Esta semana el FMI público un ranking de las economías más riesgosas del mundo, en donde Argentina y Turquía tienen el honor de encabezarlo.
Es que detrás de la paz cambiaria inducida por los estrepitosos desembolsos del Fondo Monetario Internacional y la contracción monetaria del Banco Central de la República Argentina, se esconden las fragilidades de una economía que no presenta buenas perspectivas.
En medio de la carrera electoral, grupos de empresarios ligados al oficialismo ─e inclusive el mismo FMI─ han vuelto a instalar dentro del debate público la “imperiosa necesidad” de llevar a cabo una reforma laboral. Pareciera ser que en esta oportunidad, la explicación ortodoxa de la crisis que atraviesa el país, viene dada por un marco legal que no se adapta a sus necesidades y no por la mala gestión del gobierno en materia económica.
Los argumentos a favor de la flexibilización giran en torno a la posibilidad de una mayor creación de puestos de trabajos, dejando de lado la evidencia empírica de numerosos países que han aplicado las mismas recetas sin resultados satisfactorios.
Cuando se habla de reforma, se hace referencia a un cambio planificado en un sistema en detrimento de objetivos específicos. En lo que refiere al ámbito laboral, la palabra reforma no tiene una connotación muy positiva ya que su aplicación implica la erosión de ciertos derechos ya adquiridos por la lucha obrera y sindical.
Dentro de las políticas que plantea una reforma laboral se encuentran: la baja de indemnizaciones y/o seguros por desempleos, la disminución del periodo de vacaciones, la extensión de la jornada laboral, y la eliminación de cualquier dispositivo institucional que dificulte al empleador la contratación y el despido de sus trabajadores. Todo esto se plantea bajo el argumento de que la eliminación de todo tipo de rigidez y traba del mercado laboral acelerará el proceso de creación de puestos de trabajo formal y fomentara las inversiones.
Lo que no se dice a la hora de hablar de flexibilización laboral, es que la disminución de los factores institucionales regulatorios como ser indemnizaciones, seguros por desempleo, cargas sociales, ampliación de la jornada laboral, entre otros, llevará a debilitar aún más la posición de los trabajadores frente al empleador generando una profundización de la desigualdad en la relación capital-trabajo.
En cuanto a la evidencia empírica, los datos no parecen respaldar la hipótesis neoliberal de que la flexibilización del mercado laboral conduzca a una mejora en los indicadores de empleo. Por el contrario, dan cuenta de una mayor precarización en las relaciones laborales y un aumento de la desigualdad socioeconómica.
Podría decirse que en el marco de políticas de austeridad, el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo tan buscado por organismos internacionales como el FMI no ha generado un aumento de los niveles de empleo, sino todo lo contrario. Según un estudio de la UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda), en la mayoría de los países donde se aplicaron las recetas de flexibilización al cabo de cinco años el empleo ha disminuido.

En lo que respecta a nuestro país, sin dudas el mercado laboral argentino no viene teniendo un buen desempeño.
Tanto los indicadores de empleo como de salarios no presentan resultados alentadores. Según las cifras oficiales publicadas recientemente en el último año se perdieron alrededor de 217.000 puestos de trabajos formales, mientras que los salarios tuvieron una variación significativamente por debajo de la inflación, provocando una brusca caída del salario real.
En este contexto, aplicar una reforma laboral seria la opción simplista, “cortar el hilo por lo más fino”. No necesariamente se abatirían los altos índices de desempleo, y además implicaría una caída aun mayor de los salarios debido al menor poder de negociación que dispondrían los trabajadores.
Vemos entonces que el FMI ha exigido esta reforma como una de las condiciones fundamentales para seguir otorgando financiamiento, y como dijimos al principio grandes empresarios ya han manifestado su apoyo contundente.
Con este marco, el panorama ─a pesar de parecer claro─, tiene algún grado de incertidumbre. Lo que resta es ver si el actual oficialismo, en caso de ser reelecto, gozará de la suficiente “gobernabilidad” para llevar a cabo una reforma tan importante en el mercado laboral. Lo cierto es que si esto sucede, dedicarán mucho esfuerzo a “modernizar las leyes laborales”.
Facundo Costa de Arguibel y Alejandro Glinca