El plan para que en los barrios populares se siga trabajando

El plan para que en los barrios populares se siga trabajando

Como se hizo en febrero con el arreglo de escuelas, beneficiarios de planes sociales realizarán ahora obras de mejoramiento en comedores y clubes. Cobrarán un plus que llevará sus ingresos a un salario mínimo. Esta semana se hará la presentación formal.

Catoce mil beneficiarios de planes sociales comenzarán en las próximas semanas a realizar obras de mejoramiento en los barrios, cobrando un plus que suplementará sus ingresos para que lleguen al salario mínimo. Este esquema, que asocia planes sociales a trabajo promovido por el Estado, tuvo una experiencia inicial en el verano, cuando se refaccionaron y pintaron escuelas antes del inicio de las clases.

El ministerio de Desarrollo Social apunta a retormarlo como parte del programa Potenciar Trabajo, enfocándose ahora en mejorar la infraestructura de los espacios comunitarios que están teniendo un uso intensivo en la pandemia, como los comedores populares y clubes de barrio. Son lugares donde en estos días se preparan viandas, se distribuyen bolsones de alimentos y se hace base para los Operativos Detectar. Como complemento, se propondrá también a los beneficiarios hacer trabajos de construcción de veredas y limpieza de espacios verdes.

“El mejoramiento de las instalaciones de los comedores comunitarios y clubes de barrio tiene que ver con que ahí se juega, en gran parte, la contención social en la pandemia. Tenemos la idea de llegar a hacer mejoras en mil comedores y trescientos clubes de barrio”, anticipó a Página/12 Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración  del Ministerio de Desarrollo Social.

Otra línea de trabajo estará relacionada a la mejora del hábitat. Por ejemplo, dando mejor accesibilidad a los barrios con la construcción de veredas. En ese mismo sentido también va la erradicación de basurales para convertirlos en espacios verdes.

Para minimizar los riesgos de circulación del virus, las obras se están pensando con cuadrillas reducidas, de cuatro o cinco vecinos, que trabajen en el mismo barrio.

La propuesta será presentada esta semana a intendentes, gobernadores y movimientos sociales, para abrir la recepción de proyectos. “Un movimiento, junto con el intendente, podrá plantearse la construcción de veredas, o una organización barrial erradicar un basural para construir una plaza. Pensamos en que tener entre cinco y diez beneficiarios por obra, con una o dos cuadrillas y en una duración de los trabajos de entre cuatro y seis meses”.

Dentro de las obras de mejoramiento de la infraestructura comunitaria, el ministerio prevé arreglar también quince Centros de Integración Comunitaria. Se trata de edificios de mayor complejidad, que en muchos casos ocupan una manzana, que fueron levantados por cooperativas de construcción en asentamientos o nuevas urbanizaciones del Plan Federal durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

En general en estos edificios funcionan centros de salud, aulas para la terminalidad de la escuela primaria o secundaria, hay algún salón de uso múltiple y canchas para hacer deportes. Son edificios que ya tienen una antigüedad de diez años y necesitan de reparaciones o ampliaciones.

En los barrios que carezcan de estos espacios de uso comunitario, los municipios y organizaciones podrán presentar proyectos para construir salones de usos múltiples.

Finalmente, también hay un monto del programa destinado a obras de mejoramiento de talleres de producción de la economía popular, como podría ser el caso de los polos textiles.

Para el financiamiento de las obras está prevista la ejecución de dos mil millones de pesos de aquí a fines del año.

Más tiempo y otras tareas

La reconversión de los planes sociales, dándoles una contraprestación productiva y ampliando los derechos de sus beneficiarios, es uno de los principales temas de la agenda de los movimientos sociales que hoy son parte del gobierno.

El ministro Daniel Arroyo tomó este reclamo histórico y lo incluyó en el diseño de la política social, en un giro complejo de implementar. El estado está más preparado para repartir fondos: mandar recursos a los comedores populares, por ejemplo, implica seguir pasos conocidos. Es un mecanismo que está bancarizado y se puede implementar rápidamente. Lo mismo puede decirse de aumentar una asignación.

