20 de septiembre de 2020

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«El Juez debe escuchar por separado a las partes»

A través de un Proyecto de Comunicación, la diputada Myriam Duarte solicita que el Superior Tribunal de Justicia, observe y atienda el accionar del Juzgado de Familia 1 de Oberá, que incurre sistemáticamente en la práctica de citación simultánea y conjunta del agresor y su víctima, contraviniendo la legislación vigente y el más elemental sentido común.

En los fundamentos de su Proyecto, la legisladora relató un caso específico sobre violencia de género en el que acompañó a una víctima, a la audiencia en la que fue citada por el titular del Juzgado de Oberá.

“La solicitud de la víctima obedeció a que la citación con su agresor, sería el mismo día, hora y lugar, cuando eso está taxativamente prohibido por la ley. No obstante la acompañé para constatar la situación, y ahí nos encontramos con que el agresor efectivamente fue citado en el mismo horario y lugar, obligando a la víctima a compartir espacio con quién la lesionó”.

Todo ello en contradicción con la medida de restricción de acercamiento dictada por el mismo Juzgado, y con lo establecido en varios puntos de la Ley 26.485. Por ejemplo lo expresado en el Artículo 16, inciso h) que especifica que las mujeres denunciantes deben “recibir un trato humanizado, evitando la revictimización”. Este es uno de los derechos de las víctimas enunciados en dicho artículo.

Práctica sistemática contra víctimas de violencia de género

La preocupación de la diputada se profundizó cuando, al hablar con otras mujeres presentes en el mismo Juzgado, confirmaron que efectivamente todas ellas habían pasado por circunstancias similares, con lo que se comprende y desprende que se trata de una práctica sistemática del Juzgado de Familia de Oberá, decidida por el juez José Gabriel Moreira (suspendido preventivamente por el STJ).

Duarte destacó que en ese momento, no se encontraba en el edificio judicial, ni un agente policial que pudiera tomar intervención frente a cualquier situación de agresión que se pudiera generar, y luego de una discusión con el secretario, procedió a llamar por teléfono solicitando personal policial, a pesar de que antes le habían afirmado insistentemente que “siempre hay custodia policial”.

Consideró que “esta respuesta soslaya la presión psicológica que significa para la víctima, estar sentada en el mismo pasillo frente a frente a su agresor, y solamente deslinda responsabilidades ante un posible hecho de agresión física concreta”.

Violencia institucional

Entre los fundamentos de la iniciativa, se indica que “sin dudas, el enfrentar a una mujer maltratada con su agresor tiene efectos negativos y hasta puede afectar su declaración. El miedo sigue presente, tanto a cómo le hace sentirse, como a lo que pueda hacer el maltratador si ella no se sigue mostrando sumisa”.

Continúa que si a eso se agrega un desamparo real por parte de la Justicia, “entendemos que se está ejerciendo violencia institucional de acuerdo a como está definida en el Artículo 6 inc. b) de la Ley 24.685: “Violencia institucional contra las mujeres es aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes que pertenecen a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley”.

El Juez debe escuchar por separado a las partes

Duarte recordó también que dicha norma establece claramente en su Artículo 28 que en la audiencia de declaración el Juez o el secretario, “… escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes”. Y que justamente por los motivos de protección de la víctima mencionados, quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación conjuntas”.

Sin embargo, afirmó la diputada, ante “mi asombro y mis protestas por esta injusta situación, el secretario del Juzgado, doctor Cabañas me informó que en forma reiterada y a pedido del juez José Moreira, las declaraciones “siempre se toman así para facilitar la tarea”. El argumento esgrimido por el secretario Cabañas “no justifica ir en desmedro de la seguridad, e integridad física y emocional de las personas que están bajo su resguardo y responsabilidad”, dijo Duarte.

Con ese tipo de “desprolijidades”, se facilita la continuidad de la violencia. “De hecho el agresor se burló en mi presencia de la denunciante con absoluta desvergüenza, y ya reiteradamente se ocupó de recordarle a su víctima: “Vos sabés que no va a pasar nada y me van a largar. No sé para qué hacés todo esto”.

Por estos motivos solicitó al Superior Tribunal de Justicia, que intervenga en el Juzgado de Familia de Oberá, “donde es evidente la necesidad de capacitación a los agentes judiciales, quienes deberían advertir este tipo de situaciones, que contradicen la legislación internacional, nacional y provincial vigente, y cuidar que no se repitan”, manifestó la diputada.

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