21 de septiembre de 2020

RPD Noticias

información con opinión.

Interponen Amparo Judicial y solicitan Cautelar por quema de Expedientes

El pasado 29 de Diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas presidida por el Dr. Mario Osvaldo Boldú, y con la firma de la Dra. Mirta Delia Tyden de Skanata- Juez de Cámara, la Dra. Ana Lía Cáceres de Mengoni- Juez de Cámara y la Dra. Miryan Mabel Benitez –Prosecretaría de Cámara dispusieron la destrucción de los expedientes pertenecientes al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Posadas, iniciados entre los años 1976 al 2006.

Bajo la Resolución N° 1496 disponen que se procederá a la destrucción de los expedientes previamente citados, siendo esta situación por demás contraria a la consolidación de un estado de derecho, en el que primen la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En la misma queda explicitado que estos expedientes se podrán consultar por última vez los días 08, 09 y 10 de Febrero de 2017 en el Archivo General de la Cámara Federal de Apelaciones, sito en Av. Mitre 2358 4to. P. de Posadas.

Este hecho es un obstáculo ante la posibilidad de continuar cualquier investigación judicial que permitan revelar datos sobre el accionar de persecución laboral, apropiación de bienes y otras prácticas denunciadas por las víctimas de la dictadura militar.

Ante este hecho un grupo de ex Detenidos por Razones Políticas y Familiares determinaron presentar un amparo judicial para solicitar una cautelar que impida cumplimentar con dicha Resolución.

A continuación el texto del amparo presentado 

INTERPONE ACCION DE AMPARO – SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.-

SRA. JUEZA FEDERAL

                                Ricardo Aldolfo ESCOBAR, DNI N° 13005674-; Rubén Enrique ZAREMBA, DNI N° 12513632-; Amelia Rosa BÁEZ, DNI N° 13005754-; Francisco Aníbal PERIE; DNI N° 10383540-, Raúl Enrique BÁEZ DNI N° 10267361 Julio GÓMEZ DNI N° y Elvira Aidee ACUÑA DNI N° 11132125; Gadys Beatriz CLAVER GALLINO DNI N° 6068310; Edmundo SORIA VIETA DNI N° 8128379; Juan Simon ARGAÑARAZ DNI N° 8587922; Ramón Alberto ACUÑA DNI N° 8407359;  Augusto Gilberto SPERATTI DNI N° 13197215; Ricardo CACERES DNI N° 7585433; Carlos Moncada SAN MARTIN DNI N° 18745687,  todos con domiciliados en esta ciudad, por derecho propio y en su carácter de “EX–PRESOS POLÍTICOS DE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR 1976-83” Con el patrocinio letrado de Mario Luis Ovando, Orlando Prestes y Estela Mirta Yagusieczko abogados inscriptos en las Matrículas de Ley constituyendo domicilio legal en calle Córdoba esquina General Paz de Posadas, ante V.S. comparece y dice:

                                     OBJETO: Que venimos por este acto a interponer Acción de Amparo contra de la Resolución N° 1496 del 29 de Diciembre de 2016 dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas; y peticionamos Medida Cautelar de No Innovar a fin de que se deje sin efecto la resolución atacada.-

                                                           Que en efecto la mencionada Resolución ordena la destrucción de  expedientes iniciados en años 1976 al 2006 y fuera publicada diciendo asi en: “EDICTO Por Resolución N° 1496 de fecha 29 de diciembre de 2016, de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, dispuesta en el Expte. N° 14.332/2016 “ARCHIVO GENERAL DE CÁMARA s/Destrucción 2016”, se hace saber que el día 23 de marzo del año 2017 a las 9 hs. se procederá a la destrucción de los expedientes pertenecientes al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Posadas, iniciados entre los años 1976 al 2006. Asimismo comunico que el detalle de los expedientes a destruir se encuentra en listados para su consulta a disposición de los interesados en el Archivo General de la Cámara Federal de Apelaciones, sito en Av. Mitre 2358 4to. P. de esta Ciudad. PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Nación y de la Provincia de Misiones los días 08, 09 y 10 de febrero de 2017. Fdo. Dr. Mario Osvaldo Boldú- Presidente. Dra. Mirta Delia Tyden de Skanata- Juez de Cámara; Dra. Ana Lía Cáceres de Mengoni- Juez de Cámara y Dra. Miryan Mabel Benitez –Prosecretaría de Cámara. Posadas, 03 de febrero de 2017.- FDO. Dra. Miryan Mabel Benitez de Prosecretaría de Cámara. Dr. Mario Osvaldo Boldú Juez – Dra. Miryan Mabel Benitez Prosecretaria de Cámara e. 08/02/2017 N° 6130/17 v. 10/02/2017 Fecha de publicación 09/02/2017” 

