23 de septiembre de 2020

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Memoria no oficial por Juan Carlos Argüello

La ausencia es una declaración. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la memoria como al anterior. Y no se le pide eso. Pero al menos, algún gesto de comprensión del dolor ajeno. Por las ausencias que nadie discute, salvo los funcionarios macristas y algún que otro progresista rezagado.

En cambio, se elige la confrontación, la provocación. Sobran los diputados con un burdo cartelito que pide “nunca más a la interrupción” del orden democrático. Interrupción. Como apagar la luz. Como frenar el tránsito. Puro eufemismo. No hubo interrupción. Hubo un golpe de Estado. Sangriento. Voraz. Con miles de víctimas. Un plan sistemático para destruir conquistas sociales e imponer un modelo económico cuyos efectos perduran y se repiten en el ahora. Los derechos humanos no tienen dueño, dicen los diputados. Con un cartel de Cambiemos. Una contradicción tras otra.

El ministro de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirma el mismo 24 de marzo que el número de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar “fue una construcción”, pero “el ‘Nunca Más’ “indiscutible”, marca 8.500 personas” como víctimas del terrorismo de Estado. El Nunca Más no dice eso. Estima en 8.960 las personas que “continúan” en situación de desaparición forzosa al momento en que se entregó el informe, el 20 de septiembre de 1984, a menos de un año del fin de la dictadura. “Esa cifra no puede considerarse definitiva”, aclara la Conadep.

Pero Avruj va por más. “No procesamos todo lo que pasó en la dictadura porque la política metió mucho la cola“. La política. Un funcionario político desdeña la política. Casi como la vicepresidenta Gabriela Michetti, que pide, por las dudas, suspender –que sí es sinónimo de interrumpir-, las elecciones de medio término.

El año pasado, el presidente Mauricio Macri lo tuvo más liviano, al acompañar a Barack Obama a recorrer el Parque de la Memoria. Ahora se fue a Holanda.

Los gestos del Gobierno y de sus representantes son innecesarios. Nadie les pide que sean lo que no son. Pero quienes llegaron para cerrar la grieta, no hacen más que profundizarla. En la calle, miles de argentinos en todo el país volvieron a refrescar la Memoria, que va mucho más allá de la violencia de los militares. La dictadura puso en marcha un proceso de concentración económica cuyos efectos perduran hasta hoy. Muchos grandes grupos se hicieron fuertes en negocios con el Estado, obra pública o la estatización de la deuda. Socma, la empresa de la familia presidencial, no está fuera de esa lista.

“Hay que hablar de responsabilidad empresaria y no de complicidad con la Dictadura”, advierten las investigadoras Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda. Rastrearon pruebas de cómo las empresas aportaron logística, medios, recursos y cuadros a los mandos del gobierno. Un compromiso mucho más allá de la “complicidad”. El caso emblemático es José Alfredo Martínez de Hoz, de directivo de Acindar a ministro de Economía. Pero hubo una enorme cantidad de firmas que escalaron posiciones y se expandieron hasta posiciones oligopólicas gracias la sintonía fina con la dictadura. Esos efectos perduran hasta hoy. El mismo modelo económico de la Dictadura volvió con fuerza durante los 90 y está más vigente que nunca. El negocio de los derechos humanos, que cuestiona el oficialismo, tiene su contracara potente aunque invisible.

Poner un manto de olvido, pretende ocultar que la historia se repite. Entonces, como ahora, lo que estuvo en juego es un modelo económico en el que pocos ganan y muchos sobran. La dictadura endeudó al país en 45 mil millones de dólares –más la estatización de la deuda privada-, en un record que se rompió en el primer año de Cambiemos: durante 2016 Argentina emitió deuda por más de 50 mil millones de dólares, a una tasa promedio mayor que el resto de los países de Latinoamérica y en una vorágine que no se detiene. Ahora se emitirá deuda hasta en francos suizos.

Pese a que la deuda se tomó para “reestructurar” vencimientos y achicar el déficit, el déficit creció en comparación con la última etapa del kirchnerismo. Para controlar la sangría, la receta es idéntica a la usada en los 90. El ajuste. En esa palabra puede resumirse el acuerdo impulsado por Nación para un nuevo “pacto fiscal” que obligará a las provincias a achicar sus gastos de acuerdo a la inflación oficial.

Las recetas que emanan de los economistas de Cambiemos no tienen demasiados resultados positivos para exhibir. Los datos oficiales son contundentes. La economía se contrajo 2,3 por ciento en relación a 2015, cuando había crecido 2,6 por ciento.

