El caso Aranguren: Educando a los CEOs, por Silvia Risko

 “He visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente”.

Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente cuando escuché el concepto del ex ministro de Energía de la Nación y ex (¿?) CEO de la petrolera Royal Dutch Shell, Juan José Aranguren, sobre el aumento inescrupuloso de las tarifas del servicio energético: “…no estoy de acuerdo con que la energía sea un derecho humano…”.

Me tomé el tiempo de analizar su idea y llegué a la conclusión de que Aranguren carece de conocimiento y formación en todo lo que respecta a Derechos Humanos (DDHH) como tampoco tiene un ápice de sensibilidad social y, con su mentalidad financiera –sus análisis costo-beneficio, la frialdad de las comisiones, porcentajes, ganancias millonarias, cuentas bancarias, offshore, evasión, blanqueamiento–, confunde la gratuidad con un derecho.

Antes de avanzar, definamos qué son los DDHH. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) “…los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna…”.

El derecho a la vida, libertad, acceso a la educación, salud, cuidado del medio ambiente son algunos de los prioritarios. En las últimas décadas se ha sumado el acceso a la energía como un derecho social al que deben acceder todos los habitantes, en igual rango y sin distinción.

Teniendo en cuenta el plano económico, la energía eléctrica a un precio justo permite, además, el desarrollo comercial, productivo y de prestación de servicios.

Mal que le pese al CEO, la energía es un derecho humano y como tal es el Estado quien tiene la obligación y responsabilidad de llevar adelante políticas públicas para garantizar a todas las personas el acceso a ella y, sobre todo, controlar a las empresas que lucran con el suministro de la misma.

Los nuevos , y no tan nuevos, estándares internacionales sobre DDHH ponen el eje en la Responsabilidad Social Empresarial, que lejos está de la filantropía o altruismo.

Dan cuenta de la importancia de que la política empresarial esté alineada con las necesidades sociales. No podemos seguir justificando que empresas prestadoras de energía eléctrica, que deben satisfacer necesidades básicos e insustituibles para la vida humana antepongan su rentabilidad al bienestar general y vulneren los derechos.

Lo realmente grave es pretender hacernos creer que el pueblo trabajador, el asalariado, los jubilados, los profesionales, comerciantes, las pymes y sobre todo los más humildes, pretenden que la energía sea gratuita. Nunca escuché semejante disparate. Algunos sabemos qué es un derecho pero también un bien por el cual se debe pagar.

Lo que no es aceptable es que pagando tarifas millonarias, se preste un mal servicio o directamente que no se lo preste y que seamos las personas que conformamos el Estado, los que estemos permanentemente en deuda. Ahí es donde debe intervenir duramente el Estado y sus organismos de control, hoy totalmente ausentes.

Christian Felber, autor de la Economía del Bien Común nos enseña un modelo alternativo al capitalismo y a la economía planificada basada en valores reconocidos como la dignidad humana, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, la democracia, la transparencia, la confianza y la sostenibilidad ecológica; y todo esto no significa que las empresas no puedan buscar beneficios, sino que la obtención de rentabilidad financiera no es el propósito en sí, sino el medio para conseguir la auténtica misión de cada organización, que en definitiva debe ser mejorar el mundo en la mayor medida posible.

Silvia Risko

Puente Aéreo