COMPETENCIA:

                                  V.S., en su carácter de Juez Federal resulta competente para entender en el marco del presente, ello pues, la presente acción se incoa frente a una decisión adoptada  por la Cámara federal de Apelaciones de Posadas Misiones

                               CONSIDERACIONES PREVIAS: 

                              AFECTACION DEL PROCESO DE MEMORIA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION: 

                                                               Desde el año 2003 en adelante en la República Argentina se vienen realizando nuevos juicios por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante el periodo 1976 a 1983, pues desde entonces se allanó el camino para que actúe la justicia habida cuenta de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, leyes llamadas de impunidad que impidieron por más de una década avanzar en la investigación y juzgamientos de tales crímenes.-

                                                              Desde entonces y hasta la actualidad el Estado Argentino, a través de los tres poderes, se comprometió fuertemente en llevar a cabo la investigación y juzgamientos del accionar del terrorismo de estado y llevar reparación a las víctimas, familiares y a la sociedad toda, convirtiéndose la Argentina en un ejemplo a seguir en el mundo en materia de lucha contra la impunidad por crímenes cometidos por el propio estado.- 

                                                               “El Estado tiene la obligación de combatir tal  situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares” Caso Paniagua Morales y otros Corte Interamericana de Derechos Humanos; el deber del Estado de estructurar el aparato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del poder público, de tal manera que sus instituciones sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención. Desde este punto de vista, la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional (conf. CIDH, caso «Barrios Altos», sentencia del 14 de marzo de 2001, considerando 41, serie C N° 75 [Fallo en extenso: elDial – AA7C4] ; caso «Trujillo Oroza vs. Bolivia» – Reparaciones, sentencia del 27 de febrero de 2002, considerando 106, serie C N° 92; caso «Benavides Cevallos» – cumplimiento de sentencia, resolución del 9 deseptiembre de 2003, considerandos 6° y 7°).- 

                                                               Siguiendo los lineamientos fijados en “Barrios Altos” la quema de documentación judicial que tenga relación alguna con las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, importaría una acción contraria al derecho internacional de los derechos humanos y podría traer aparejada la responsabilidad del Estado Argentino.-

                                                   Como es de público y notorio conocimiento desde el año 2005 en adelante, en el ámbito de la justicia federal de Misiones, siguiendo con el compromiso del estado Argentino, se vienen realizando investigaciones de hechos  delictivos que afectaron gravemente los intereses de la población misionera, de sus habitantes, de sus derechos, de sus garantías y de sus bienes, hechos reputados como crímenes de Lesa Humanidad  cometidos al amparo del plan sistemático y generalizado de persecución y exterminio de personas que implementó la dictadura cívico militar durante el periodo 1976 a 1983.-

                                                   Desde la sentencia dictada por la Cámara Federal en la causa 13/84 conocida como “Juicio a las Juntas”, quedó establecido que en nuestro país quedó configurado un plan de persecución y exterminio cuyas características fueron la sistematicidad, generalidad, clandestinidad con previsión de impunidad y prolongado en el tiempo.- 

                                                     Que los hechos han sucedido en el contexto de la represión ilegal, ejecutada “en forma generalizada y por un medio particularmente deleznable cual es el aprovechamiento clandestino del aparato estatal” (cfr. Fallos: 309:33); que fundamentalmente consistió en “a) capturar a los sospechosos de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia; b) conducirlos a lugares situados en unidades militares o bajo su dependencia; c) interrogarlos bajo tormentos, para obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas para quebrar su resistencia moral; e) realizar todas esas acciones con las más absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, obraban preferentemente de noche, mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el lugar de alojamiento; y f) dar amplia libertad a los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional, sometido a proceso militar o civil, o eliminado físicamente. 

