7 de December de 2021

Pueblos indígenas, entre pobreza y conflictos ambientales

Las personas pertenecientes a pueblos indígenas y tribales tienen tres veces más posibilidades de vivir en la pobreza extrema que las personas no indígenas. En América Latina, los pueblos indígenas representan el 8% de la población regional, pero el 14% de los pobres.

Durante los últimos 20 años aumentó la visibilidad y participación política de los pueblos indígenas. Pero, cuando se los compara con el resto de los latinoamericanos, aún presentan peores indicadores en cuanto a salud, educación, trabajo y acceso a los servicios.

Una verdadera agenda de desarrollo sostenible debe incorporar a los pueblos indígenas y tribales en la toma de decisiones. También debe adaptarse culturalmente para incluir sus cosmovisiones, conocimientos, lenguas, formas de trabajo y relación con la tierra.

Por eso, para este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas pone el foco en “no dejar a nadie atrás”. El mundo necesita un nuevo contrato social que busque el bien común de las personas y la naturaleza. Sólo así habrá verdadera inclusión.

Los más vulnerables de la región

En América Latina viven unos 58 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas que hablan alrededor de 500 lenguas. Representan casi el 10% de la población de nuestros países. Su distribución en el territorio es desigual, y se calcula que el 50% vive en centros urbanos.

La mayor cantidad de pueblos indígenas habitan en Brasil (305), Colombia (102) y México (78). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que existen alrededor de 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario distribuidos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

Pero una cuestión es la diversidad de pueblos que habitan un territorio y otra es la cantidad de personas indígenas que viven en ese país. Más del 40% de la población de Bolivia y Guatemala es indígena. En el caso de Perú, es el 26%. México es el país latinoamericano con más población indígena: 27 millones de personas según datos de 2018.

CEPAL analizó los datos censales de Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Estos países cuentan con la información más reciente y concentran el 80% de la población indígena de América Latina. El objetivo era comparar el acceso al saneamiento y al agua potable, así como el hacinamiento en el hogar, condiciones claves durante la pandemia.

En total, más de 8 millones de personas indígenas tienen problemas para acceder al agua potable en su vivienda. 70% de la población indígena de Guatemala, 60% de Perú y 20% de México tiene un acceso limitado al saneamiento básico. En el caso de Colombia, la mitad de su población indígena no tiene acceso a ninguno de los dos servicios.

Además, estos indicadores son más altos entre la población indígena que entre los demás habitantes. Los mayores índices de pobreza se registran en áreas rurales y en territorios tradicionalmente ocupados por familias indígenas. Esta es una constante que se repite en toda América Latina.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y CEPAL analizaron en un estudio de 2018 los municipios más pobres de 14 países de nuestra región. Eligieron aquellos con mayores niveles de hambre y necesidades básicas insatisfechas, y encontraron que 47% de la población de esos municipios se autoidentificaba como indígena.

Otro informe, esta vez del Banco Mundial, demostró que la situación de los indígenas que viven en zonas urbanas (más del 50% de la población indígena de la región) también es problemática. 36% de ellos viven en barrios vulnerables, en condiciones inseguras e insalubres. El acceso al saneamiento y a la electricidad es un 18% y un 15% menor, respectivamente, que en el caso de la población no indígena.

Acceso a la tierra y criminalización de la protesta

Uno de los principales puntos de conflicto en América Latina es el derecho de acceso a la tierra. En los últimos años, la política económica de la región promovió el avance de empresas privadas sobre los recursos naturales, lo que dejó a los pueblos indígenas en una situación de desprotección y los sometió a nuevas amenazas ambientales.

Este proceso encuentra su correlato en el ámbito judicial a través de la criminalización de la protesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado las medidas de represión, judicialización arbitraria y estigmatización que sufren las comunidades indígenas cuando defienden sus derechos y sus territorios.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos (como Amnistía Internacional y Global Witness) también denunciaron la persecución y asesinato de líderes ambientales latinoamericanos. Entre 2015 y 2019, unos 232 líderes indígenas fueron asesinados en el marco de un conflicto territorial. En promedio, cuatro defensores indígenas son asesinados por mes en nuestros países.

CEPAL identificó más de 1.200 conflictos ambientales vigentes en América Latina que afectan a territorios de las comunidades indígenas. La mayoría son originados por proyectos mineros (43,5%), de hidrocarburos (20,2%), energéticos (18,8%), agrícolas y forestales (6,5%).

Hacia un nuevo contrato social

En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Es el único instrumento internacional legalmente vinculante que trata específicamente sobre los derechos de estos pueblos, y se considera una guía para su integración a nivel nacional.

El Convenio 169 se basa en el respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas. Reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, y también su derecho a decidir sus prioridades dentro de los procesos de desarrollo. Básicamente, establece la necesidad de que los pueblos indígenas participen en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

De los 22 países que ratificaron este convenio, 14 de ellos son latinoamericanos. Sin embargo, los pueblos indígenas de nuestra región todavía enfrentan situaciones de discriminación, falta de oportunidades y escasa participación en los procesos de desarrollo.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las Naciones Unidas instan a los estados a ratificar e implementar el Convenio 169 como base para un nuevo contrato social. “Este 9 de agosto”, dice en su sitio oficial, “debemos reivindicar su inclusión, participación y aprobación en la constitución de un sistema con beneficios sociales y económicos para todos”.

María Jagoe

América XXI