24 de septiembre de 2020

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Martín Becerra: “Es muy empobrecedora la mirada del gobierno sobre el periodismo independiente”

A menos de un mes de asumir como presidente, Mauricio Macri ordenó la intervención de los organismos de aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, Afsca y Aftic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días después, mediante un decreto de necesidad y urgencia (267/15), los disolvió y unificó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Desde ese momento el organismo funciona con un directorio de cuatro miembros: un presidente (Miguel de Godoy) y tres directores (Alejandro Pereyra, Heber Martínez y Silvana Giudici). Todos fueron nombrados por el Poder Ejecutivo y son el número necesario para obtener quórum.

Hace unos días la Comisión de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual propuso a dos integrantes, de acuerdo a la conformación parlamentaria, para que se sumen a ese directorio: Miguel Giubergia por Cambiemos y Claudio Ambrosini por el Frente Renovador. El Frente para la Victoria decidió dejar vacante su lugar en señal de rechazo al decreto, que también establece que todos los directores del Enacom pueden ser removidos “sin expresión de causa” por el presidente de la Nación.

El mismo decreto 267/15 modificó ambas normas sancionadas por el Congreso en 2009 y 2014 y estableció la creación de una comisión coordinada por Giudici que debe elaborar un anteproyecto de ley de comunicaciones que las unifique.

Martín Becerra es doctor en comunicación, investigador independiente del Conicet, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes y escribió, entre otros libros, De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina. En esta entrevista analiza el escenario de regulación de medios que se está construyendo desde el gobierno nacional, cómo afecta esta coyuntura a los medios alternativos y populares y a los trabajadores de prensa, y revisa la política comunicacional de los últimos años.

 – ¿Había necesidad y urgencia en modificar esta normativa?
 – Lo de la necesidad es subjetivo. Urgencia no había, de hecho algunas de las modificaciones que hicieron no necesitaban de la realización de un decreto como el 267. Ya habían intervenido los órganos de aplicación de las leyes. Había una intervención que dependía exclusivamente del presidente y a partir de la cual podían desarrollar algunas resoluciones que fuesen necesarias, vistas desde la necesidad de funcionamiento de estas actividades.

A menos que entendamos la necesidad no como de interés publico sino de interés corporativo de algunos actores industriales de estas actividades, que sí necesitaban la intervención estatal, para que pusieran fin a los procesos de adecuación espantosamente gestionados por el kirchenrismo. Otra necesidad que les resultó muy conveniente fue la prorroga de todas las licencias de radio y televisión.
 
 – Una de las primeras medidas del Enacom fue la de archivar los planes de adecuación anteriores…
 – Claro, porque al elevar los límites de concentración deviene en abstracto todo proceso de adecuación, ya que era una adecuación a los límites de concentración establecidos por la LSCA. En algún caso retocados por ley de telecomunicaciones pero todos los límites fueron elevados por el DNU. En lo que hace a medios de televisión abierta y de radio, los límites fueron elevados de 10 a 15 a nivel nacional. En TV por cable fueron eliminados lisa y llanamente al considerar a la TV por cable un servicio de telecomunicaciones.

 – Hay un concepto clave para el gobierno cuando habla de las modificaciones a la normativa en medios que es la convergencia. ¿Cómo se puede regular la convergencia?
 – Definir la convergencia es difícil porque hay muchas definiciones posibles. La consigna que parece manejar el gobierno es que todos pueden hacer todo. Esto significa eliminar barreras regulatorias para que la tecnología pueda indistintamente distribuir servicios audiovisuales, de telecomunicaciones o de internet.

Si esa es la definición de convergencia que toma el gobierno ya tiene incoherencias porque a su vez mantiene la prohibición para que el operador de TV satelital no pueda hacer nada más que TV satelital. Esto es: no puede operar canales de televisión abierta o de radio. Ya empezamos mal porque el gobierno plantea un eslogan de todos pueden hacer todo pero a las telefónicas no les permiten dar televisión por cable. Ese slogan no funciona en un país como la Argentina y el Estado necesita tomar recaudos.

