22 de abril de 2021

Fin de juego, por Horacio Rovelli

La pandemia originada por el Covid-19 afectó al trabajo y la producción, que debieron adaptarse a nuevos protocolos que implicaron menos trabajadores empleados, una reducción de las horas de trabajo generadas y, en consecuencia, menores remuneraciones.

Sin embargo, y en paralelo, se fortaleció el modelo agropecuario exportador, sobre todo por las compras de China y en menor medida por la de países con poder alto adquisitivo, que demandan alimentos para su población. Básicamente importaron e importan para sustituir el hacinamiento de los animales por las gripes aviar y porcina, y el “síndrome de la vaca loca”.

Sin embargo, la solución de ellos es un problema para nosotros. Argentina representa menos del 0,3 por ciento de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, es el decimo exportador de alimentos y el tercero en grano, pellet y aceite de soja.

El problema es que esa mayor demanda ocasionó una suba sideral de los precios internacionales.

La tonelada de soja en el mercado de Chicago – el mercado referente de granos – valía 341 dólares el 24 febrero de 2020. Un año después cotizaba a 523 dólares. Un aumento del 53,12 por ciento al que debe sumarse la devaluación oficial de nuestra moneda, que fue del 48,52 por ciento en el mismo período – paso de 64 a 95 pesos-.

Al no modificarse las retenciones, el impacto fue directo al precio local de la soja y sus derivados, como la harina y el aceite producidos con la oleaginosa. El mismo mecanismo se replicó con los demás granos – trigo, maíz, arroz, etc. – y las carnes.

Según el Indec, en 2020 el kilo de pollo se encareció un 54 por ciento. Casi lo mismo que la carne vacuna y mucho más que el 36,1 por ciento que acumuló la inflación promedio que mide el Índice de Precios al Consumidor.

En el caso de la carne vacuna, en 2020, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se faenaron 3 millones 163 mil toneladas de res con hueso. Se exportaron 900 mil 609 toneladas a China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipina, Vietnam, Taiwán y Hong Kong y se destinaron al mercado interno 2 millones 276 mil toneladas.

La carne sin hueso, especialmente la cuota Hilton que compra básicamente Europa y proviene de cortes de animales alimentados exclusivamente en pasturas, alcanzó las 29 mil 500 toneladas.

La demás carne sin hueso, unas 125 mil toneladas, fueron al mercado interno y, otro tanto se exportó. Solo el Consorcio ABC, liderado por el Frigorífico Rioplatense SA de la familia Constantini, acaparó el 80 por ciento de las exportaciones de carnes argentinas.

En definitiva, al exportarse toda la res, el precio interno se incrementó de sobre manera, reduciendo el consumo per cápita de carne local a solo 50 kilos por habitante. El más bajo de los últimos cien años.

El abastecimiento del mercado interno de un producto básico de la canasta familiar local como es el aceite mezcla de girasol y soja es controlado por apenas cuatro empresas, que concentran el 90,5 por ciento de la facturación y el 90,6 por ciento del volumen.

Se trata de la Aceitera General Deheza (Natura); el Grupo Navilli (Molinos Cañuelas); Molinos Rio de la Plata, de Pérez Companc (Cocinero y Lira); y el grupo ARCOR de la familia Pagani. El precio de la botella de aceite de girasol de 1,5 litros aumentó un 50 por ciento entre los meses de febrero de 2020 y 2021.

Si miramos el panorama de la harina de trigo se observa que la empresa estadounidense Cargill tiene siete plantas de molienda. La siguen en importancia Molinos Cañuelas (Grupo Navilli de Argentina), Lagomarsino e Hijos (Argentina) y Los Grobo (Argentina). Las cuatro explican el 50 por ciento de la producción y concentran el 55 por ciento de la exportación. Pérez Companc (Blancaflor y Favorita) y Navilli (Pureza) concentran el 82 por ciento del mercado exportador.

