27 de July de 2021

Denuncia contra Macri y varios de sus funcionarios por colaboración con el golpe en Bolivia

«Que se haya colaborado para reprimir una protesta contra un golpe me parece de una gravedad enorme», aseguró el presidente Alberto Fernández poco después de que su gobierno presentara la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y varios de sus exministros, entre ellos Patricia Bullrich y Oscar Aguad, por haber respaldado con hechos el golpe contra Evo Morales en noviembre de 2019.

Para concretar ese objetivo, dice la demanda, los entonces funcionarios llevaron adelante «una maniobra engañosa y premeditada» para disimular el envío de material bélico a los golpistas bolivianos que luego utilizaron en las masacres conocidas como Sacaba y Senkata. En ese contexto, la denuncia afirma que el gobierno de Cambiemos «contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto» y por eso, en principio, los acusan de contrabando agravado, que incluye armas y municiones de guerra, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.

La demanda describe de manera puntillosa la sucesión de hechos que derivaron en el envío del material bélico que se justificó con una misión de protección del embajador, su familia y la embajada argentina en Bolivia que protagonizaron 10 gendarmes integrantes del grupo Alacrán. Pero los denunciantes afirman que esto tenía como objetivo el «ocultar una maniobra que convertía a sus autores en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en el país de Bolivia y de graves vulneraciones a los derechos humanos del pueblo boliviano». Así lo dice el escrito que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Justicia, Martín Soria y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Los exfuncionarios macristas son acusados de eludir la participación del Congreso como entidad responsable de autorizar la salida de efectivos de la Gendarmería y del material bélico enviado con ellos, tal como lo establece la Constitución. Pero de haberse seguido este procedimiento hubiese salido a la luz la colaboración con el golpe. Al mismo tiempo, los denunciantes afirman que la maniobra de ocultamiento implicó violar tratados internacionales como el de comercio de armas, que prohíbe el envío de armas a un Estado que viva una situación de conflictividad como que por esos días atravesaba Bolivia y, por lo tanto, lo que hizo Macri fue intervenir en asuntos internos de otro país.

Además de Macri, Bullrich y Aguad, deberán responder ante la justicia el excanciller Jorge Faurie, el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector General de Aduanas, Diego Jorge Dávila, el exdirector de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi; el entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística y Carlos Miguel Recalde, Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.

Todos éstos participaron, según la denuncia, de «un hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero».

La maniobra
Los denunciantes afirman que todo el operativo para llevar adelante ese respaldo a los golpistas comenzó el 7 de noviembre de 2019 cuando el entonces director de Anmac, Cozzi, modificó la regulación de la salida definitiva o temporaria del país de materiales controlados. Esa decisión administrativa que flexibiliza los requisitos para las salidas temporarias de armamentos termina por eliminar las exigencias de informar a la aduana.

El 11 de noviembre Gendarmería pide la autorización de exportación temporaria del armamento que iban a usar los gendarmes. Allí mismo, dice la denuncia, se hizo una ampliación del cupo de municiones a llevar. Al día siguiente, el 11 de noviembre, la Gendarmería pidió otra ampliación del material a trasladar. Ahí figuran los 70.000 cartuchos anti-tumultos y 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas hostigamiento. Un listado que coincide con la nota de agradecimiento que el 13 de noviembre enviará el entonces jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara.

Un dato curioso es que en los archivos de la Anmac no existe una autorización de salida de las granadas de gas pero que existen en los listados de la Gendarmería y en el agradecimiento de Terceros Lara. Sin embargo, cuando los gendarmes regresaron en junio de 2020, tuvieron que informar y justificar el reingreso del material sobrante, nada se dijo de la exclusión de las granadas lo que para los demandantes implica un reconocimiento de la salida irregular. Es necesario destacar que el Hércules en el que se trasladaron los gendarmes incluyó el transporte de 177 bultos. Ese avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en Bolivia durante la madrugada del 13 de noviembre. Jeanine Añez ya llevaba dos días usurpando la presidencia de ese país.

Hay otro dato a destacar. El 15 de noviembre la entonces ministra Bullrich firmó y emitió la resolución que autorizaba la salida de esos efectivos. Ese mismo día, a las 20.05, la Gendarmería envió un sobre al Ministerio con la nómina de los gendarmes. Dos horas más tarde se publicó la resolución de Bullrich, pero los gendarmes estaban en la Paz hacía ya dos días. Bullrich firmó la autorización sin esperar un dictamen del departamento jurídico de la Gendarmería y mucho menos el del ministerio que conducía.

El contrabando
Todo este material transportado junto con los gendarmes representan lo que se denomina «exportación temporaria», en este caso se trató de armas de fuego y otros materiales controlados. Esto implica la autorización para sacar esos elementos del país durante un determinado período de tiempo que, cumplido ese plazo, deben ser reintegrados al país.

Ahora bien, lo que ha detectado la Aduana son discrepancias entre el objetivo por el cual se sacaron del país y el uso que tuvieron después. Porque una exportación temporaria impide de manera taxativa la entrega de ese material bélico a fuerzas militares bolivianas tal como consta en la nota de agradecimiento de Terceros Lara y las autorizaciones del ingreso de ese materia que hizo la Policía de Bolivia y que consta en la investigación realizada por el ministerio que conduce Frederic.

Es más, en julio de 2020, cuando regresaron los gendarmes y el entonces titular de la Dirección de Operación de Gendarmería, Carlos Recalde justificó el “consumo” total de los 70.000 cartuchos “anti tumulto” con el ejercicio de entrenamiento y práctica de los uniformados.

Esta discrepancia y las otras evidencias que incluye la denuncia, le permite a los demandantes sostener la hipótesis del contrabando y el desvío de armamento para un fin no declarado. En ese sentido, la demanda es contundente al sostener «que entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia».

La paz de la región
Entre los delitos que incluye la demanda está la violación de los artículos 219 y 220 del Código Penal. El primero se refiere a las penas de uno a seis años por realizar «actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno» y que pongan en peligro la paz de la Argentina. Estas penas pueden ser de 3 a 15 años si esos actos provocan una guerra.

En el caso del artículo 220, se determina pesas de seis meses a 2 años para el que viole tratados internacionales, treguas y armisticios. Las penas se incrementan si estos actos son cometidos por militares.

Felipe Yaour – Página/12