25 de septiembre de 2020

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Después de las elecciones, ¿sigue el Populismo Financiero?

Ya finalizado el proceso el electoral, todas las miradas vuelven a dirigirse hacia la economía. La recuperación económica de los últimos meses de la mano del populismo financiero (dólar barato y expansión de la obra y otros gastos públicos apalancados en créditos externos), ¿se mantendrá o se trató de una efímera primavera electoral?.

La respuesta puede dividirse en varios planos.

Por un lado, la restricción de dólares que limitaba la expansión de la producción y el empleo desde 2012 se ve momentáneamente postergada por la política de endeudamiento externo insustentable. La toma de créditos externos por los Estados nacionales y provinciales, y de empresas privadas fomentada desde el ejecutivo, no tiene ninguna perspectiva de repago en el mediano plazo.

La capacidad de cancelar las deudas en divisas más allá de quien tome el crédito requiere, desde un punto de vista macroeconómico, la proyección de futuros superávits comerciales que permitan generar el necesario saldo de divisas para cubrir, por lo menos, los intereses que devengarán esos créditos. Sin embargo, el propio gobierno presentó un proyecto de presupuesto donde prevé déficits comerciales crecientes en los próximos años: USD -5.600 en 2018, USD -6.000 en 2019 y USD -6.900 en 2020.

Pero mientras caminamos hacia una futura y ya históricamente reiterativa crisis de sobre-endeudamiento, los dólares de los créditos permiten posponer momentáneamente el limitante de divisas a la expansión de la actividad y sostener una política de dólar barato.

De ahí que la pregunta sobre si se mantiene la reactivación o se pincha para 2018 depende esencialmente de las decisiones de política económica.

La recuperación electoral se montó sobre la actividad de la construcción empujada por obra pública y la expansión de los créditos hipotecarios, cierta reactivación en las exportaciones industriales (autos e industria pesada) y, en menor medida, una muy leve recuperación del consumo (mejor dicho, dejo de caer) de la mano del retraso cambiario y la parcial postergación de los tarifazos.

En materia de obra pública, el previsible freno del financiamiento estatal para achicar el déficit de las cuentas públicas busca ser reemplazado por aportes privados en el marco del nuevo régimen de asociación pública-privada presentado junto al presupuesto. Es decir, se vuelve a la carga con la tesis de la “lluvia de inversiones” como motor de la expansión de la actividad, ahora estimulada por un favorable marco regulatorio en asociación con el Estado.

Por el lado de la construcción privada, favorecidos por la expansión de los créditos hipotecarios indexados por inflación y la estabilidad del dólar, parece tener mucho camino aún por recorrer.

La continuidad del repunte exportador en algunas actividades es difícil de predecir en un mundo caracterizado por un creciente proteccionismo comercial. Pero aún de continuar, no es suficiente para sustentar un proceso de expansión de la actividad.

De fallar la renovada tesis de la lluvia de inversiones, la suerte de la producción queda en gran medida en manos de la evolución del consumo interno. Al respecto, el presupuesto proyecta la continuidad de la reducción de los subsidios a las empresas que, junto a cierta perspectiva internacional de recuperación en el precio de los hidrocarburos, prometen limar el bolsillo popular con aumentos de tarifas y combustibles.

También es previsible la continuidad en la política de amarretismo salarial en el marco de las próximas paritarias. La fantasiosa meta de inflación de un 12% máximo para 2018 que sostuvo el central pese al fracaso de los últimos 2 años en cumplir con sus metas, constituye en realidad una meta de paritaria con la que el oficialismo buscará nuevamente limitar las aspiraciones de recomposición salarial.

En la dirección opuesta, el retraso cambiario estimulado por la toma de créditos externos y la atracción de capitales financieros para hacer la bicicleta con las LEBACs, tiene un impacto estabilizador sobre los precios que permitirá compensar el deterioro del consumo, al menos para los trabajadores cuyo empleo no se vea directamente comprometido por el ingreso de importaciones a bajo precio.

