29 de septiembre de 2020

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La república del descarte

El tsunami del paco: un informe del juez Andrés Gallardo expone su impacto en las villas del sur de la Ciudad. El problema real más allá de la adicción. Semanas atrás comenzó la primavera.

Fue una jornada de sol y muchos jóvenes salieron a celebrar la llegada de una estación que parece hacer más disfrutable la vida. Sin embargo, para otros miles de chicos y chicas de la Argentina, la primavera nunca llega. Solo existe un invierno persistente, solitario y abismal.

Es el invierno del paco. El frío de una droga venenosa que crece entre la pobreza y la exclusión, consumiendo al que la consume.

Para advertir sobre las nuevas dimensiones de este flagelo, se reunieron tres de las personas que más conocen la problemática del paco en las villas de la Ciudad de Buenos Aires: el padre “Pepe” Di Paola, el juez Andrés Gallardo y el defensor tutelar Gustavo Moreno. Con una experiencia acumulada que hace pie en los barrios y el trabajo con los adictos y sus familias, coincidieron en que la marginalidad está en el origen mismo de esta sustancia y en el estallido de su consumo. Hecha con el descarte, es un producto para los descartados.

El motivo del encuentro fue la presentación del libro El Paco -el 23 de septiembre pasado, en la editorial JusBaires-, que recoge el informe de un grupo multidisciplinario encabezado por Gallardo y que, por primera vez, trazó un diagnóstico exhaustivo sobre el uso de la pasta base en las villas al sur de la Ciudad. El trabajo fue destacado por el Papa Francisco, en una carta donde valoró que “no disfraza la realidad. Y quienes quieran hacer un cambio en este infierno de la droga y del paco, tienen allí ayuda”. Fruto de una investigación en el territorio, el libro -disponible en editorial.jusbaires.gob.ar– fue encomendado por el Consejo de la Magistratura, a pedido de los curas del Hogar de Cristo.

En su desarrollo, el documento describe a esta sustancia como “la expresión más cabal de la pobreza, nacida ahí donde se rompen los lazos familiares y sociales y el abandono y la falta de horizontes se convierten en constantes”. El relató de Melisa, una de las tantas voces recogidas, lo deja en claro: “No me estoy rehabilitando de la droga; me estoy rehabilitando de la droga, del alcohol, de la delincuencia, de la prostitución, de las pastillas, de la calle”.

Tan tóxico como barato y breve en su efecto, el paco es sinónimo de adicción y deterioro físico y mental. Pero no solo para el consumidor: el propio organismo de la comunidad se daña, mientras el Estado mira para otro lado, equivoca el enfoque o se limita a mostrar su faz represiva.

“Una nueva esclavitud”

El padre “Pepe” Di Paola, de la parroquia de Caacupé, en la villa 21-24 de Barracas, vio por sí mismo el desembarco de la pasta base. “Hasta el momento en que llegué, no estaba. Sí existían la droga y los grupos de violencia, pero no algo que fuera la realidad tan cruel y terrible que empezamos a ver a partir de la crisis de 2001”. Pepe recordó el desconcierto y la impotencia: “No sabíamos qué hacer. El fenómeno era tan grande que lo describíamos como un tsunami”. Las herramientas con que trabajan ya no daban resultados, porque “el problema era mucho mayor en extensión y profundidad”. La droga entró sin atenuantes. “Cuando nos quisimos dar cuenta, estaba en el barrio, en forma desbordante”, relató Pepe.

Tras ese primer golpe, asumieron la lucha desde una perspectiva histórica. “Lo aceptamos como el gran desafío de nuestro tiempo -explicó Pepe-, así como antes los curas afrontaron la erradicación de las villas y buscaron caminos para defender a los que eran expulsados, y en otra época acompañaron la urbanización casera, porque el Estado siempre estuvo lejos de esto”. De esa forma, con el apoyo del entonces arzobispo Jorge Bergoglio, nació el Hogar de Cristo, un programa de inclusión y acompañamiento integral para los adictos.

Para el párroco, “es una nueva forma de esclavitud, que no tiene cadenas ni grillos, pero que ata la vida de los chicos y los está hipotecando, en el presente y en el futuro”. A su vez, cuestionó a quienes, “de la mano de un falso progresismo, tanto en el mundo conservador como en el de la izquierda, someten el problema a las reglas del capitalismo, pensando que la ley de la oferta y la demanda es la solución, inclusive para los pibes del paco”.

Sobre el rol de las instituciones, Pepe sostuvo que su “compromiso” es clave, pero habló de “un Estado ausente o, a veces, con una presencia poco inteligente, desde hace mucho tiempo en los barrios vulnerables del país, lo que ha hecho que creciera esta esclavitud”. En paralelo, aseguró que los demás actores también juegan un papel importante “para que los chicos no deambulen en la calle y puedan crecer sanamente”. En ese sentido, remarcó que “el mejor club, la mejor parroquia o colegio, no hay que pensarlos en los lugares más bacanes del país, sino en las villas, para cortar con esta realidad de marginalidad”.

“Poner el cuerpo”

En la Capital, Gustavo Moreno es el asesor tutelar que defiende los intereses de los niños ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Esa tarea lo llevó a trajinar las villas, donde más se vulneran estos derechos, y a ver cómo el Estado se desdibuja frente al paco, mostrándose solo bajo el uniforme del sistema penal.

