Tal cual habían acordado con Nicolás Posse y Guillermo Francos días pasados, se ocuparon de redactar los artículos que se sumarán a la ley de Bases.
Un día después de que las autoridades nacionales recibieran la visita de una delegación de la CGT, y casi al mismo tiempo en que la central obrera anunciara la realización de un nuevo paro nacional, el próximo 9 de mayo, un grupo de legisladores nacionales del radicalismo fue recibido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para entregarle su proyecto de reforma laboral.
Así lo habían acordado la semana pasada durante una reunión que mantuvieron con Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, ocasión en la cual se resolvió que ellos se encargaran de redactar los artículos que pudieran sumarse a la ley de Bases que comenzará a debatirse la próxima semana.
Vale recordar que la reforma laboral propuesta por el Gobierno se incluyó en el decreto 70/23, y fue una de las partes frenadas en la justicia.
Precisamente para que eso no sucediera, la UCR le propuso en su momento al oficialismo transformar ese mega decreto en varios proyectos de ley “espejo”. Así, la senadora Carolina Losada presentó un proyecto ene se sentido en la Cámara alta, y Martín Tetaz hizo lo propio en Diputados. Ahora van exclusivamente por la cuestión laboral.
Similitudes y diferencias con el mega DNU
De la reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, participaron los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y, Pamela Verasay.
También estuvieron presentes el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
En declaraciones formuladas al periodismo a la salida, el jefe del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, señaló que a juicio del partido centenario, de todas las reformas previstas, la más importante que necesita el país es la laboral.
“Y que además se diseñó mal y estaba trunca” en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, planteó. Por eso recordó que “insistimos desde el minuto uno en que era la oportunidad este nuevo tratamiento de la ley Bases que se incorpore el texto en la misma”.
“Nos pusimos a trabajar en el radicalismo de manera común, los dos bloques, y consensuamos una reforma que tiene sus semejanzas en las previstas en el DNU, pero también sus diferencias”, señaló el diputado cordobés, que entre las cuestiones coincidentes con el decreto que frenó la justicia señaló la ratificación de “una eliminación de las principales multas del empleo que encarecen y generan una gran litigiosidad; se ratifica una idea de la esencialidad de determinadas actividades, un equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho de determinadas prestaciones de servicios”.
También “se ratifica esta idea de poner límites a un avance gremial por sobre los derechos autónomos individuales de los trabajadores”, agregó el legislador cordobés, dejando claro que básicamente se ratifica buena parte del DNU.
Sobre las diferencias con el decreto emitido el pasado 20 de diciembre, De Loredo señaló que una de las centrales es que “creamos algo que sustituiría casi en forma analógica la idea de los cinco colaboradores que preveía el DNU”. Y ejemplificó: “Vos tenías cinco colaboradores que un comercio podía tener y que no iban a ser considerados como empleados independientes. Nosotros en esos casos creemos que hasta cinco empleados que tengan como piso mínimo un salario mínimo, vital y móvil, se le exime al empleador de pagar los aportes patronales. Entonces lo que procuramos con esto es bajar la litigiosidad, bajar carga, pero incentivar blanqueo”.
“Si vos me preguntás la diferencia conceptual para con la reforma en el DNU, que se repite en gran medida en nuestra propuesta, es que nosotros entendemos que se queda a mitad de camino con la incentivación de blanqueo. Por eso es que nosotros, si bien eliminamos casi la mitad de las multas, proponemos que exista una multa, que es la doble indemnización por trabajo en negro, eliminando todas las demás”, explicó el jefe del bloque de diputados radicales. Así las cosas, señaló que “cae mucho la carga indemnizatoria de las multas, pero una tiene que subsistir para que haya un incentivo de blanquear al personal”.
“Otra de las cosas que ratificamos es el sistema de seguro de desempleo que tiene un régimen como el de la UOCRA, pero ratificamos que sea por gremio, por actividad y forma voluntaria”, añadió.
Con relación al aporte sindical, aclaró De Loredo que ratificaron la idea de que sea voluntario, no obligatorio. “Sé que la CGT insiste con eso, bueno, nosotros insistimos que se tiene que quitar esa obligatoriedad”.
Y con relación a las esencialidades, también se hace un aporte desde el radicalismo de gradualizar la prestación necesaria de la oferta educativa.
De Loredo lo explicó así: “Que si hay un paro docente, las primeras 24 horas tienen que estar el 100% de las escuelas y los comedores escolares abiertos; pero la presencia de la oferta educativa va aumentando como obligatoria, dependiendo de la prolongación del paro”.
Con relación a la cuota solidaria, ante la resistencia de la CGT, se le preguntó si se podría sacar ese artículo, para que avance el resto de la reforma. “No va a ser por voluntad nuestra, si eso sucede”, respondió.
Detalles principales de la reforma
– Reducción de la carga fiscal sobre el empleo
Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.
– Libertad sindical
Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.
– Educación como servicio estratégico esencial:
Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
– Reducción de la litigiosidad
Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
– Mecanismos sustitutivos de indemnización
Establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
– Protección contra el despido por discriminación
Agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
– Registro laboral
Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
– Período de prueba
Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.
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