Lo peor es que no hay repunte a la vista. En febrero volvió a retroceder 2,3 por ciento y 1,4 por ciento si se compara el bimestre. La actividad industrial sufrió una caída del 9,5 por ciento en febrero, según FIEL, una de las más fervorosas consultoras ortodoxas.  

La lluvia de inversiones prometida se convirtió en una angustiante sequía. La inversión, cayó 7,7 puntos en el último trimestre de 2016 y finalizó con una baja de 5,5 en el acumulado del año.

Solo algunos sectores concentrados de la economía celebran el cambio. Pero otros, sufren horrores. Cerró Moño Azul, tradicional firma de frutas. Sancor está a punto de despedir mil trabajadores. Puma bajó las persianas de sus fábricas porque no puede competir con la importación. La producción de las economías regionales sufre por igual en todo el país.

La yerba mate, que durante los años de plomo fue testigo de la persecución de productores y una enorme concentración, vuelve ahora a sufrir por los bajos precios, lo mismo que ocurrió en los 90. Solo el enorme esfuerzo del Gobierno provincial logró ponerle fin a una protesta que se extendió por casi dos semanas con los productores reclamando medidas de fondo al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

La Provincia decidió volcar 200 millones de pesos para que pequeños secaderos y cooperativas compren la yerba al precio oficial, mientras que el INYM, a regañadientes, se hará cargo de los intereses financieros de las operatorias bancarias. El desdén con que la Nación trató la problemática yerbatera quedó en evidencia cuando el secretario de Agricultura, Santiago Hardie pegó el faltazo a una reunión cumbre, cuando los ánimos ya estaban caldeados. La excusa fue no haber conseguido pasajes de avión para llegar hasta Misiones.

El levantamiento de la protesta se logró después de que el INYM se comprometiera a mejorar la fiscalización y el establecimiento de cupos de cosecha y de nuevas plantaciones. No fue el mejor acuerdo, pero fue el acuerdo posible. No debe pensarse que las soluciones ya están logradas, sino que es un paso hacia ellas.

Uno de los avances del acuerdo es que la cupificación de cosecha alcanzará solo a quienes tengan más de 25 hectáreas. De este modo, se protege al pequeño productor, que es el más afectado por la suba de costos. Los productores, de todos modos, siguen en estado de alerta y es casi un hecho que volverán a paralizar la cosecha mañana, al menos en la zona norte, ya que no hay ninguna garantía de los secaderos de pagar el precio oficial.

Las industrias misioneras aceptaron las condiciones del acuerdo, pero también reclaman que se controle a las empresas extrafronteras, que, con su volumen de compra, rompen el mercado, tirando los precios hacia abajo y generando una competencia desleal.

Los datos oficiales –escondidos bajo siete llaves- revelan que la industria misionera perdió terreno ante Corrientes y especialmente ante Molinos, que compra yerba y la cola a bajo precio en los supermercados del país. Hace algunos años, la porción misionera del mercado era del 82 por ciento. Hoy llega al 63. Molinos pasó en el mismo tiempo de vender 800 mil kilos a dos millones de kilos mensuales.

“Los molinos extraprovinciales no tienen compromiso con Misiones ni con su problemática social. Venden la materia prima y no rinden cuenta a los misioneros y no le importa el productor. Los misioneros no solo estamos obligados a cumplir con la ley, sino que ayudamos a los productores a quienes conocemos desde siempre”, señaló un ejecutivo de una yerbatera misionera.

Rosamonte, una de las principales firmas misioneras, que cumple con el precio oficial a rajatabla, vende 2,5 millones de kilos menos, lo que significa una pérdida de ingresos para Misiones de 60 millones de pesos.

Es decir, la solución de fondo no se alcanzó. Pero se hizo evidente que el Gobierno de Misiones fue el más interesado en hallar una salida al conflicto. Es lógico. La problemática social se vive en la tierra colorada, donde producen miles de pequeños productores, que dan trabajo a una enorme masa de trabajadores rurales que en Corrientes, donde la producción está concentrada, no son necesarios.

La Nación deslizó un compromiso de mejorar los controles en los supermercados y grandes distribuidoras, para evitar una cartelización de precios y competencia desleal. También reconoció que los controles realizados por el INYM son como mínimo ineficientes. Pero ya se anticipa que el laudo que debe conocerse en los próximos días, no estará a la altura de las expectativas de los productores y tomará como parámetro, la inflación oficial. Es decir, que no debe esperarse que el nuevo precio sea superior a los seis pesos.