En la práctica, el Estado conducido por el macrismo apoya a algunos intereses y no defiende a otros. El gobierno tiene una visión futurista que comparte una mirada muy mercantil y adscripta al interés de los autores industriales del mercado y ahí entonces faltan otras miradas. El gobierno parte de la hipótesis de que todo va a funcionar sobre IP (internet) y entonces carece de sentido regular los medios audiovisuales con la intensidad con los que los regulaba la ley de servicios de comunicación audiovisual y como también se hace en otras partes del mundo.

Para el gobierno esto es fruto del pasado, es anacrónico y hay un mundo que depende de Internet. Todo esto es muy lindo pero se desconoce de esta manera el uso de los medios hoy y compra una hipótesis como si fuera una constatación cuando el propio gobierno prorrogó licencias audiovisuales. Si esas licencias valiesen tan poco, y fuesen del mundo anacrónico que ya hemos sepultado, no veo cual es el esfuerzo para dictar un DNU para prorrogar por 15 años las licencias audiovisuales porque son 5, más opción a otros 10.

Como ironía lo que les digo es: “Yo te cambio mi blog por la licencia de canal 13 o le digo a Telefónica tomá mi blog y dame la licencia de Telefé”. Hay un problema de irresponsabilidad conceptual, y ya no política, que es pensar que un nuevo salto tecnológico, la digitalización, barre con todo. Ningún salto tecnológico en la historia de la comunicación barrió con lo previo sino que recolocó las funciones sociales, los vínculos que establecemos a partir de esos medios pero no fue borrado de plano lo previo.

 – Se está trabajando sobre dos normas discutidas y elaboradas en los últimos años de democracia, ¿qué crees que se puede retomar de esas normas?
 – De la LSCA hay algunos puntos centrales en los que en la Argentina no estamos tan lejos unos de otros. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho que tienen las organizaciones sin fines de lucro a acceder a licencias de radio y televisión.

Ese derecho, que fue reconocido por primera vez de manera integral en la ley sancionada en 2009, no está siendo discutido por el gobierno sino que el mismo Enacom y la comisión que trabaja en el anteproyecto de ley se han dedicado a enunciar que es uno de los principios que procuran mantener. Que los medios del Estado tienen que ser públicos y no gubernamentales nunca se cumplió.

Está escrito en la ley de 2009 y el gobierno dice que es uno de sus principios fundamentales. Una cosa es la cuestión regulatoria normativa, sobre la que el gobierno dice que va a presentar una ley que va a respetar estos ítems. Si los respeta, significa toda una novedad para un sector político de derecha o de centroderecha. La derecha o centroderecha brasilera no reconoce este derecho, lo que quiere es criminalizar a los radioemisores comunitarios. En Chile se quiere que los comunitarios no tengan publicidad y que tengan una potencia minúscula en una extensión geográfica de un barrio.

 – Este proceso de construcción de un nuevo marco regulatorio se da al compás de modificaciones en el mercado con un nuevo esquema de concentración. Entonces, ¿este marco regulatorio nuevo no llegaría un poco tarde para regular la concentración?
 – Cualquier marco regulatorio llega en una situación dada. El problema es que la situación, en este caso, está dada por decretos y por un órgano de aplicación que contraviene los estándares del sistema interamericano de derechos humanos porque es un órgano absolutamente colonizado por el gobierno de turno. En ese sentido carece de autonomía, de independencia, de representatividad social y geográfica porque tampoco están allí las provincias. Es lo más unitario que se ha visto.
 
 – En ese aspecto, ¿no hay diferencias con AFSCA?
 – Hay una diferencia con el diseño institucional que tenía Afsca. Muchos aspectos muy críticos durante el kirchnerismo fueron que a pesar del diseño institucional de la ley propuesta e impulsada, lo manejaron como si fuera una dependencia más de la Casa Rosada. El problema de este gobierno es distinto. No es un problema de incoherencia, más bien diría que es muy coherente con la idea de proyectar como el interés estatal los intereses que son particulares de grandes corporaciones del sector. Para eso necesitó colonizar y gubernamentalizar al extremo el diseño institucional y la integración de esta autoridad de aplicación nueva que ha creado que es este Enacom.
 
 – Participaste de la presensación que se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las afectaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno. ¿Qué crees que se modificó a partir de ese hecho?
 – Sirvió porque coloca en la agenda de los derechos humanos del continente los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión. Además constituye una advertencia fuerte para el gobierno que venía avanzando, hasta ese momento sin ningún tipo de pudor, contra muchos de los estándares del sistema interamericano.

