26 de septiembre de 2020

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Correo: Peña defendió el convenio y rechazó que exista «conflicto de intereses»

En la primera conferencia de prensa que brindó el Gobierno luego de que trascendiera el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, empresa propiedad de Franco Macri, por una deuda del año 2001, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el encargado de desligar al presidente Mauricio Macri del escándalo, y de atender a los reclamos de la oposición al exigir a la Cámara federal que aborde el tema de «forma integral».

En este marco, Peña informó la intención de solicitar a la Auditoría General de la Nación (AGN) que se exprese sobre el acuerdo, el cual calificó de «técnico, no político». En ese sentido, reiteró que «no hay conflicto de intereses» pese a que se trata de una empresa propiedad del grupo familiar del presidente Mauricio Macri, SOCMA encabezada por su padre, y el Estado nacional.

«No es un problema político, es técnico-judicial, por lo que nunca fue debatido con el Presidente. El Estado interviene a través de sus áreas competentes, no todas las acciones pasan por decisiones del Presidente, sobre todo cuando están en estado judicial», amplió.

Sin embargo, el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, rechazó que el organismo intervenga por el polémico acuerdo, luego de que hiciera esa solicitud el jefe de Gabinete.

«No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoria después de que se armó el escándalo», afirmó Lamberto.

Por su parte, Peña dijo que el planteo del Gobierno «es muy claro». «Se obró según la ley en el marco de una discusión judicial, con total transparencia. La transparencia y legalidad es total, tenemos absoluta y plena convicción de ello», señaló.

El funcionario sostuvo que el Gobierno propone que la Cámara federal «integre todas las discusiones para que no haya desequilibrios. Si hay un perjuicio para el Estado es por no haberlo resuelto en estos 12 años».

El ministro de Comunicaciones y uno de los responsables de avalar el acuerdo, Oscar Aguad, acompañó a Peña en la rueda de preguntas, y aseguró que «jamás» consultó al Presidente antes de la firma. «Él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión de familiares, lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado», afirmó.

El funcionario, que fue blanco de críticas de la oposición a raíz de la condonación de la deuda, pidió también «que la Justicia busque institucionalmente un mecanismo que solucione este problema» y se mostró «a disposición del Congreso para el día que me convoque».

Por otra parte, justificó que «no se consultó con la Oficina Anticorrupción porque no tiene que ver con la corrupción». Además, aseguró que el acuerdo está «blindado».

Vale recordar que La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, consideró que la homologación de ese acuerdo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma. Para el Gobierno, en cambio, todo se hizo de forma transparente, y asegura que no se le perdonó «ni un mango» al padre del Presidente.

En su dictamen ante lo que deberán resolver los camaristas del fuero, Boquin advirtió que la propuesta llevaría a una quita de $70 mil millones a 2033.

Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta «que directa o indirectamente beneficie» a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri. El Gobierno había aceptado la propuesta de Correo Argentino en junio del año pasado.

La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado «equivale a una condonación» de la deuda «y debe considerarse abusiva» en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033.

Asimismo, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Boquin destacó que «la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA».

El Estado Nacional es titular del 32,65% del pasivo concursal de la firma. La segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia (del 28 de junio de 2016)- «mejoraba» el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que «el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%», de acuerdo con el cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad «es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional». «Familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie», apuntó la fiscal.

En tanto, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Balbín, anunció que abrirá un sumario administrativo «destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino S.A.» y a «establecer las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes».

La resolución ordena el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., y de los involucrados por la parte empresaria en la deuda de la compañía.

ámbito.com

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