Dos funcionarios municipales se acercaron y se comprometieron a darle una solución al problema.
Ayer, luego de que trascendiera públicamente el conflicto que mantiene en vilo a Tekoa Mbokajaty, en San Ignacio, por el intento de usurpación por parte de terceros de su territorio ancestral.
Hoy, Bernardino Villalba y Rosalino Ramos, mburuvichas de las Comunidades, presentaron una nota al intendente, Esteban Romero, para comunicar formalmente la intrusión y solicitar la intervención urgente.
En la nota dieron cuenta de lo sucedido desde el 27 de julio, fecha en que una mujer y un hombre se instalaron en su territorio junto con tres niñas, quienes además manifestaron haber sido enviados allí por la Comisaría de la Mujer.
Si bien aparentemente la mujer y las niñas ya se retiraron del lugar, sus pertenencias y el hombre que la acompaña siguen allí, junto con un perro muy agresivo.
Se trata de un espacio que la Comunidad ya había limpiado y donde se encontraba construyendo una casa para una anciana mbya.
“Sin ánimo de hacer ningún juicio de valor sobre las circunstancias que llevaron a esta familia a intentar la ocupación, y reconociendo sus condiciones de vulnerabilidad, hemos realizado la denuncia respectiva, lo cual derivó en una intervención policial que lejos de resolver el conflicto ha intentado justificarlo diciendo que el espacio sería público por ser una calle, que las personas son pobres y otras justificaciones absolutamente inaceptables”, manifestaron en la nota presentada esta mañana.
Y en este sentido, agregaron: “No se puede trasladar a nuestra Comunidad una responsabilidad que no nos cabe, esto es resolver un problema habitacional. Estas personas fueron incentivadas irresponsablemente para la ocupación como forma de eximir al Estado, en este caso municipal, de su obligación de brindarles condiciones dignas de vida o recursos para la subsistencia”.
Por esta razón, se presentó una copia de la nota a las autoridades provinciales, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, teniendo en cuenta que no puede considerarse una asistencia social arrojar a una familia a ocupar un terreno a la intemperie.
Además, dejaron constancia de que el territorio en cuestión fue relevado en el marco de la Ley 26160, que implica el pleno reconocimiento estatal de la posesión ancestral sobre el territorio delimitado, solicitando que no se vulnere este derecho.
“Nuestros derechos ancestrales sobre el territorio son irrenunciables, intransferibles y, en defensa de los mismos, exigimos la pronta intervención y solución definitiva con el retiro inmediato de estas personas y sus pertenencias de nuestro territorio”, sentenciaron.
EMiPA – Equipo Misiones de Pastoral Aborigen
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