Por ejemplo con la gubermentalización de la autoridad de control, considerar a la TV por cable un servicio de telecomunicaciones quitándole la obligación del must carry que es la programación de los canales locales. De hecho los funcionarios del gobierno, que participaron de esa audiencia, mintieron porque dijeron que lo del must carry ya estaba corregido y lo corrigieron recién semanas más tarde a través de una resolución de Enacom.

Por mi parte, aunque el gobierno tiene la soberbia del discurso mercantil y que nada que no sea lucrativo tiene significación, que el pedido de la sociedad civil carece de sentido si no esta encuadrado en intereses industriales, en algún punto toma conciencia y retrocede.

 – ¿Cómo ves el trabajo de la comisión redactora del anteproyecto de ley de comunicaciones?
 – La propia integración de la comisión tiene un rasgo muy manifiesto, entonces no están abiertos a todos las temas. Están abiertos a un núcleo de ideas muy conocidas por los que nos dedicamos a estos temas y que son francamente muy resistidas por buena parte de los actores no concentrados de estas actividades. El proceso participativo no es tal sino que es un proceso de escucha. El gobierno escucha a organizaciones: algunas políticas, otras sociales, y no es abierto sino que es a invitación del propio gobierno. Si consideramos que la participación es esa, tenemos una valoración muy diferente sobre lo que pensamos que es participar.
 
 – Decías en estos días que Arsat es una herencia valiosa…
 – Como en muchos aspectos la herencia kirchnerista no es sencilla porque es una herencia de mucha retórica y de muchos hechos aunque no siempre haya correspondencia entre la retórica y los hechos.

En el caso de Arsat reciben una empresa muy valiosa, con capital extraordinario, con una red de fibra óptica que el kircherismo no supo o no pudo iluminar pero que está. Es una inversión de más de 1200 millones de dólares. Tiene un cuarto de la frecuencia de telefonía móvil, esa que supuestamente ganó Vila-Manzano, que se la quedó el Estado y que, por ley de soberanía digital, no se puede licitar fácilmente. Tiene los satélites Arsat 1 y Arsat 2, las localizaciones satelitales, un formidable centro de datos. Tiene mucho potencial no desarrollado en términos de modelo de gestión. El desafío es gestionarlo, operativizar el capital que tiene. A su vez tiene que lidiar con las internas, que todo gobierno tiene, respecto a qué hacer con esta joya.

Me parece que es una posibilidad formidable para meter a las provincias adentro de un modelo parecido a la coparticipación de los recursos hidrocarburíferos pero con la idea de que es una empresa con un potencial que no se tiene que gestionar solo desde el Obelisco sino que las provincias tienen que decir algo. A una provincia alejada de la zona centro, de la zona núcleo pampeana, tener o no tener la fibra óptica activa le cambia la vida. Significa meter a los hospitales en línea, a los municipios en línea. Ojalá el gobierno esté a la altura.

Tengo una buena valoración de (Henoch) Aguiar tanto en lo que fue su rol como funcionario de la Alianza como ahora que es vicepresidente de Arsat pero también lo escuché a [Rodrigo] de Loredo -titular de Arsat- y a [Oscar] Aguad -ministro de comunicaciones- y no dicen lo mismo.
 En este gobierno hay dos ministerios relacionados a la comunicación: el de comunicaciones y el de medios públicos. ¿Cómo ves la comunicación del gobierno sobre todo con una frase inaugural muy fuerte de Marcos Peña que fue “se terminó la guerra con el periodismo”?

A estas áreas hay que agregarle la jefatura de gabinete y la secretaria de comunicación entonces hay cuatro patas, lo que da cuenta de la prioridad que le asigna el gobierno. La frase de Peña es reveladora porque para el gobierno los medios y los periodistas independientes son un grupo de treinta o cincuenta personas. El mundo de la comunicación se reduce a cincuenta personas que son Clarín y La Nación, y dueños, accionistas y editores de Clarín y La Nación. Es muy empobrecedora la mirada sobre el periodismo independiente y muy descalificadora de todos los que no son grandes y poderosos.

