La Asociación Argentina de Magistrados y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia salió al cruce del proyecto de ley anunciado por el gobierno libertario.
Es el que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años, al que señaló como “una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana”, en un escenario donde el resto de las políticas públicas hacia las infancias sufren un rotundo retroceso.
La AJUNAF sostuvo que, “como ocurrió en 2017 y 2019, las más oscuras voces con miradas represivas y regresivas intentan contradecir la Constitución Nacional, en tanto la Convención de los Derechos del Niño integra nuestra Carta Magna (art. 75 inciso 22º)”.
Para la asociación, “una eventual reforma legislativa en materia penal juvenil no puede concebirse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que corresponden a la infancia y a la adolescencia, y sus grupos familiares”.
En ese sentido, recordó que “un importante número de adolescentes infractores a la ley penal son pobres”.
La entidad, presidida por César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, subrayó que “tampoco el Poder Ejecutivo Nacional ha dado a conocer las estadísticas aludidas en su anuncio oficial, que lo llevan a justificar su postura para la baja de la edad de punibilidad”, a pesar de lo cual “intenta mostrar que la baja de la edad de punibilidad tendría un impacto positivo para disminuir la inseguridad, cuando no se conoce información estadística de rigor que permita afirmar dicha relación de proporcionalidad”.
A la vez, consideró “necesario determinar y en forma absoluta cuál es el rol de la justicia juvenil” y aclaró que “la misma persigue la reintegración de las niñas, niños y adolescente a la sociedad, no busca el castigo como la justicia de adultos”.
La AJUNAF reiteró que “no debe bajarse la edad punible, sin perjuicio de creer en un futuro debate de una eventual reforma legislativa y judicial en materia penal para adolescentes punibles”, pero a partir del respeto de “los estándares internaciones y las recomendaciones del Comité del Niño (ONU), para lo cual corresponderá necesariamente una asignación presupuestaria suficiente para asegurar los recursos humanos y materiales que demandaría la implementación de una reforma”.
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