El funcionario más cercano a Horacio Rosatti y el exministro porteño fueron convocados por la comisión de Juicio Político después de escuchar a Silvina Batakis.
La exsecretaria de Provincias, que participó en audiencias entre Nación y Ciudad, reveló que Robles estuvo presente en esas audiencias reservadas y no quedó registrado en las actas.
El Frente de Todos oficializó la convocatoria con la que fantaseaba desde que comenzó el juicio político a los jueces de la Corte Suprema: el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, fueron convocados a comparecer en la comisión de Juicio Político el 1 de agosto para dar cuenta de las negociaciones en torno al fallo de coparticipación porteña.
La hipótesis del oficialismo es que la acordada que incrementó los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires fue negociada entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Corte Suprema a través de Silvio Robles.
La investigación, que comenzó hace dos semanas, hace foco en la relación existente entre Robles y D’Alessandro, quienes habían quedado expuestos cuando se filtraron sus chats a fines del año pasado.
La citación al exfuncionario porteño y al vocero de Rosatti se realizó en el marco de una nueva audiencia testimonial de la comisión que preside Carolina Gaillard, la segunda referida a la causal de coparticipación porteña.
Los últimos meses habían estado abocados al fallo del 2×1 a los genocidas –con eje en Carlos Rosenkrantz– y a las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial –con eje en Juan Carlos Maqueda–, llegando ahora a la causal que funcionó como disparador del juicio político.
El anuncio de la citación de D’Alessandro y Robles –a quien llaman, irónicamente, “el fantasma” o “el quinto cortesano”– venía palpitándose hace tiempo y se terminó de oficializar al fin del encuentro, luego de los testimonios de la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y fiscales de Estado provinciales.
En el FdT, sin embargo, no están del todo convencidos de que les verán las caras el 1 de agosto. “No creo que vengan, pero si se niegan podemos apelar para que los traigan con la fuerza pública”, deslizó un diputado kirchnerista.
Presencias fantasmagóricas y subibajas en la coparticipación
La reunión de comisión arrancó pasadas las 13 horas con la presencia de la presidenta del Banco Nación (y exministra de Economía antes del arribo de Sergio Massa), Silvina Batakis, quien había sido una de las representantes del gobierno nacional en el litigio que se abrió con la Ciudad cuando Alberto Fernández decretó, en 2020, la disminución de los fondos coparticipables porteños.
Esos fondos, sin embargo, habían sido originalmente triplicados por Mauricio Macri apenas llegó a la presidencia, beneficiando así al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta bajo el argumento del traspaso de la Policía.
“No hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué la gestión de Macri había llevado la coparticipación de 1,4 a 3,95 por ciento”, precisó Batakis.
Según reveló la exsecretaria de Provincias, el aumento de los fondos coparticipables establecido por Macri había sido tan grande que el presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad terminó superando al del propio Ministerio nacional.
Y, a su vez, recordó que por ese motivo el entonces ministro de Interior, Rogelio Frigerio, tuvo que terminar reduciendo de 3,95 a 3,50 el aumento de la coparticipación. “Ese decreto tampoco tuvo fundamentos técnicos”, agregó.
“Lo que hizo la gestión de Macri fue generar una nueva desigualdad respecto a las provincias”, aseguró Batakis, en línea con uno de los ejes de la causal de coparticipación (y el motivo por el cual parte de los gobernadores peronistas decidieron acompañar el juicio político contra la Corte): el ataque al “federalismo”.
Batakis, incluso, recordó que en los 90′ se había producido una ola de transferencia de funciones a las provincias y que, entonces, esa transferencia nunca había sido incluida en el régimen de coparticipación federal.
Robles presente, pero de incógnito
El eje más importante de la causal de coparticipación, sin embargo, es la que refiere a la supuesta “amistad” entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles.
El FdT denuncia la existencia de una connivencia entre el gobierno porteño y la Corte Suprema a través de Robles, por lo que el oficialismo aprovechó la presencia de Batakis para confirmar algo que sospechaba hace tiempo: que el vocero de Rosatti había participado de las audiencias de conciliación –reservadas solo para las partes– pero que, por algún motivo, su nombre nunca apareció en el acta oficial de la audiencia.
“Era una audiencia de carácter reservado donde íbamos a estar determinadas personas y no otras. Nosotros no pudimos ingresar a nuestra prensa. Por eso me llamó mucho la atención cuando me doy vuelta y lo veo (a Robles) sentado atrás suyo”, describió Batakis, a quien minutos antes habían hecho pararse para diagramar en un pizarrón la distribución de los lugares de todos los asistentes a la audiencia. Robles se ubicó, en el fondo, detrás de Rodríguez Larreta.
“Se trata de un oficial público cuya presencia no está presentada en el acta, lo que es una gravísima irregularidad. Lo que confirma la teoría que el único oficial de la Corte que participa de estas funciones es Silvio Robles”, cuestionó Leopoldo Moreau, quien era cada vez más interrumpido por los gritos de la oposición.
El griterío llegó a su punto máximo cuando Álvaro González (PRO) le consultó a Batakis si, en calidad de presidenta del Banco Nación, había recibido una notificación que le decía que tenía que cumplir con la acordada de la Corte (que hoy en día el gobierno nacional no está cumpliendo).
“Hay una medida cautelar”, recordó Gaillard mientras, en simultáneo, fuera de micrófono, Rodolfo Tailhade gritaba: “Hay una revocatoria”. “Una apelación no es una revocatoria”, le respondió Pablo Tonelli (PRO). “Prestá atención porque si no después tus alumnos no entienden nada. Yo me cambio de cátedra”, ironizó Tailhade.
Luego del testimonio de Batakis, fue el turno de los fiscales de Estado de la provincia de Santiago del Estero, Raúl César Abate, de Catamarca, Marcos Denett, de Santa Cruz, Fernando Tanarro, y el asesor General del Gobierno de La Rioja, Oscar Goyochea, quienes dieron cuenta de la forma que el fallo afectaba a su provincias y cuestionaron al Máximo Tribunal por no incluirlos como amicus curiae.
Página/12