Es muy ignorante además de una historia que tiene otros actores que incluso son empresariales y lucrativos pero que no son tan enormes como Clarín y La Nación o no son tan oficialistas como La Nación. Clarín no creo que sea tan oficialista en este momento.

Tuvieron la política de secar el mercado de publicidad oficial con lo cual provocaron una crisis muy previsible en los medios que estaban sostenidos por los anabólicos de la publicidad anterior como [Sergio] Szpolski y compañía. Dejando expuesto además el cretinismo de esos empresarios y la falta de controles estatales de la generosa cesión de recursos públicos de los años anteriores. Porque le estas dando cientos de millones de pesos a un tipo que además después fue candidato tuyo en Tigre y nunca controlaste adónde fue esa guita, todo es penoso.

La política actual no molesta a los poderosos de la plaza porque se sostenían incluso a pesar de la discriminación de pauta que se hacía contra ellos en el gobierno anterior y porque tienen una cartera de ingresos que no depende de la publicidad oficial, por lo que no los problematiza, les saca competencia y disciplina a su masa laboral. Yo he criticado mucho el manejo de la pauta oficial durante el kirchnerismo pero esto es grave en términos de los efectos sociales que tiene.

  – ¿Que opinás sobre los perfiles de los titulares de estas carteras?
 – Lombardi está en órbita. Un poco lo demuestra en los medios que tiene a su cargo, también muestra limitaciones pero pasa un primer filtro. Aguad carece de competencia en estos temas. Hay declaraciones en las que revela poco conocimiento en la materia. Si querés tener un gobierno competente, no es el caso. A su vez, están aisladas las áreas que te mencionaba.
 
 – Esta semana la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual propuso a dos directores de Enacom y el Frente para la Victoria decidió no postular candidato.
Si pienso en el FpV, con otro marco institucional, el problema era a quien designaba. Porque una opción es Graciana Peñafort que es un cuadro político comunicacional y legal que te defendió la constitucionalidad de la ley y, en parte gracias a su muy buen desempeño, la Corte Suprema en 2013 falló sobre la plena constitucionalidad de la ley. O lo designás a [Guillermo] Jenefes, ex senador, dueño de gran parte de los medios de Jujuy y también de esa fuerza política.

 – ¿Y los dos que se sumaron? Ambrosini por el Frente Renovador y Giubergia por Cambiemos.
 – Si tuviera que analizarlo genéricamente diría que es muy representativo de la falta de política de los partidos políticos grandes de la Argentina porque no tienen cuadros, no tienen políticas sobre estos temas. En muchos casos lo que hizo el PRO de manera más evidente, a partir de la asunción de Macri, fue tercerizar buena parte de sus políticas, en sectores industriales que son entre otras cosas quienes redactaron el DNU 267. Ese decreto no salió de los cuadros comunicacionales del PRO o de la UCR sino del bufete de abogados de grupos de comunicación.

El PRO exhibe de manera explícita esa tercerización, delegando la confección de una política en actores empresariales, y permitiendo que ocupen los dos lados del mostrador. Pero también lo patético de la designación de miembros de la comisión bicameral para Enacom es que, tampoco en otros partidos, las cosas son tan distintas. Esto no quiere decir que Giubegia o Ambrosini sean tipos de las corporaciones. Porque no creo que sea así sino que lo que resuelven son temas internos del partido. Es como Aguad que podría haber ido a Comunicaciones como a Defensa.
 
 – ¿Te sorprendieron los perfiles de quienes integran Enacom?
 – Sí, porque tenían mucha cercanía con los operadores mas importantes. Encontrás cercanía con el Grupo Clarín, Telefónica-Telefé, Cadena 3. No digo que sean “empleados de” pero hay mucha cercanía con lo que creen que es el periodismo independiente, los grandes medios: Clarín, Telefé, Cadena 3. Igual insisto con la poca masa crítica que hay en el mismo sistema político.

La derecha no tiene cuadros propios del mundo de la política. En otras áreas, como en educación, vos encontrás tradiciones políticas que tienen cuadros propios. En políticas de comunicación me parece que no.
 
 – ¿A que te parece que obedece?
Hay una especie de conveniencia mutua. Los partidos no producen cuadros ni producen política propia y a cambio, lo que esperan, es un trato editorial favorable.

Emilia Racciatti / foto Georgina García
Revista Zoom

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