Verdad y transparencias en épocas de Macri

Hace unos pocos días, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a manifestar que, en noviembre de 2015, los argentinos votaron un cambio, que tenía y tiene que ver fundamentalmente con la verdad y con la trasparencia.

Esta manera de razonar coincide con lo expuesto por algunos de sus más entusiastas seguidores, que ponen como ejemplo, para avalar lo expuesto, la constitución por Macri de un fideicomiso al cual se lo ha denominado como “ciego”, en el cual nuestro presidente habría traspasado fiduciariamente las acciones que es titular en las empresas “4 Leguas SA”, “Agropecuaria del Guayquirao SA”, “Molino Arrocero SA” y “María Amina SA”, como así también su participación del fideicomiso “Inmobiliario Caminito”.

Sin embargo, y salvo que la Real Academia de la Lengua Española haya cambiado el significado de las palabras “verdad” y “transparencia”, la realidad no parece apoyar ni sostener tales manifestaciones, pues la aparición de los Panamá Papers, los primeros días del mes de abril, y la acabada demostración –ahora confirmada por su propia declaración jurada presentada a la Oficina Anticorrupción– de la participación de Mauricio Macri en la ilegítima actividad off shore, a través de compañías fantasmas y abultadas cuentas bancarias, parecen demostrar exactamente lo contrario y, al respecto, la delegación de la administración de su patrimonio en un fideicomiso, por más “ciego” que este fuera, nada aporta a la tan cacareada transparencia, que hoy brilla por su ausencia.

Ni bien se conoció el 3 de abril del corriente año, la activa participación empresaria del presidente de la República en las denominadas “cloacas fiscales” del mundo, sus más fieles seguidores, entre ellas la titular de la Oficina Anticorrupción, la inefable Laura Alonso, siguiendo las iniciales declaraciones de Mauricio Macri, negaron que ello constituyera delito alguno, sino que era un instrumento más para operar financieramente en el mundo, en especial cuando, como aquel declaró públicamente al día siguiente en los medios de mayor repercusión en el ámbito empresario nacional, su inclusión en la sociedad “Fleg Trading Ltd.” había sido un capricho de su padre, ocupando solo el cargo de “director ocasional”, en una sociedad que nunca había tenido actividad comercial.

Pero como las mentiras tienen patas cortas, esas afirmaciones no soportaron el menor de los análisis ni el paso del tiempo, pues la acabada demostración, durante las semanas siguientes, de que Mauricio Macri no solo tenía también activa participación en otras compañías constituidas en paraísos fiscales, sobre las que nunca dio la menor explicación (Kagemusha SA), sino que su afición por las compañías simuladas venía de antiguo (caso “Ophalsen”, del año 1995), sumado al hecho de que la sociedad “Fleg Trading Ltda.”, constituida en Bahamas, estaba muy lejos de ser una sociedad inactiva e improductiva, obligaron a Mauricio Macri, para ratificar los principios de transparencia que tanto predicó durante su campaña electoral, a hacer conocer a la comunidad la puesta en marcha de un “fideicomiso ciego” para que una empresa privada administre sus bienes mientras dure su mandato, denunciando, el día 8 de abril de 2014, ser propietario de bienes por la suma de 52 millones de pesos, según su última declaración jurada a esa fecha, suma que implicaba un 26 por ciento más de lo que había declarado en el año 2014.

El fideicomiso es una figura legal que fue muy resistida en la República Argentina, hasta el año 1995, cuando fue incorporada a nuestra legislación por la ley 24.441. Recordemos al respecto que fue en esa época cuando el fraude empresario estaba en su total apogeo, traducido en el uso indiscriminado de las sociedades off shore, la utilización de la “contabilidad creativa” en los estados contables de las principales compañías nacionales, las estafas corporativas a terceros y minorías accionarias, a través de la manipulación de los “aportes irrevocables “ y “resultados no asignados”, así como la incorporación a la legislación concursal de la dudosa figura del “cramdown” por la ley 24.522 de concursos y quiebras, también proveniente del derecho anglosajón, que por entonces se había convertido en el especial referente de nuestros legisladores nacionales.