En definitiva, si bien es difícil predecir el impacto final de fuerzas económicas en tan variadas direcciones, el resultado probable es un desempeño relativamente mediocre pero positivo de la economía post-elecciones. Sin caída abrupta dada la momentánea postergación de la restricción externa vía toma de créditos externos, el mantenimiento de una política de dólar barato y la expansión de la construcción privada de la mano de los créditos hipotecarios indexados. ç

Pero sin una expansión excepcional dada el previsible recorte de la obra pública difícilmente reemplazable por inversiones privadas y que los tarifazos y el amarretismo salarial compensarán parcialmente el impacto favorable del retraso cambiario sobre el consumo..

La inflación y el “gap de credibilidad” 

El número de inflación de septiembre no fue el esperado» señaló el presidente del banco central en una reciente conferencia frente al 1,9% de inflación mensual (25% anualizado) que informó el INDEC. El reconocimiento del fracaso de la política oficial se debe a que la inflación acumulada a septiembre superó meta la máxima del 17% que el BCRA proyectó para para todo el año. Es decir, los precios tendrían que bajar nominalmente para que se cumpla el objetivo inflacionario oficial.

Una utopía poco realizable, cuando en los últimos meses se observa que la baja de la inflación alcanzó un piso que podría elevarse al calor de los tarifazos post-electorales como el reciente en los combustibles. 

“Hay consenso en el mercado que el proceso de desinflación se va a consolidar en los próximos meses, aunque tenemos un gap de credibilidad” añadió Federico Sturzenegger al mostrar las proyecciones de inflación por encima de las metas oficiales de un grupo de consultoras mayoritariamente amigas del gobierno. Aun así, sostuvo la meta oficial de una inflación máxima del 12% para el próximo año, poco creíble a la luz de los resultados del fracaso de este año y el anterior (25% de meta oficial máxima de 2016 vs 40% de inflación provincias).

Para dar credibilidad a la proyección, implementó un nuevo intento monetarista por disciplinar los precios por medio de la política monetaria: la tasas de las LEBACs pasaron del 26,25 al 27,5% en la última semana.

El fracaso de la política oficial de metas de inflación se debe a la dificultad de eliminar los mecanismos inerciales de la inflación a fuerza de subas en la tasa de interés y “anclaje de expectativas” mediante anuncios de metas. La tasa de interés es una herramienta limitada para procesos de inflación de pujas distributivas con una elevada inercia. Aumentos de tarifas que son pasados a precios por los empresarios y generan reclamos de aumentos salariales que impulsan nuevos pases a precios empresariales y retrasos cambiarios que generan reclamos por devaluaciones que, de concretarse, generan un nuevo salto en los precios y reclamos de recomposición de tarifas y salarios…

Esa dinámica se produce sobre una inflación inercial que oscila entre el 20 y 30% como piso desde 2011 hasta la fecha y que ya se encuentra incorporada en los contratos de alquiler y de créditos, sobre la cual se construyen los reclamos sectoriales de recomposición de ingresos.

Por ejemplo, un empresario que tiene una cláusula de aumento del alquiler del 30% anual y está endeudado al 40%, precisa que haya inflación para poder pagar el alquiler y sus deudas sin quebrar. Mucho más si se tiene en cuenta que deberá pagar aumentos salariales a sus trabajadores, que también tienen deudas y alquileres a tasas elevadas y esperan mantener sus ingresos frente a la inflación esperada. Para colmo, el gobierno encaró una política de aumento del precio relativo de los servicios públicos, generando una nueva presión sobre los costos de las empresas y los reclamos de recomposición salarial.

En ese contexto, la suba de tasas encarece los costos financieros de las empresas y los trabajadores echando más leña al fuego de la puja distributiva.

Su única contribución a la estabilidad de los precios es por la vía indirecta de su impacto en el mercado de cambios. Las elevadas tasas de las LEBACs atraen capitales especulativos que vienen a hacer la bicicleta financiera y contribuyen, junto a la toma de créditos externos, a sostener una política de retraso cambiario. Es que más allá del discurso oficial, la política real de estabilización de precios del gobierno se basa en la combinación de dólar barato sostenido en el endeudamiento y bicicleta, apertura importadora para presionar a los formadores de precios y amarretismo salarial en las paritarias. Una política que se proyecta hacia 2018 en las proyecciones oficiales de evolución del dólar, el déficit comercial y la “meta de paritaria” del 12% sostenida por el BCRA.

