprobarse, reduciría el número de bancas y afectaría la cantidad de representantes de las provincias con menos habitantes.
“Estamos promoviendo una reforma profunda del sistema político para fortalecer la democracia y las instituciones”, se ufanan en Casa Rosada, a pesar de que saben que el trámite legislativo no será para nada sencillo y que despertará el enojo de los gobernadores de las provincias perjudicadas.
Cada una de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo tendrá un recorrido distinto. La eliminación de las Primarias, por ejemplo, acumula consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias y la discusión por la BUP iría directo al Senado porque ya tiene media sanción de Diputados.
Diferente es el panorama ante el nuevo modelo de circunscripciones uninominales y cambios en la conformación de la Cámara baja que incluye la ley ómnibus.
De diputados y circunscripciones
Uno de los puntos más controversiales de las reformas propuestas es el de disminuir el número de representantes de las provincias con menor densidad demográfica para beneficiar a las más pobladas.
Desde la ley Bignone de 1983, se otorga una banca cada 161.000 habitantes —o fracción no menor de 80.500—. En caso de modificarse, pasaría a ser una banca cada 180.000 —o fracción no menor de 90.000—.
Pero además se eliminarían los 3 diputados “extras” por distrito y el piso mínimo de 5 diputados por provincia.
Pasando en limpio, en primer lugar, se reduciría la cantidad de diputados de 257 a 254. Y, en segundo lugar, se achicaría al mínimo la representación de las provincias con menos habitantes: Tierra del Fuego, por ejemplo, pasaría de tener 5 diputados a 1 solo; Catamarca y Santa Cruz de 5 a 2.
En contraposición, la provincia de Buenos Aires aumentaría de 70 a 97 y Córdoba de 18 a 21. El distrito más afectado sería la Ciudad de Buenos Aires que desde 1996 tiene 25 bancas y bajaría a 17.
La otra gran polémica de la reforma es la división del país en 254 circunscripciones.El proyecto establece que cada uno de esos distritos envíe al Congreso a un representante.
Por ejemplo, según el censo 2022, Mendoza tendría 11 diputados y, por lo tanto, estaría dividida en 11 circunscripciones. En cada una de ellas se elegiría a un diputado.
En concreto, se reemplazaría el sistema d’hondt (de representación proporcional) por uno de circunscripciones uninominales, en el cual un candidato puede ganar por un voto.
De acuerdo al Gobierno, este modelo (importado de Estados Unidos) promueve una “mayor proximidad” entre el votante y el candidato, y brinda más relevancia a las agendas locales.
“Además se evita la lista sábana cerrada y bloqueada, con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas”, agregan.
Uno de los aspectos más cuestionados de este sistema es el diseño de los límites de cada circunscripción.
Específicamente, el hecho de que sea el Poder Ejecutivo el encargado de dividir los distritos electorales un año antes de los comicios.
“El problema acá es que el presidente puede dibujar el distrito de la manera que capture a la mayor cantidad de sus votantes o que divida a los votantes contrarios para neutralizarlos”, explica el politólogo Andy Tow.
Además, advierte que es una medida “contraria a la Constitución”, que establece para la Cámara de Diputados que las provincias y la Ciudad “se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado” (art.45). “O sea, son indivisibles”, aclara.
PASO y Boleta Única
La derogación de las PASO es el cambio que más aceptación encuentra en el Congreso. El objetivo del oficialismo es restituir el calendario electoral previo a la reforma de 2009.
Entre los múltiples fundamentos que esgrime la Casa Rosada está el ahorro fiscal —en las Primarias de 2023 se gastaron $9.250 millones de pesos—, la “revitalización del debate interno de los partidos” y que “la reducción de la apatía” del electorado a acudir a las urnas.
Respecto a la Boleta Única en Papel, Milei retoma un proyecto elaborado por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
En el Gobierno destacan que con esta medida se centraliza la impresión de boletas en el Ejecutivo “sin asignación de fondos a los partidos para ese fin”, que se reduce la cantidad de fiscales necesarios para “garantizar transparencia” y que se “agiliza” el escrutinio.
Financiamiento
Por último, el texto también fija reformas para el financiamiento de los partidos políticos. Se eliminan los topes de aportes de personas físicas y jurídicas, y los gastos para las campaña electorales.
Además se establece que los fondos recaudados “deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro miembros del partido, de los cuales dos deben ser presidente y tesorero”.
El argumento del Gobierno es que estas medidas, supuestamente, “sinceran y transparentan” el financiamiento.
Sebastián Cazón
Página/12