                                             Esos hechos debían ser realizados en el marco de las disposiciones legales existentes sobre la lucha contra la subversión, pero dejando sin cumplir las reglas que se opusieran a lo expuesto. Asimismo, se garantizaba la impunidad de los ejecutores mediante la no interferencia en sus procedimientos, el ocultamiento de la realidad ante los pedidos de informes, y la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera de que las denuncias realizadas eran falsas y respondían a una campaña orquestada tendiente a desprestigiar al gobierno…” (Fallos 309:1694, causa nº 13/84)

                                                 En nuestra Provincia el Tribunal Oral en lo Criminal de Posadas, hasta la fecha dictó cuatro sentencias en las causas  “Caggiando Tedesco”, “Gomez Ruben Alberto Cuenca Jose Marìa”; “Beltrametti Juan  Antonio Caggiano Tedesco Carlos Humberto”; “Herrero Carlos, Gimenez Felipe, Pombo Carlos; Amarilla Julio, Mendoza Guillermo Roque”,  condenándolos a diferentes penas que van desde la prisión perpetua hasta la pena de diez años de prisión, con las inhabilitaciones correspondientes.-

                                               Como la ejecución del plan sistemático y generalizado se llevó a cabo utilizando los aparatos organizados de poder, existió previsión de impunidad, se pretendió eliminar toda huella o todo rastro posible que pudiere llevar a los responsables a un juicio y una condena por los aberrantes hechos cometidos, de allí que resulta imprescindible resguardar todo elemento posible de prueba que sea hallado y que pudiere aportar luz sobre los hechos acontecidos.-

                                                   En este sentido la Resolución de la Cámara Federal de Posadas contraviene gravemente la política de preservación que debe primar respecto a toda documentación que pudiere estar vinculada a los hechos que se investigan, sobre todo de documentación que obra en manos del Poder Judicial Federal de Posadas y que data del periodo que se investiga, es decir 1976 a 1983.- 

                                                     A través de la documentación relativa a la temática se puede reconstruir un  mapa del terrorismo de Estado imperante en la Argentina durante la última dictadura militar,  los documentos producidos por el aparato represivo del Estado que actuaron entre 1976 y 1983, e incluso con anterioridad y posterioridad a estas fechas, los documentos generados por personas y organizaciones de derechos humanos en la resistencia a la dictadura militar, sus acciones de denuncia, presentación de habeas corpus, amparos en la búsqueda de personas desaparecidas y reclamo por saber la verdad y obtener justicia,  los documentos producidos por el Estado Nacional y estados provinciales a partir de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, con el fin de lograr el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, el destino de personas desaparecidas y aportar a las acciones judiciales contra la comisión de crímenes de lesa humanidad.- 

                                          Dentro del plan sistemático y generalizado de persecución y exterminio todos los poderes del estado quedaron bajo la supremacía del poder de facto, en particular respecto al Ejército a quién se le adjudicó la responsabilidad primaria en el accionar del terrorismo de estado a través de la premisa “combatir a la subversión”.                                      

                                           En la ciudad de Posadas, como en el  resto del país, los familiares de las victimas secuestradas y desaparecidas, presentaron numerosos amparos y habeas corpus a fin de obtener información sobre el paradero de sus seres queridos, con resultado negativo en todos los casos, documentación que debe encontrarse entre los archivos que se pretenden destruir y que posibilitan la reconstrucción de los hechos y el mantenimiento de la memoria individual y colectiva (caso Esteban  Lozina, Tomas Gimenez, entre muchos otros).-

                                             Las detenciones eran todas arbitrarias y a fin de justificar el cautiverio muchas de las víctimas eran puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, otras puestas a disposición de la justicia federal (caso Soriau, Breit, entre otros, todo documentado en causas tramitadas por ante el Juzgado de Instrucción Federal de Posadas) donde se armaban causas a fin de dar un ropaje jurídico a las detenciones ilegales.

                                                Así también la intervención de la justicia federal local  se dio en el marco de las detenciones ocurridas bajo la vigencia de la ley 20.840 de lucha contra la actividad subversiva, ley que si bien data de época anterior a la dictadura militar, siguió teniendo efectos luego de implementada la misma, y muchas víctimas detenidas eran mantenidas encarceladas bajo esa ley, con expedientes tramitados por ante el Juzgado Federal.-

             Cumplimiento de los extremos para la procedencia de la medida.

 1. la Verosimilitud del derecho invocado

                                    Con respecto a este requisito, existen argumentos suficientes en los párrafos precedentes, que dan pleno respaldo a la petición cautelar, ya que se involucraron en los fundamentos jurídicos las violaciones a los derechos de carácter constitucional que afectan.

                                   El requisito de verosimilitud del derecho se encuentra sustancialmente acreditado entonces con un alto grado de certeza y liquidez por cuanto no caben dudas ni objeciones respecto del derecho a preservar la documentación que pueda aportar datos sobre el accionar del terrorismo de estado, la lucha por obtener información sobre el paradero de las personas secuestradas o desaparecidas.