Para Moreno, hacen falta perspectivas integrales que trabajen la dimensión humana del consumo. “A veces, no se trata sólo de meterse en un laboratorio jurídico y establecer, a título casi experimental, cuáles pueden ser las soluciones para el otro”, sostuvo. Por eso, valoró instancias como la Noche de la Justicia, cuando un grupo de religiosos y laicos reparten, una vez por semana, comida caliente a los adictos que viven en los pasillos y las calles de la 21-24 y la Zavaleta. “Es más que dar guiso, es ponerle el cuerpo a la persona”, destacó el asesor tutelar, que llamó a “replantear los programas de las comunidades terapéuticas” y a “ver qué le pasa a la subjetividad de quienes sufren la marginalidad, porque eso es el paco, es la violación estructural de los derechos económicos y sociales”.

En cuanto al rol de las fuerzas de seguridad, el funcionario recordó que “no tienen un protocolo para actuar con los adictos” y cuestionó si “ese es un plan político destinado a la gente o, en realidad, en esta Ciudad dividida de San Juan y Directorio hacia el sur y el norte, lo único que llega a estos barrios es el sistema penal”. El libro El Paco consigna que el único contacto de los “paqueros” con el Poder Judicial es “frente a situaciones críticas tanto de naturaleza civil como penal”.

Es decir, cuando delinquen, muchas veces, en un capítulo más de su consumo. Y sobre el Operativo Cinturón Sur, concluyó que “no ha implicado modificación alguna”, porque “no corrigió ninguno de los cuadros antecedentes vinculados con la oferta de droga en zonas públicas y con la desprotección de los adictos”.

Moreno concluyó que, entonces, “el mensaje es que se persigue al pobre” y se preguntó: “¿Esa es la respuesta que nosotros, de saco y corbata, le damos a los pibes y sus familias?”.

“Pobreza y descarte”

El juez porteño Andrés Gallardo suele pasar tanto tiempo en su despacho como visitando las villas, donde los vecinos lo saludan con afecto. Es, sin dudas, un talento poco frecuente en un magistrado.

En los meses de labor para la confección de su informe, se le volvió evidente que “la proliferación del consumo de paco constituye un epifenómeno necesario de la pobreza y el descarte”. Y que si, lejos de resolverse, “se ha expandido a decenas de ciudades y pueblos”, es porque “no han habido políticas públicas o, de haberlas, no han sido eficaces”. Gallardo aclaró que “no estaríamos hablando de esto si hubiera existido un sistema de seguridad, control y represión del narcotráfico coherente y efectivo, y si no existieran niveles de complicidad entre algunas autoridades públicas y los traficantes”.

En su análisis, el juez aseguró que “la postura estatal tuvo hasta el presente, en la conducta de sus funcionarios y en términos generales, una mirada clasista, segregada y confusa”. Planteó que “como la mayoría de los pibes afectados por el paco son muy pobres, sin identidad regular y han sido expulsados del sistema, entonces para muchos funcionaros ejecutivos, legislativos y judiciales, estos chicos no forman parte de la clase social a la que se deben”. Agregó que “los pibes en crisis mayoritariamente no votan, así que tampoco presentan un interés electoral”. En síntesis, “no son objeto del trabajo del funcionariado”.

Con respecto a las acciones que se vienen ejecutando desde el Estado, Gallardo señaló que “existe una tendencia a fragmentar la respuesta, a cortar en rebanadas a la persona”, cuando en realidad se trata de “sujetos con vulneraciones integrales, que no tienen identidad, vivienda, alimento, educación ni afecto; que no tienen nada pero igual consumen”. Por eso, afirmó que “la mirada que trata de recuperar el pibe abordando solo su condición de adicto, fracasa, porque luego no hay horizonte para caminar. Él se desintoxica y la sociedad lo intoxica de nuevo, lo invita a drogarse como forma de evadir su condición de descartado”.

Para el magistrado, “decir que todos los días mueren chicos por el paco no es tremendismo, sino la verdad”, a pesar de “la forma en que se hacen las partidas de defunción”. En ese punto, contó que “cuando no se quiere ahondar en las causas” del deceso, se habla de un paro cardiorrespiratorio atraumático. “Murió sin traumas, se le paró el corazón. Es cierto, pero antes tenía hambre y HIV, fumaba paco y a nadie le interesó. Esa es la verdadera partida de defunción que se le niega a los pibes que mueren en nuestros barrios”, denunció.

En su investigación, también destacó el riesgo sanitario que representan las enfermedades propiciadas y potenciadas por esta droga, como la tuberculosis multirresistente. La falta de higiene, una mala alimentación y las afecciones inmunosupresoras “determinaron la aparición y la expansión” de la tuberculosis, con una cepa que tolera la medicación. Como los adictos suelen interrumpir el tratamiento ambulatorio, que debería durar 60 días, el bacilo se va endureciendo y obliga a una terapia más extensa, que ronda los 6 meses.

Gallardo remarcó que el paco “solo puede instalarse en un sistema económico social injusto, destructivo y desintegrador”. Por eso lo colocó junto a “otros procesos mundiales de descarte” y sostuvo que “va de la mano con los muertos de hambre en el mundo, con los que emigran y se hunden en las balsas, con los bombardeados de Siria y de Palestina”.

Como corolario de la investigación en las villas, surgió la propuesta de crear un Tribunal Territorial de Alta Complejidad, que esté en el propio barrio y aborde de forma integral la recuperación del adicto, a través de un enfoque interdisciplinario. El juez lo definió como “un aporte que puede ser corregido o reemplazado por otro mejor”. En cambio, advirtió que “lo que no puede pasar es que como sociedad sigamos permitiendo que no haya una respuesta, porque la prosecución de esta situación tiene un desenlace y es la violencia”.

Carlos Romero

foto Olmo Calvo Rodríguez | Subcoop

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