El proyecto iniciado en diputados y presentado por Rocío Bonacci ingresó a la cámara baja este miércoles por la noche y ya fue girado por Martín Menem a las comisiones correspondientes.
El oficialismo presentó un proyecto para la derogación de la ley del aborto, donde incluso se plantea la punibilidad el aborto en casos de violación, y desde los distintos sectores del arco político rechazaron la iniciativa: “El contexto no da para esto”.
La derogación fue presentada este miércoles por la noche en la Cámara de Diputados y el presidente del recinto, Martín Menem, ya giró el texto a las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública.
El proyecto iniciado en diputados y presentado por Rocío Bonacci, que tiene como fin la derogación de la ley para el aborto seguro, legal y gratuito, cuenta con las firmas de Oscar Zago, Lilia Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit y Maria Fernanda Araujo.
”Entendemos que dicha ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y y (sic) que no contempla la dignidad de la persona humana, razones por la cuales corresponde promover su derogación”, argumentan en el documento.
Pocos apoyos y confusiones en las firmas: cómo impactó el proyecto en el arco político
Con el fracaso oficialista por la ley ómnibus todavía latente, el documento presentado en Diputados no contó con muchas adhesiones: incluso una de las firmantes del proyecto, Lilia Lemoine, negó haber dado su aval para figurar como co-autora.
“Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino”, dijo al medio Corta. “No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp (ejemplo) y otros personalmente… podían estar o no”, aclaró la autora Bonacci por la plataforma X (ex Twitter).
Margarita Stolbizer, integrante de Hacemos Coalición Federal, aclaró su defensa de “la vigencia e implementación de la Ley 27.610 porque protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres, frente a un Estado que todavía se pretende hacer más ausente”.
La diputada del PRO Silvia Lospennato, que había apoyado la generalidad de la ley ómnibus, realizó una rápida y tajante respuesta tras la publicación oficial del intento de derogación: “No”.
Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda, apuntó a La Libertad Avanza (LLA) y su intento de “usar a la reacción patriarcal”. “Se ve a diputados de La Libertad Avanza desesperados por volver a usar a la reacción patriarcal como elemento aglutinador, ahora, siendo gobierno y en medio de tarifazos, ajustes y una inflación desatada”, expresó a través de su cuenta oficial.
Qué dice el documento impulsado por los diputados de La Libertad Avanza
Entre los varios aspectos que señalan, mencionan que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una ”falsificación al llamar al acto que es, lisa e indubitablemente un aborto por lo que fue claramente la intención la de confundir a partir de un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento por ley de un derecho al aborto, mientras que se está realmente ante el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer”.
Continúan referenciando a la ciencia, explicando que: ”El comienzo de la vida humana hace tiempo que ha sido aclarada por la ciencia. En efecto, la genética moderna ha demostrado que desde el instante de la fecundación se forma un nuevo individuo de la especie humana, con carga cromosómica propia, característica que lo convierte en una entidad distinta a su madre”.
Más adelante en el documento, se refieren a los casos de abortos posteriores a una violación. El extenso párrafo describe: ”Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta”, y cierra su idea con la creencia de que ”no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”.
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