1 de octubre de 2020

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Teléfonos pinchados, por Luis Bruschtein

El triple crimen de la efedrina se prestó para varias operaciones de inteligencia contra el gobierno kirchnerista. Una de ellas fue la acusación montada entre periodistas del Grupo Clarín y Elisa Carrió, para desgastar a Aníbal Fernández: el famoso mito de “la morsa”, el bigotudo que monitoreó el crimen.

Ya nadie discute que fue una mentira que influyó en la derrota electoral de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires.

Otra de esas operaciones fue hacer creer que Ibar Pérez Corradi, el acusado de ser el verdadero promotor del triple crimen, tenía información que comprometía al kirchnerismo con el narcotráfico. Estaba tan instalado lo del jefe de Gabinete, que esta derivación de la primera mentira era casi una deducción de sentido común. El gobierno K estaba implicado hasta las cejas con el narco según la idea que instaló gran parte de la corporación mediática que se resistía a la ley de medios y Elisa Carrió, a la que después de las elecciones nunca le interesó demostrar nada en la Justicia.

Tras estar prófugo varios años durante el gobierno anterior, Pérez Corradi negoció su entrega con el macrismo, si le garantizaban un trato benévolo a cambio de esa supuesta información que involucraba al kirchnerismo. El negocio se realizó, al punto de que ahora es un preso protegido en una cárcel especial de Gendarmería y finalmente será extraditado a los Estados Unidos, como quería.

Pero desde los primeros meses del 2016, el macrismo y el dispositivo mediático-judicial que lo respalda lograron instalar a Pérez Corradi  como la fuente inminente de grandes revelaciones sobre el kirchnerismo y trataron de aprovechar al máximo esa sensación en la opinión pública. Entonces se abrió una causa contra Oscar Parrilli, el último jefe de la SIDE durante el kirchnerismo, por el tiempo que había estado prófugo Pérez Corradi. En ese momento, la acusación sugería que el narco había tenido protección del kirchnerismo.

Lo que queda claro ahora es todo lo contrario: los servicios de inteligencia operaron siempre contra el kirchnerismo como parte de ese esquema mediático-judicial encargado de la persistente campaña de zapa en su contra. Los servicios de inteligencia supieron siempre dónde estaba Pérez Corradi y sólo lo entregaron a poco de asumir Mauricio Macri, en febrero de 2016.

Resultó que Pérez Corradi no tenía información comprometedora para el kirchnerismo. Por el contrario, se demostró que las acusaciones contra Aníbal Fernández habían sido una mentira electoral. Pero, como quería Pérez Corradi, su causa pasó al fuero federal que en diciembre del año pasado le dictó la falta de mérito por el triple crimen de General Rodríguez.

De todos modos, el anteúltimo acto de esta novela fue que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, concedió la extradición de Pérez Corradi a los Estados Unidos. Era lo que este hombre estaba buscando y lo que seguramente negoció con la DEA y la ex SIDE, actual AFI. La DEA lo estaba reclamando en Estados Unidos. Tanto la jueza Arroyo Salgado como Nisman están catalogados entre los funcionarios judiciales allegados a Antonio “Jaime” Stiuso y la SIDE, como suele ser la norma no escrita para una parte del Poder Judicial.

Lo más insólito es que al final los únicos denunciados con nombre y apellido por Pérez Corradi fueron el ex senador radical Ernesto Sanz y la propia jueza Arroyo Salgado, a los que acusó de haberle reclamado abultadas coimas. Curiosamente, como resaltó CFK en su denuncia, ningún funcionario judicial se preocupó por investigarlo.

El último acto de esta trama es protagonizado por el fiscal Guillermo Marijuan, que operó las escuchas a Parrilli y Cristina Kirchner; y el juez Ariel Lijo, que las avaló, aun cuando la presunción que las motivó (que Pérez Corradi tenía protección del kirchnerismo) se demostró absurda porque el kirchnerismo nunca controló los servicios de inteligencia que, en cambio, operaban en su contra. Tanto es así, que por esas escuchas insustanciales, Stiuso, el eterno jefe de espías, acaba de denunciar que Cristina Kirchner lo quiere asesinar.

Esta historia descorre el velo de operaciones sucias de difamación, ineficiencias y mezquindades. Se ha dicho que con Mauricio Macri es la primera vez que una derecha clara gana elecciones.

Eso no quiere decir que haya dejado atrás las prácticas de aquellos gobiernos de derecha que no llegaron por elecciones. El uso de la corporación de medios para difamar y demonizar a opositores fue una práctica de las dictaduras; la detención arbitraria de dirigentes sociales como Milagro Sala sin resguardo de las garantías individuales ha sido también una práctica de los gobiernos militares, y lo mismo con la represión violenta de protestas pacíficas como las de los mapuches y los manteros.

Pero esta historia, además de poner en evidencia esas zonas degradantes de la política, es una señal de alarma porque pone en evidencia el nivel de persecución y espionaje a la oposición que funcionarios judiciales pretenden naturalizar con la demonización del kirchnerismo.

Luis Bruschtein
Página12

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