No fue el único conflicto desactivado en la semana. La protesta de un sector del sindicalismo docente pasó casi sin pena ni gloria con un nulo respaldo de los educadores. Los popes sindicales, que fueron candidatos de Cambiemos en las últimas elecciones, no lograron juntar a más de cien docentes en un acampe en la plaza 9 de Julio. A las pocas horas se tuvieron que ir ante la escasa repercusión de sus quejas, que contrastó con la enorme movilización en Buenos Aires que congregó a docentes de todo el país en reclamo de paritarias federales.

Los referentes del Frente Unido de Trabajadores de la Educación -conformado por ocho sindicatos- tienen problemas para plantear sus reivindicaciones. Con varios referentes como candidatos de la alianza Cambiemos, como Beto Pighin y Mariana Lescafette, reclaman en Misiones romper el techo salarial que impuso Macri. Como los diputados radicales, no confían en la inflación estimada por el propio Gobierno nacional.

Peor aún, en la maraña de planteos, hasta se opusieron a uno de los principales acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo docente: la titularización de cinco mil educadores. Por oponerse al Gobierno, ponen en cuestionamiento que cinco mil docentes accedan a un cargo como titular.

Sin embargo, el fracaso se hizo evidente. Carlos Lezcano, un referente del autodenominado Movimiento “Pedagógico” de Liberación, admitió que “la gran mayoría de las escuelas trabajó con normalidad”. “Hemos sentido que el acompañamiento no es el que uno necesita. Uno no puede ser mártir y que ocho o diez terminemos en la agonía”, reconoció el sindicalista. Ocho o diez no es un número exagerado. Y es mínimo en comparación con los miles de docentes que cuestionaron al Gobierno nacional, que, para justificar el ajuste, estigmatiza a la educación pública, como generadora de baja calidad educativa.

No fue casual la presentación de los resultados del operativo Aprender en medio de la protesta docente. Y los datos dados a conocer, son malos. Pero no exclusivos de la escuela pública. De hecho, pedagogos consultados por Economis, advierten que una generalización es peligrosa. Sencillamente, hay más alumnos en las escuelas públicas que en las privadas –en Misiones, donde no hay educación exclusivamente privada, la relación es 75 a 25-. Por lo tanto, porcentualmente en las escuelas públicas será mayor el porcentaje de resultados negativos o positivos. Pero también se hallan en la escuela privada. Y otro elemento central: la calidad educativa depende del contexto socioeconómico del alumno. No es lo mismo un chico del oriente misionero –donde se registraron los peores resultados- que uno nacido y criado en un barrio de Capital Federal.

Con la pobreza en crecimiento, es muy difícil que los resultados sean mejores el año que viene. Sin embargo, en Misiones, donde la educación está a la cabeza de las prioridades con una asignación de recursos de varios miles de millones de pesos en los últimos años, los resultados han mejorado en comparación con los últimos datos del Operativo Nacional de Evaluación, de 2013. El camino es arduo. Pero los frutos se recogen con más y no menos inversión.

El gobernador Hugo Passalacqua tiene como prioridad sostener el empleo. Por eso, la mirada está puesta en mantener la economía misionera. En las últimas horas se conoció el impacto del tarifazo aplicado por la Nación en el consumo eléctrico. En Misiones las facturas residenciales tendrán aumentos del 60 por ciento, pero se subsidiará el consumo de las empresas, ya agobiadas por la crisis de bajas ventas y las asimetrías con Paraguay. El objetivo es que no se pierdan puestos de trabajo.

La preocupación no es menor. El año pasado se perdieron más de dos mil empleos formales en Posadas, donde además el costo de vida es más alto que el promedio del Indec.

El empeño puesto en preservar las fuentes laborales ha sido reconocido por el sector empresario, donde muchos dirigentes se jugaron por el cambio en las elecciones pasadas. Por lo bajo, admiten haberse equivocado y reconocen que esperaban más que promesas de cambio. Otros, más memoriosos, advierten que el comercio hasta 2015 tuvo un crecimiento exponencial. Hoy, en cambio, el centro posadeño ofrece un paisaje distinto. Decenas de carteles de alquiler en oficinas y locales. Son pocos los que pueden pagar los costosos alquileres y prefieren correrse más lejos para poder tener un margen de ganancia aceptable. Incluso, más allá de las cuatro avenidas, hasta hace poco despreciadas por el gran público.

En la Renovación advierten que más allá de garantizar la gobernabilidad, en el tiempo electoral, habrá que hacer notar ese contraste.

Juan Carlos Argüello

Economis

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