27 de September de 2021

El DNU 690 y el desafío de la compartición de infraestructura

Con el dictado del Decreto N° 690/2020 se han abierto nuevos desafíos en los servicios de acceso a internet en régimen de competencia. El mandato establecido en esta norma trajo aparejada la posibilidad concreta de llevar a cabo una expansión cualitativa y exponencial de redes de fibra óptica en todo el territorio nacional.

Entre otros aspectos el decreto garantiza a los prestadores el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Para Alejandro De Kemmeter, asesor jurídico de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), el citado DNU establece como un deber indelegable de la Máxima Autoridad Federal la de “….garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC así como el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, estableciendo no solo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional …”.

Este nuevo marco legal a generado el escenario adecuado para que Ente Nacional de Comunicaciones adopte –como autoridad de aplicación del Decreto 690/2020- las medidas necesarias para hacer efectiva la expansión de redes y el servicio de acceso a internet, de modo tal que ningún pueblo o lugar de la República – tal como lo garantiza norma citada- quede relegado de la conectividad digital y posibilidades de acceso a los servicios TICs.

Siguiendo los criterios regulatorios en la materia (Colombia, México, Brasil y en nuestro país el proyecto de ley corta), la obligación de dar acceso a infraestructura podría extenderse no solo a los Licenciatarios TICs sino también a los restantes servicios públicos domiciliarios. Estos quedarían obligados por lo dispuesto en la reglamentación del DNU a compartir su infraestructura pasiva de red en tanto sea técnicamente factible y no afecte el normal funcionamiento del servicio

Por cierto el apoyo de nuevas redes podría recurrir a bienes y al espacio público local. El artículo 39 de la Ley Federal de Telecomunicaciones N° 19.798 establece que «A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes. Este uso estará exento de todo gravamen».

De este modo confiamos en que las reglamentaciones que dicte el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como autoridad de aplicación del Decreto 690 adopte los criterios regulatorios más modernos resolviendo de este modo una situación conflictiva entre prestadores de servicios TICs.

ámbito.com