Concretamente, el fideicomiso es un convenio por el cual una persona –fiduciante– transmite a otro la propiedad de ciertos bienes, obligándose el que lo recibe –fiduciario– a administrarlos bien y fielmente por cierto tiempo, al cabo del cual debe entregarlos a la persona indicada en el contrato, que puede ser el primer transmitente o un tercero, al cual la ley lo conoce como “beneficiario” o “fideicomisario”. La finalidad de este contrato, a diferencia del denominado “fideicomiso ciego” de Macri, no es exhibir la transparencia de la administración de un patrimonio particular, sino la creación de un patrimonio separado, tanto del patrimonio del fiduciante como del fiduciario, totalmente invulnerable respecto de las acciones que pudieran iniciar los acreedores particulares de uno y otro, quienes carecen de la posibilidad de embargar y ejecutar dichos bienes.

Este es el secreto y la finalidad del fideicomiso, y como toda figura legal, que tiende a restringir de alguna manera la responsabilidad patrimonial de una persona en el cumplimiento de sus obligaciones, el fideicomiso puede convertirse fácilmente en un instrumento de fraude, como ha acontecido en nuestro país, que pasó a ser la herramienta preferida de muchos dirigentes inescrupulosos y poco afectos a la transparencia y al cumplimiento de la ley, cuando la Inspección General de Justicia, a partir del año 2003 comenzó a combatir la radicación en la República Argentina de las sociedades off shore, a las cuales llegó expresamente a prohibir, a través de la Resolución General nº 7/2005, que actualmente rige, conforme lo dispone el artículo 218 de la Resolución 7/2015.

De manera tal que el contrato de fideicomiso , por mas “ciego” que se lo llame –en el sentido que en el convenio que nos ocupa, las partes se comprometieron a no comunicarse directa o indirectamente, cuestión realmente imposible de creer–, no constituye una herramienta susceptible de dar transparencia a la administración de ningún patrimonio, pues ello no dependerá del fiduciante, sino de la lealtad y diligencia del fiduciario que, en el caso particular, es una sociedad anónima, de carácter privado, que tendrá su cargo la administración de las acciones que Macri es titular y cuyo fundador, el Escribano General de la Nación, el notario Carlos Marcelo D´Alessio, responde directamente en su función oficial a la Presidencia de la Nación.

No parece entonces que este tan particular fideicomiso pueda ser ejemplo de transparencia alguna, en especial cuando, según sus cláusulas, el Presidente se reserva el derecho de “remover” a su administrador sin expresión de causa y mediante una simple notificación por escrito y en el mismo sentido, si bien se pactó en el aludido convenio que el fiduciario solo podrá vender o transferir los activos que impliquen conflicto de intereses para el Presidente de la Nación, estas decisiones deberán ser consultadas por el fiduciario con la Oficina Anticorrupción, que curiosamente encabeza Laura Alonso, esto es, la primera que salió a defender la participación de Macri en las empresas off shore, todo lo cual poco aporta a la credibilidad de este mecanismo y muy lejos se encuentra de ser un acabado ejemplo del concepto de transparencia, máxime cuando en su primera declaración jurada como Presidente de la Nación, Mauricio Macri reveló ser titular de una cuenta en Bahamas de 18 millones de pesos y ser propietario de un patrimonio que equivale a más del doble que como candidato, esto es, tener un patrimonio de 110 millones de pesos en lugar de 52, suma con la cual, pretendiendo dar un ejemplo de transparencia, creó un fideicomiso ciego hace menos de 50 días, ofendiendo, una vez más, la inteligencia de los habitantes de nuestra República Argentina.

Ricardo Augusto Nissen

Página12

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