En el aprovisionamiento al mercado interno de fideos, Molinos Rio de la Plata tiene el 79 por ciento, controlando siete marcas líderes: Mattarazzo, Luchetti, Canale, Don Vicente, Don Felipe, Favorita y Manera.

Existen una gran cantidad de molinos que procesan arroz. Sin embargo, el dominio lo ejerce claramente la estadounidense Adecoagro del Grupo Soros, dueña de la marca Molinos Ala. La otra empresa fuerte del sector es Molinos Río de la Plata, dueña de las marcas Gallo y Luchetti, que en este segmento tiene una participación de un tercio en las ventas que registra el mercado interno.

Otro producto esencial, el azúcar de mesa, también está en manos de un grupo muy reducido de corporaciones. Tres empresas concentran el 85 por ciento de la facturación: Ingenio El Tabacal, de la multinacional norteamericana Seabord (Chango y Tabacal); el Grupo Blaquier (Ledesma), aunque en varios emprendimientos aparece asociada a la multinacional Cargill; y la local Valpafe (Domino, Madison, Santa Lucía).

El precio del azúcar se incrementó un 52,77 por ciento en un año, también por encima de la inflación general, e incluso por encima del rubro alimentos.

En el sector lácteo, Mastellone, asociada con Inversiones Dallpoint (EEUU) y Danone (Francia), es la empresa más grande. Es propietaria de siete plantas y líder en ventas de leche fluida con el 60 por ciento del mercado. Además, acapara el 77 por ciento en yogures y el 70 por ciento en postres.

Finalmente, las grandes cadenas de ventas – Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima y Walmart – reunidas en la Asociación de Supermercados Unidos administran el 65 por ciento de la comercialización de los bienes que se consumen en el país. Lo hacen mediante una sociedad de hecho y de muchos años con los grandes productores. Un escenario que torna muy difícil destrabar el proceso de formación de precios.

De allí que la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputara a Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retener sus volúmenes de producción y por no entregar determinados productos de consumo masivo para su comercialización, según los casos.

Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las empresas habrían incumplido el acuerdo de incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y de arbitrar los medios a su alcance para asegurar el transporte y la distribución con el fin de satisfacer la demanda, tal como lo establece la Resolución 100/2020 de la Secretaría que conduce Paula Español.

Modelo agropecuario exportador

En el marco internacional descripto, el modelo agropecuario exportador se expande y genera altas tasas de ganancia hacia el interior del sector por la diferencia abismal entre el costo de producción local y los precios internacionales de los granos, harinas y aceites. Una actividad que tracciona muy poco sobre el resto de la económica.

El mercado interno explica el 70 por ciento de la producción total de bienes y servicios, y su consumo configura el principal generador de trabajo.

El modelo vigente prioriza las ventas al exterior. Solo venden en la Argentina si los agentes locales pueden pagar el precio que consigue afuera. Ante la desocupación y el deterioro real de los salarios, las jubilaciones y pensiones – que no suben en similar porcentaje que el dólar – se torna imposible comprar internamente los productos, lo que a su vez incrementa el saldo exportable.

La dinámica genera serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital, lo que provoca una tasa de ganancia cada vez mayor para las grandes empresas del sector, que priorizan las exportaciones. Ganan más vendiendo afuera y se desentienden del mercado interno.

La imposición de un modelo que beneficia a unos pocos – menos del 2 por ciento de la población – y perjudica en mayor o menor medida al pueblo argentino, es porque se necesitan dólares para pagar una deuda externa de 100 mil millones de dólares que, como bien le dijo el ministro Guzmán a Clarín, se tomó y fugó en su mayor parte durante la gestión de Cambiemos, deuda que se podrían haber usado para modernizar y apuntalar toda la infraestructura del país – puertos, vías navegables, ferrocarriles, rutas, puentes, represas, etc.).