El resultado de esa política tuvo relativo éxito en 2017, donde se pudo bajar en casi 15 puntos porcentuales la inflación, tras el pico del 40% de 2016 generado en el marco del “sinceramiento macrista”. La continuidad de dicha política en 2018 permitiría continuar reduciendo la tasa a la que aumentan los precios. La pregunta del millón es hasta donde puede llevarse esa política no sólo por el acceso al financiamiento externo, sino también por las reacciones internas frente al daño que genera en la estructura productiva y laboral..

Tirá para arriba, tirá

Las elecciones llegaron con la economía en plena reactivación. La actividad se expandió un 3,1% interanual en agosto según el INDEC (una vez descontado al EMAE los 1,25% de crecimiento por “impuestos netos de subsidios” que constituye humo estadístico). La construcción mantuvo una firme expansión al ritmo de la obra pública en un año electoral, presentando en agosto de 2017 una variación del 13% respecto al mismo mes de 2016. La cantidad de puestos de trabajo generados por esta actividad alcanzó los 439.916, 44.602 más que el mismo mes del año anterior.

El estimador mensual de actividad industrial (EMI) registra en agosto de 2017 un crecimiento de 5,1% respecto a agosto de 2016. En el balance sectorial, varias actividades presentaron variaciones positivas, destacándose la metalmecánica (20,2%), las metálicas básicas (+19), los minerales no metálicos (+8,6), automotriz (+7,1%) y el caucho y plástico (+5,3%).

La reactivación industrial fue inducida por las industrias proveedoras de la construcción, la leve recuperación del sector automotriz y de los productos de línea blanca, junto a la construcción de gasoductos en Córdoba. A esto se suma la demanda de aluminio de Estados Unidos y México.

La industria más golpeada en agosto ha sido la de alimentos y bebidas (mostrando una retracción del 0,3% en lo que va del año), siendo los sectores que más retracción acumulada presentan la industria láctea (caída acumulada de 6,5%) y las bebidas, que se mantienen estancadas respecto al mismo período del 2016 (0,2%).

En contraste, la recuperación del consumo fue más lenta de lo esperado: en julio las ventas de supermercados se encuentran atrasadas respecto a julio de 2016 en términos reales según el INDEC, mientras que las ventas en centros comerciales cayeron 5,7% interanualmente. Los relevamientos de CAME tampoco permiten proyectar con optimismo, ya en agosto y septiembre las ventas cayeron volvieron a caer levemente (0,3% y 0,1%) respectivamente.

Otro aspecto que tira para abajo la recuperación del próximo año son los efectos de la inundación sobre la producción agrícola. Debido a que las fuertes lluvias cayeron sobre el inicio de la campaña de cosecha de trigo y los campos anegados persistirán al momento de decidir la superficie sembrada de soja y maíz. De modo que, según información de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la campaña de trigo, se observa una caída en la producción total de casi un millón de toneladas menos, pese a que se sembraron 100 mil hectáreas más. La caída se explica por la disminución en la proyección del rinde de 33 a 30 quintales por hectárea para un total de superficie anegada de 190 mil ha.

En términos económicos esto totaliza una pérdida de producto de exportación equivalente a USD 160 millones. Por el lado de la proyección de siembra de soja y maíz, según el relevamiento realizado por Confederaciones Agrarias Argentinas (CRA) se espera una disminución en la superficie sembrada de 1,1 millón de hectáreas para soja y de 300 mil para maíz, lo que implicaría una perdida cercana a USD 1.100 millones para soja y de USD 384 millones para maíz.

Las cuentas externas en rojo

El sector externo no da tregua. El saldo comercial deficitario de agosto alcanzó los USD 1.083 millones y el septiembre los USD 765 millones, mientras que la formación de activos externos tocó un récord de USD 3.154 millones.

Asimismo, por utilidades y dividendos salieron USD 413 millones. Como indicamos anteriormente, esta sangría de divisas solo es sostenible con niveles crecientes de endeudamiento externo.

Respecto a los niveles cambiarios, a pesar de que nuestra economía fue en septiembre un 2,4% más cara que un año atrás, todavía no se ha disuelto el efecto de la devaluación de 2015, ya que el tipo de cambio real multilateral se encuentra un 21% depreciado respecto a esa fecha gracias a la mano que nos dió la apreciación del real brasileño.

CESO| Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz

 

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