Dar el debate para construir una justicia democrática, por Antonio Muñiz

Dar el debate para construir una justicia democrática, por Antonio Muñiz

Todos los estudios de opinión pública coinciden en señalar que la justicia es una de las instituciones del Estado con mayor desprestigio.

Si bien hay consenso sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento de todas las instituciones del Estado y sobre todo el Poder Judicial, hay sectores de la misma justicia, de los medios y de los grupos políticos opositores que cuestionan la decisión de llevar adelante la reforma.

Los argumentos son muy flojos, no van al fondo de la reforma, se quedan en la oportunidad y en una supuesta intencionalidad política de encubrir la corrupción del gobierno de CFK. Esta negativa de la oposición de discutir el fondo de la cuestión, que por otra parte está abierto al debate y a proposiciones superadoras, muestra no solo la endeblez de sus argumentos, sino también la intencionalidad de sostener el status quo de un poder del estado, que huele a podrido desde hace décadas.

Sin entrar en el entramado legislativo y normativo que está en plena discusión y elaboración, a partir del trabajo de una comisión asesora nombrada para ese fin. Sería conveniente re plantear hoy la discusión en sus justos términos, y sobre todo en los marcos del debate.

La preguntas son: ¿si no es ahora, cuándo? y ¿por qué no ahora? Y viendo los actores que se oponen queda claro que esta justicia le sirve a muchos grupos de poder, por eso el empecinamiento de oponerse porque sí o suspenderlo en el tiempo a la espera de tiempos políticos mejores para la oposición.

Es probable que el gobierno de AF esté cometiendo un error táctico, la reforma judicial es un tema demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los abogados. La mirada corporativa que pueden hacer los hombres de leyes, puede y de hecho lo hacen sesgar la discusión y alejar la misma del resto de la comunidad.

Está claro que es necesario entre otras cosas “democratizar la justicia”. El poder judicial en su estructura y lógica de funcionamiento en una rémora de la Edad Media, un resabio de la sociedad pre moderna. Las formas, los procedimientos, los tratos y títulos de “excelencia” o “señoría”, el no pago de impuestos, los cargos casi “hereditarios”, son ejemplos de formas pasadas de moda. Los jueces son ciudadanos comunes que tienen una función específica marcada por la constitución, no son una aristocracia superior al resto de la ciudadanía.

Por esto también es importante abrir el debate a toda la sociedad, que los ciudadanos puedan participar a través de las ONG, las universidades, sindicatos, organismos de derechos humanos, etc. O sea, romper los marcos que aprisionan y condicionan el debate serio. La experiencia llevada adelante para la sanción de la ley de medios, ampliamente participativa, es un camino que se debe seguir en las consultas sobre la reforma. La ley de medios se ganó en el debate y en la calle y se perdió en los tribunales y los subsuelos de la política.

En este gran debate hay que poner en cuestión toda la lógica del sistema judicial. Es un poder, que además de la corrupción que hoy lo carcome y del cual hablaremos párrafos abajo, es un poder conservador, patriarcal, machista, represivo, un obstáculo para el desarrollo de cualquier iniciativa o proyecto que cuestione el status quo vigente.

La corrupción del sistema judicial no es nueva. En las últimas décadas se ha producido un fenómeno de cooptación de los jueces, sobre todo federales, por parte de los servicios de informaciones del estado y de los medios de prensa concentrados. Son muchos jueces federales que son casi empleados de los servicios y de las corporaciones.

Hay viejos casos vergonzosos, como la jueza Pura de Arrabal, casi una escribiente del grupo Avila- Manzano en Mendoza y otros que están saliendo a la luz como el contubernio de jueces como Irurzun, Bonadío o fiscales como Stornelli que distorsionan la justicia a su gusto e intereses de sus patrones. La visita periódica de “servicios”, periodistas “amigos”, representantes del lobby empresario mediático, a los juzgados de Comodoro PY está ampliamente probada.

La experiencia de los últimos cuatro años muestra el grado de deterioro que tiene sobre si la justicia en general y la federal en particular. En los años nefastos del macrismo se avanzó sobre la libertad y los bienes de ciudadanos, la prisión de dirigentes políticos y sociales opositores, en causas armadas a medida y respaldadas por intensas campañas de prensa contra esos dirigentes o para apretar a los jueces para que sean funcionales a los deseos del poder.

Estos no fueron hechos aislados, sino formaron parte de una política de utilizar a la justicia como arma para perseguir opositores y garantizar a través del miedo y la coacción la perpetuación del gobierno neoliberal y su proyecto de acumulación de un sector sobre el despojo de las mayorías populares.

Este accionar mafioso denominado Lawfare o la guerra judicial, puede definirse como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba, para lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”. Lamentablemente no es solo un fenómeno argentino, sino también el lawfare es una herramienta que se utiliza en toda la región, tanto Brasil, como ecuador, son un ejemplo perverso de esto.

Hubo muchos casos en estos años de jueces que fueron atacados desde los periodismo mercenario con campañas de difamación a efectos que se amoldaran al poder de la mesa judicial macrista, o darle razones para el juicio político y forzar su renuncia, como fue el caso de la Procuradora Gils Carbo. En otros casos se forzó el cambio de funciones arbitrariamente, se castigó a los rebeldes y se premió a los jueces dóciles y amigos.

Está claro que esta forma de funcionamiento está basada en procedimientos profundamente ilegales, que ameritan una profunda investigación y castigo de todos los responsables. Y está claro además que un país no puede funcionar cuando uno de los poderes del estado está en una situación de descomposición tan manifiesto.

El Gobierno cree oportuno dar esta batalla, sabiendo que es una pulseada compleja, sobre un tema técnico que es muy difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos, pero que sin embargo impacta de manera concreta la vida diaria de los argentinos.

En este tema no hay espacio para gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie en el fondo. Por ello que es necesario ampliar el debate para lograr el mayor consenso social posible sobre una reforma profunda sobre el sistema judicial.

Una democracia no puede funcionar si se permite que desde el estado mismo se boicotee el accionar de los otros poderes y se beneficie a los grupos concentrados en contra de los intereses y necesidades del pueblo.

Antonio Muñiz 

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