La Argentina no tiene un problema de restricción externa. No es que no podemos crecer porque faltan divisas. Al contrario, las divisas deberían sobrar. De hecho, en 2020, el superávit comercial fue de 12 mil 528 millones de dólares. Sin embargo, las reservas del BCRA descendieron 5 mil 780 millones.

Y fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas – como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain y del Banco HSBC – que seguramente tienen deudas, pero también mucho más activos en el exterior que los pasivos que el BCRA les autorizó pagar por un total de 6 mil 200 millones de dólares.

Incluso cuando la misma entidad estimó que residentes argentinos durante la gestión de Cambiemos detrajeron del país 86 mil 200 millones. Es más, el BCRA permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones – antes que los productos ingresaran – por unos 5 mil millones. Todo ello por cumplir con la legislación vigentes desde la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz.

La situación señala que debería trabajarse en un mayor control y supervisión del comercio exterior. Sin embargo, el Decreto 949/20 del 26 de noviembre de 2020 del Poder Ejecutivo continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios.

Se trata de la norma que establece el marco normativo para la próxima licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, hoy en manos de Hidrovía Paraná S.A., sociedad cuyo principal accionista es la empresa belga Jan De Nul Group. Ese rol lo debería asumir el Consejo Federal de Hidrovía constituido por la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la Cuenca del Plata.

El Decreto, además, impulsa que se siga empleando el Canal Punta Indio como salida y entrada del Río de la Plata, lo que favorece al Puerto de Montevideo.

En otras palabras: el Estado nacional seguirá sin poder controlar las importaciones y exportaciones. Incluso cuando el acuerdo celebrado en 2015 en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, decidió que todas las exportaciones que vinieran por el Paraná debían desembocaran en el Canal Magdalena, bajo control nacional[1].

También se debe modificar la Ley 27.541 de Emergencia Económica que puso una alícuota límite del 33 por ciento a los Derechos de Exportación que se pueden aplicar a la soja y un máximo del 15 por ciento para el resto de los productos.

Una medida necesaria para desacoplar los aumentos de precios en los mercados internacionales y los precios internos. Medida que además significaría mayores recursos para el Estado nacional.

El gobierno también debería ampliar los alcances de la Ley 27.541 para reinstaurar la Emergencia Cambiaria, derogada con el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964, con diez años de interrupción por el Decreto 530/1991, el DNU 1606/2001 y el Decreto 1638/2001.

Fin de juego

Lo expuesto deja en claro que no son compatibles el modelo agropecuario exportador y la defensa del mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Tampoco es compatible un aumento permanente del dólar y la estabilidad de los precios de los alimentos.

Y, finalmente, no es compatible que aumenten permanentemente los precios de los alimentos y no se deteriore la capacidad adquisitiva de los salarios, jubilaciones y pensiones.

El problema no se arregla confiando en el mercado. Solo se puede revertir con una intervención estatal mediante mecanismos de regulación tendientes a evitar las prácticas mono u oligopólicas, y/o mono u oligopsónicas – un solo o pocos compradores -, por parte de las grandes corporaciones.

Esto deberá estar acompañado de mecanismos regulatorios y compensatorios destinados a impedir fuertes oscilaciones en los ingresos de los productores derivados de las variaciones en el precios internacionales.

También se deberá establecer líneas de crédito especiales destinadas a liberar a los productores de su sujeción financiera a las grandes empresas, que controlan la provisión de insumos y la comercialización de los productos.

La función económica del Estado es regular la actividad productiva y distributiva impartiendo las reglas de juego.

Para ello se requiere un plan, grandes lineamientos y parámetros que se deben seguir para alcanzar un crecimiento con inclusión social, una justa remuneración y con el menor daño ambiental posible.

A su vez, el Estado debe fijar las reglas de comportamiento de toda la sociedad. Si no lo hace serán las grandes corporaciones las que decidan que producimos, cómo y para quién, y su único objetivo, se sabe, es maximizar sus beneficios sin importarles la situación del país y de su gente.

Horacio Rovelli

Socompa

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