                                  La Corte Suprema ha señalado en diversas ocasiones que, como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 315:2956, entre otros).

                                  Los fundamentos planteados son racionales, claros, suficientes y aptos como para tener por configurado el requisito de la verosimilitud jurídica. encuentra irrazonablemente afectado por la omisión del Gobierno. VII. 1. b Peligro en la demora En este caso, el peligro en la demora resulta manifiesto en virtud del irreparable perjuicio que se generará a los damnificados por el proceso militar la consecuente imposibilidad de acceder a los contenidos dichos expedientes, que les corresponden conforme la normativa vigente, afectando asimismo su derecho a la igualdad.

                                     El gran jurista francés Luis Joinet, al elaborar los principios de las Naciones Unidas para la lucha contra la impunidad, nos transmite un mensaje universal: “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en nombre del deber de memoria que incumbe al Estado”.

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE AMPARO

 Fundamento:

Tanto la Ley 16986 anterior al Art. 43 de la Constitución Nacional con las reformas de 1984 disponen que: Toda persona puede interponer la acción de amparo: Es decir, la acción puede ser deducida por toda persona “que se considere afectada,” el art. 43 alude simplemente a “toda persona,” sin exigir explícitamente que el actor deba invocar una afectación en los derechos propios.

La Corte Suprema, sin embargo, reiteró en el marco de acciones de amparo resueltas con arreglo al nuevo texto constitucional que la existencia de un caso o causa presupone la de parte, “es decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso” y que “al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer. Para sintetizar, la parte que intenta la acción, debe demostrar la existencia de un interés especial en el proceso o que los agravios alegados la afecten de forma «suficientemente directa» o «substancial», esto es, que posean «concreción e inmediatez» bastante para poder procurar dicho proceso,” de manera que no escapa esta particular acción a las reglas de la legitimación propias del sistema procesal argentino, que requieren la afectación como requisito para que proceda la jurisdicción de los tribunales pues “el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa suponen que este requisito de la existencia de «caso o controversia judicial» sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de poderes.”

DERECHO y JURISPRUDENCIA

La presente acción se funda en el Art. 43 de la Constitución Nacional que en su parte pertinente dispone que “…Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva…”.

Y, encuentra su formulación procesal en Ley 16.986 -Sancionada y promulgada el 18-X-1966 – En B.O. el 20-X-1966- que en su Artículo 1 dice que “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional…”.

     Al respecto la jurisprudencia tiene dicho que: “se debe considerar que el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la pretensión que constituye su objeto consiste en reparar, con la mayor premura la lesión de un derecho constitucional» (Conf. Palacio L. E., Derecho Procesal Civil tomo 7 Pág. 137; CNCCFed. Sala I, causa 30.317/95). “Que, por otra parte es condición para que el amparo sea viable -individual o colectivo-, el hecho de que no le hayan brindado lo requerido en momento oportuno, ya sea en forma individual por los actores o por cualquier persona… Demostrado este extremo, se justifica la deducción de la acción de amparo. Ello así, en tanto no existe otra vía para reparar el agravio producido con la urgencia del caso, pues el art. 43 de la Constitución Nacional -conforme la reforma del año 1994- introdujo una modificación trascendente en lo que hace a la acción de amparo, destinada a darle un dinamismo propio, despojándolo de aristas formales que fueran obstáculo al acceso inmediato de la jurisdicción cuando está en tela de juicio garantías constitucionales” (Cf. Palacio, “La Pretensión de Amparo en la Reforma Constitucional de 1994″, LL del 07.09.95). De este modo, el amparo, es una garantía constitucional, y es por ello que toda hermenéutica ha de tener como norte el sentido protector de dicha garantía, a través de una interpretación previsora que deberá asignar al amparo el más alto alcance posible, con miras a la efectiva protección de los derechos fundamentales en crisis (Conf. Adolfo A. Rivas “El amparo e intervención de terceros” en J.A 24/12/97). Que en este orden de ideas es menester recordar que ya en 1984 el Poder Legislativo había aprobado  la Convención de los Derechos Humanos (JA 1994-B- 1615), cuyo art. 25 parágrafo 1° impone a los Estados partes la obligación de legislar el amparo en los siguientes términos: “…toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicios de sus funciones oficiales.”. 