En cambio, encontrar cómo mejorar la actividad de quienes trabajan en la informalidad laboral, y que en general viven de changas que complementan con un plan social, supone operar con decenas de variables. Por empezar, hay que pensar en insumos, en herramientas y maquinarias. En algunos casos también en promover vías de comercialización.

El Ministerio centró sus primeras acciones en políticas para paliar la emergencia alimentaria, un objetivo que con la pandemia se convirtió en la principal política de contención social. Iba a comenzar con la reconversión de los planes en marzo, pero esto quedó suspendido por la aparición de la covid.

En la semana previa al comienzo de la primera cuarentena, el ministerio llegó a dar un paso de unificar los planes preexistentes hasta entonces, el salario social y el Hacemos Futuro, en una única base de datos del nuevo Programa, el Potenciar Trabajo; luego se entró en el período de confinamiento.

En junio, Arroyo anunció la decisión de retomar el Potenciar Trabajo en las aquellas zonas del país que pasaron a Fase 5, es decir con pocas restricciones para la actividad económica. Ahora avanzará también en las zonas con circulación del virus, con los protocolos señalados de que los trabajadores sean del mismo barrio donde se realicen las obras y en cuadrillas chicas.

“Siempre planteamos que el trabajo es lo que va a resolver el problema de la pobreza”, apunta Menéndez, que además de integrar el equipo de Desarrollo Social es el referente nacional de Somos Barrios de Pie. “Creemos en la articulación entre el estado nacional, las gobernaciones, las intendencias y los movimientos populares para generar posibilidades de trabajo. Una de las vertientes que plantea Daniel Arroyo es la obra pública de pico y pala, que tiene enormes posibilidades porque ocupa mucha mano de obra. Esta línea de trabajo va en esa dirección”.

Menéndez recordó que en el arreglo de las escuelas trabajaron 40 mil beneficiarios de planes sociales durante un mes. “La idea ahora es extender el tiempo y ampliarlo a otras tareas, con beneficiarios de todo el país, y abierto las organizaciones y espacios sociales”.

“Son, por otra parte, dos mil millones de pesos que se van a volcar a la reactivación del mercado interno, ya que la mayoría de los ingresos van destinados a incrementar los ingresos (un plan social son 8500 pesos, con el plus se cobrará algo más de 16 mil) y a la compra de insumos para las obras”.

Trabajo local

El plan de trabajo de la subsecretaría tiene un desglose. Prevé que 5 mil beneficiarios puedan hacer refacciones en 250 clubes de barrio, espacios que no faltan en prácticamente ninguna zona urbanizada y que son claves para la contención de los jóvenes. Los clubes de barrio vienen organizandose y reclamando asistencia de parte del estado tras sufrir las consecuencias de los cuatro años de políticas macristas, y la idea de mejorarlos por esta vía estaba en carpeta desde el verano.

El segundo gran rubro de arreglos previsto es el de los comedores populares, que en estos meses de pandemia se fueron abriendo en una situación de emergencia extrema. Hoy muchos no cuentan siquiera con una cocina con instalación de gas. Y es probable que tengan que seguir funcionando hasta un buen tiempo después de que termine la cuarentena, si se tiene en cuenta que la pandemia dejará una situación de pobreza más grave que la preexistente al virus.  En estas obras se espera que se empleen 2 mil quinientos beneficiarios.

A la construcción de salones de uso comunitarios podría ser derivado el trabajo de otros 500 . Finalmente, se estima que unos 2 mil vecinos podrían realizar tareas de erradicación de basurales a cielo abierto para convertirlos en plazas, y otros dos mil hacer veredas. El proyecto que se presentará en los próximos días abarca un estimado de 14 mil beneficiarios, aunque la intención es llevar ese número a los 20 mil.

foto Bernardino Ávila

Laura Vales

Página/12

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