Pese a que cuando fue detenido, en 2018, la entonces ministra Patricia Bullrich presentó a Federico Marín como uno de los grandes narcos del país.
A él le habían concedido la detención domiciliaria, tras ingresarlo al programa de Protección de Testigos.
Como era de prever, en febrero pasado se fugó y este domingo murió en un aparente enfrentamiento con la Policía Federal.
En calidad de arrepentido, Marín había participado de una maniobra del gobierno de Mauricio Macri, que incluyó al falso abogado Marcelo D’Alessio, para ocupar un juzgado clave en Corrientes.
Terminó como era previsible: al narco Federico “Morenita” Marín lo acribillaron en la noche del domingo en el cruce de dos calles de Itatí, Corrientes.
Cuando lo detuvieron en 2018, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo presentó como el narco de narcos y dijo que era el más buscado del país.
Con ella coincidió el fiscal antidrogas Diego Iglesias, señalado como el hombre de la DEA estadounidense en la Argentina. Pese a semejante diagnóstico, el propio Iglesias lo aceptó como arrepentido, condición en la que declaró contra un juez y dos secretarios del juzgado de Itatí.
Un tiempo antes, el falso abogado Marcelo D’Alessio había aparecido en televisión diciendo: “Nosotros estamos investigando al juez (Carlos) Soto Dávila”.
Nunca se supo a quién se refería con “nosotros”. Lo cierto que el macrismo y Washington siempre quisieron tener gente propia en un juzgado que está sobre el Paraná, frente a Paraguay, y que además era el juzgado electoral de Corrientes.
A cambio de los servicios de “arrepentimiento” de Morenita, Iglesias convalidó una insólita prisión domiciliaria con el argumento de que el narco tenía hijos menores y padecía hemorroides. Marín cargaba con condenas por 20 años de prisión, tenía otros procesos en marcha y aún así lo mandaron a la casa.
Como señaló Página/12 en febrero de este año, el paso siguiente estaba cantado: Morenita adujo que iba al hospital al tratamiento de hemorroides y nunca más volvió.
Hasta que este domingo lo encontraron, otra vez en Itatí, y murió en un enfrentamiento con la Policía Federal. Todo el caso desnuda el negocio de los arrepentidos.
Según se informó a los medios de Corrientes, Morenita iba a visitar a su familia en Itatí este domingo. Lo hacía reiteradamente en su momento cuando estuvo prófugo, luego lo detuvieron con gran estruendo en 2018 y parece que también exhibía su carácter familiero desde febrero hasta este domingo. Supuestamente sacó una Bersa Thunder, calibre 9, se resistió, hirió a dos policías, que ya están fuera de peligro, y terminó muerto.
Ya se había enfrentado a tiros con la policía, con armas de gran calibre, antes de su detención durante el macrismo. De todas maneras, la Gendarmería quedó a cargo de los peritajes y la causa por la muerte la instruye el juez federal Juan Carlos Vallejos.
Una trama oscura
Como se sabe, la ley exige que la declaración de un arrepentido se registre en video, porque es una forma de verificar que no hubo un trato turbio. En el caso de Morenita, no hubo registro alguno.
También la ley exige que entregue a un jefe superior, algo imposible porque Marín era el supuesto jefe de una organización que le proveía drogas a Tucumán, Mendoza, Córdoba, Chaco, Santa Fe y la Villa Zabaleta en CABA. Y lo más asombroso es que, después, Morenita no fue al juicio contra el juez y los dos secretarios, Carlos Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, porque no aceptó enfrentarse con los abogados defensores de los funcionarios judiciales.
O sea, su carácter de arrepentido estaba invalidado por donde se lo mire.
Todo indica que a Marín lo aceptaron como arrepentido para sostener la acusación y quedarse con un juzgado apetecible. Tal es así que ya en 2018, el falso abogado Marcelo D’Alessio apareció en la televisión como un experto en narcotráfico y dijo “Nosotros venimos investigando Itatí desde hace dos años”.
Ya se conocen los vínculos de D’Alessio con Bullrich y con la Agencia Federal de Inteligencia, en tiempos de Mauricio Macri. O sea, D’Alessio jugó como parte del plan de apriete. Y no queda claro a quién se refería con “nosotros”, pero es evidente que venía del lado del macrismo.
El juzgado de Itatí era clave por dos aspectos:
– Soto Dávila era el juez electoral de Corrientes y no era dócil con Juntos por el Cambio. Más bien respondía a las autoridades provinciales.
– Es un juzgado de los que Estados Unidos considera estratégicos. Más de una vez, Washington sugirió la posibilidad de tener en la zona una unidad militar: en el Paraná, frente a Paraguay.
Muchos dicen que la movida consistía en lograr la vacancia en el juzgado y la idea era que, tras un supuesto triunfo del macrismo en 2019, colocar en ese cargo a alguien alineado con JxC y Estados Unidos. El problema luego fue que Macri no ganó en 2019.
En paralelo, Soto Dávila y los dos secretarios fueron condenados por supuestas coimas, en un fallo dividido, dos a uno. Y ahora hay un concurso para designar un nuevo juez.
El negocio de los arrepentidos
Entre todas las irregularidades del caso, la más grave es que a Morenita le dieron la prisión domiciliaria -con el visto bueno del fiscal Iglesias-, es decir que le facilitaron la fuga de febrero.
Quien lo explica mejor es Aníbal Ibarra, abogado de uno de los secretarios del juzgado. “Si a usted le dicen que el Chapo Guzmán es el narco más grande y peligroso, el más buscado del país, y luego le dan la prisión domiciliaria, es evidente que algo no encaja. Todo suena a que hubo un arreglo. Bueno, es exactamente lo que pasó con Marín. No hay nadie que pueda explicar por qué le dieron la prisión domiciliaria. No hay una sola persona que me pueda decir que existe un antecedente similar en la Argentina: que le hayan dado la domiciliaria a un narco condenado a 20 años de prisión y que tenía antecedentes de haber estado prófugo y haberse resistido con un rifle AK47 y una ametralladora Uzi. Ahora terminó acribillado y silenciaron con su muerte el arreglo que hicieron. Marín ya no contará cómo fue el arrepentimiento y cómo negoció”.
Raúl Kollmann
Página/12