         De esta manera, la reforma constitucional de 1994 incluyó -con claro propósito de cumplir con el Pacto Internacional- el Art. 43 de la CN. En este sentido, es válido resaltar que las normas constitucionales no son retóricas, ni declaración fraseológica, sino derechos de la constitución con fuerza normativa (Conf. Germán Bidart Campos “Las transformaciones constitucionales en la postmodernidad” Ed. Ediar, Bs. As, 2000 Pág. 16 y sig.). Ello es así que luego de las manifestaciones antes vertidas, podemos concluir que la viabilidad del amparo depende de que no exista otro medio judicial más idóneo para la protección del derecho conculcado, en cuál se debe demostrar (sin necesidad de mayor prueba o debate) que la ilegitimidad o arbitrariedad imputada al acto sea manifiesta y que el hecho del empleo de otros remedios judiciales impliquen demoras o ineficiencias que neutralicen la garantía originando, de esa manera, un daño concreto y grave al damnificado (Conf. Gelli, María A. “La Silueta del amparo después de la Reforma Constitucional” LL 1995-E-978). 

PRUEBA: 

             Se acompaña Resolución N° 1496 de fecha 29 de diciembre de 2016

MEDIDA CAUTELAR:

                              Dado que existe el riesgo de que mientras se tramite la presente acción, se produzca la destrucción ordenada, significando esto una grave lesión a los derechos individuales de las personas víctimas de la última dictadura militar, se dan las circunstancias previstas en el Art. 230 de CPCCN, para la procedencia de la medida cautelar. Es por ello que solicito respetuosamente a V. S. disponga la medida de no innovar notificando a la accionada.

                             En virtud de la solicitud y los requisitos para su otorgamiento decimos que:

                                 1) La verosimilitud del derecho invocado por quien lo solicita (“fomus bonis iuris”), no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Este extremo queda configurado por el hecho de que por medio de las extensas citas legales desarrolladas y la jurisprudencia internacional en la materia, claramente se ha violado derechos de rango constitucional como queda expresado a lo largo del presente. El perjuicio es actual e inminente, de lo que se desprende la fuerte verosimilitud del derecho invocado en razón de la ilegitimidad e irrazonabilidad del acto proveniente de la misma administración pública.

                                 Lo que se busca a través de la medida cautelar solicitada en el presente ítem es que se deje sin efecto la RESOLUCIÓN N° 1496 de fecha 29 de diciembre de 2016, en lo respecta a la “…destrucción de los expedientes pertenecientes al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Posadas, iniciados entre los años 1976 al 2006…” ordenada.

                                2) Peligro en la demora (“periculum in mora”) recaudo que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda en los hechos realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperante (Conf. CNFEd. Contencioso administrativo, Sala IV, 1999/05/13 “Peyras, Héctor ER c. FEMESA y otro”, La Ley, Supl. de Jurisprudencia de Derecho Administrativo del 14.8.00). 

                                  En el caso, tal extremo está configurado por el hecho de que la destrucción de los expedientes contraviniendo disposiciones de orden público de carácter universal, implica en sí mismo la violación de derechos reconocidos constitucionalmente y en diversos tratados internacionales.

                                 El peligro en la demora se asienta en el inminente y concreto riesgo de que se destruya pruebas documentales irreproducibles en los juicios por crímenes de lesa humanidad y que  son patrimonio de la humanidad. 

                              3) Contracautela: en el caso se ofrece caución juratoria, la cual solicito se tenga por prestada con la firma del escrito de inicio. Sin perjuicio de ello, y para el supuesto que VS entienda que esta no es suficiente, se procederá en la oportunidad que corresponda a depositarse o darse en custodia lo que ordene VS.

                RESERVA DEL CASO FEDERAL: 

                                              Atento que en el improbable supuesto de recaer una resolución contraria a la acción intentada en el presente produciría una grave y evidente afectación a garantías, derechos y principios establecidos y reconocidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales dejo desde ya planteada la reserva del Caso Federal en los términos del art. 14 de la Ley No. 48.

PETITORIO:

                                Por todo lo expuesto ante V.S. y lo que suplirá vuestro elevado criterio; nos presentamos y decimos que:

a) Se nos tenga por presentados, en el carácter invocado, 

b) Se tenga por constituido el domicilio legal indicado.

c) Se dé trámite a la acción impetrada y se ordene el traslado del art. 10º de la Ley 16.986.

d) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la medida cautelar peticionada de manera inmediata.

Proveer de conformidad 

            SERA JUSTICIA.-

Otro si digo: Aníbal Rigoberto VELAZQUEZ DNI N° 8545314

                      Mario Julio GÓMEZ DNI N° 7585741

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