El FMI demoró el cierre de un acuerdo que contemple la situación extraordinaria que causó la sequía y ahora opera como árbitro entre el oficialismo y la oposición de cara a las elecciones.
El resultado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional tendrá una incidencia directa en tramos definitorios de la campaña electoral.
Las trabas que el organismo puso hasta ahora para cerrar un acuerdo, a pesar de que existen circunstancias económicas excepcionales por la sequía, lo llevaron a jugar un papel clave en este momento político.
En el Gobierno comparan la dureza actual con la liviandad que exhibía hace cinco años para girar miles de millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri.
En septiembre de 2018 el FMI desembolsó 7000 millones de dólares después de la primera revisión del acuerdo, con la salvedad de que el gobierno de Juntos por el Cambio había incumplido todas las metas pactadas.
“Es el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario porque confiamos en la Argentina”, decía Christine Lagarde, como todo argumento, cuando aceptó ampliar el crédito de 45 mil millones a 57 mil millones de dólares a pesar de los incumplimientos.
“En 2018 los desembolsos pasan de 6000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para 2019 aumentan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares”, explicaba.
“Cabe consignar que dichos fondos ya no tienen carácter precautorio, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario”, aclaraba el ministro Nicolás Dujovne.
Ahora, en cambio, el FMI se resiste a dar un adelanto transitorio de los fondos para sostener el programa vigente, que recién contempla pagos de capital a partir de 2026.
“No puede haber habido tanta discrecionalidad e inconsistencias en aquel caso, sin ningún tipo de supervisión y hasta violación del estatuto del Fondo, porque se usaron las divisas para alimentar la fuga de capitales de la timba financiera, y ahora que hay un factor exógeno como la sequía se pongan tan puntillosos”, protestan en filas oficialistas.
Cuánto queda
“El Gobierno tiene fuertes incentivos a acordar en julio, dada la situación crítica de las reservas internacionales y los próximos vencimientos”, advierte un paper del ex director del Banco Central, Arnaldo Bocco, y el economista Pablo Wahren.
“Sin embargo, si las condiciones que pide el FMI son un mayor ajuste fiscal y una mayor devaluación, el incentivo se reduce y la negociación se endurece”, continúan, en una descripción del estado actual de la disputa.
Eso puede llevar la continuidad de las negociaciones hasta después de las PASO, con el riesgo de que se acrecienten las tensiones cambiarias y hasta se desate una corrida.
En cuanto a los desembolsos, hasta el momento la Argentina pagó el equivalente a 2606 millones de dólares que vencían en junio.
Lo hizo con DEGs (la “moneda” del FMI, compuesta por una canasta de la que forman parte el dólar, el euro, la libra, el yen y el renminbi o yuan chino) y yuanes. La devolución de ese dinero depende de la aprobación de la quinta revisión del acuerdo, que es la que está ahora en discusión.
A eso se suman los vencimientos por 2555 millones que el Gobierno anunció que pagará a fin de julio. Agosto arranca con obligaciones de pago por 730 millones en la primera semana.
En la city porteña todavía hay expectativas de que se cierre un acuerdo en las próximas dos semanas.
Entre los financistas se especula con una jugada de Massa, que estaría aprovechando para mostrarse duro frente al Fondo para captar votos del electorado kirchnerista, pero que en realidad tiene el acuerdo en el bolsillo y lo jugará como una carta a su favor más adelante.
Esa hipótesis empezó a hacer agua con la trepada de los dólares financieros de este viernes, con el blue pegando un salto hasta 522 pesos.
“Del resultado de las negociaciones con el FMI se desprenden escenarios económicos diversos, con diferentes implicancias políticas que pueden erosionar las chances electorales del oficialismo o abrir una oportunidad”, resumen Bocco y Wahren.
Tensar la cuerda
Ante las presiones del FMI, el Gobierno se abroqueló y decidió tensar la cuerda, posición que mantiene hasta el momento.
Esta actitud se verifica en el incumplimiento de tres de las cuatro condiciones que pretendió imponer el organismo en la cuarta revisión de las metas.
Allí dispuso que la Argentina debía acelerar la depreciación del tipo de cambio para acumular reservas e impulsar exportaciones, no intervenir en los mercados de dólares financieros y limitar las intervenciones del Banco Central en el mercado de bonos en pesos. Ninguno de esos puntos se respetó.
El único requisito en el que hubo voluntad para cumplir fue fijar una tasa de interés positiva.
“Una devaluación sin reservas es suicida. El Banco Central puede deslizar más rápido el tipo de cambio si tiene un stock de reservas que convenza al mercado de que podrá dominar la situación. Pero en el estado actual, devaluar sería una catástrofe”, enfatizan en el Gobierno.
También sostienen que en 2024 el flujo de divisas será distinto, porque se espera un superávit comercial record, en torno a los 20 mil millones de dólares, por los aportes de la energía, la minería y la agroindustria, y entonces se podrá achicar la brecha con los dólares financieros sin producir una devaluación abrupta.
Massa denunció que la oposición, por el contrario, opera políticamente ante el FMI para que empuje al país a una devaluación. “En el Fondo nos marcan qué poco patriotas son los de Juntos por el Cambio, que prefieren que la gente la pase mal con tal de ganar una elección”, acusó.
Escenarios
Los escenarios planteados en la relación con el FMI son básicamente tres. Así los describe el paper de los economistas citados anteriormente:
Acuerdo con condiciones: el FMI estaría exigiendo que el país se acerque a las metas, especialmente la fiscal, y acelere la devaluación del tipo de cambio.
Esto último iría en línea con las condiciones planteadas en la última revisión y se entiende en el marco del grueso incumplimiento de la meta de reservas. La conjunción de un ajuste fiscal con devaluación derivaría en mayor inflación, caída de salarios reales y menor actividad económica.
Acuerdo sin condiciones: un acuerdo en el que Argentina reciba un waiver (dispensa) por el incumplimiento de las metas, se flexibilicen las condiciones y se cumplan los desembolsos programados derivaría en un sostenimiento de las condiciones macroeconómicas actuales.
Es decir, un régimen de alta inflación, inestabilidad cambiaria y escasez de divisas para financiar el crecimiento económico. Pero aumentarían las chances de evitar una devaluación y una recesión profunda con relación al escenario anterior.
Acuerdo sin condiciones y adelanto de desembolsos: sería el mejor escenario en términos de corto plazo ya que permitiría dotar de estabilidad a los distintos tipos de cambio, contribuiría a desacelerar la inflación y a mejorar los salarios reales.
A su vez, si las condiciones son laxas, la actividad económica se vería favorecida por una mayor disponibilidad de divisas para financiar importaciones.
Sin acuerdo, las opciones son buscar apoyo de China para cubrir los vencimientos, pero con el riesgo de que aumenten las presiones del mercado por una devaluación, o directamente caer en default con el FMI, lo que probablemente desataría una situación de caos con el dólar.
En definitiva, el FMI está actuando como el árbitro de la campaña electoral.
David Cufré
Página/12