21 de septiembre de 2020

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Buscan otra vez los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Buscan otra vez los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República (PGR) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunciaron el inicio de los trabajos relacionados con el nuevo estudio del fuego en Cocula, Guerrero, en donde según la dependencia federal

fueron incinerados los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Ello después de que tanto integrantes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) descartaron que en el basurero de Cocula se hubiera registrado dicho incendio: “Tenemos la certeza de que a través de fotografías satelitales no hubo un incendio en el basurero en Cocula” y esa nueva evidencia permite dirigir la búsqueda en otros lugares, indicó Ángela Buitrago, integrante del grupo.

El pasado mes de diciembre, el GIEI señaló que desde el 13 de marzo de 2015 solicitaron a la PGR registros o fotografías satelitales para evaluar la existencia del incendio del basurero de Cocula. En el estudio citado, el monitoreo satelital muestra la existencia de un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, el cual no corresponde a las coordenadas de Cocula, dijo en conferencia de prensa Alejandro Valencia, integrante del GIEI.

Explicó que también pidieron a la PGR un estudio a un centro especializado en meteorología sobre la situación en la zona de Cocula-Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

“El estudio, realizado el 30 de septiembre de 2015 por dicho centro, tras la publicación del informe del GIEI, señala en sus conclusiones que la estación meteorológica de Iguala tuvo una precipitación acumulada de 21,8 milímetros entre el 26 de septiembre, de la 1 de la mañana a las cuatro de la mañana del 27 de septiembre de 2014.

Valencia señaló que aunque no se consiguieron registros sobre Cocula, el informe señala que los pronósticos e imágenes de nubes muestran un perfil similar, indicó.

En el comunicado emitido este domingo, la PGR dio a conocer que el grupo de especialistas internacionales y de México, “con una reconocida trayectoria académica y profesional en la materia”, deberá de analizar el evento del fuego en el basurero municipal referido en el expediente de la averiguación previa.

Según el acuerdo, formalizado el 20 de octubre de 2015, durante la audiencia pública del caso Iguala en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este estudio considera que deberá de establecer de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo; que se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos y que se consense el modo en que se realizará el estudio.

Al término de este estudio, que ya está en desarrollo, los expertos entregarán a la PGR y al GIEI un informe de las conclusiones por consenso que deberá ser entregado antes del 31 de marzo. Toda la evidencia que se encuentra en el expediente por parte de los distintos peritos e instancias será puesta a consideración de los expertos, será analizada y contrastada antes de emitir su propio informe.

Según el comunicado, este estudio se realiza en atención a la propuesta de la PGR y atiende una de las líneas de investigación del Caso Iguala.

También, que se continuará avanzando de forma paralela en otras labores ministeriales e indagatorias orientadas al esclarecimiento de los hechos, y a la detención de todos los responsables.

Defensores de DH piden garantías para padres de 43 

Defensores de derechos humanos que han apoyado desde hace 17 meses la lucha de padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa por la presentación con vida de sus hijos, exigieron al gobierno federal brindar las garantías al movimiento para continuar con su demanda hasta que sea resuelta.

Luego de que integrantes del movimiento denunciaran que en la madrugada de este domingo el autobús en el que viajaban madres y padres de los 43 normalistas presuntamente fuera agredido en la caseta San Martín Texmelucan, de la autopista México-Puebla, los defensores exigieron al gobierno la búsqueda de los desaparecidos.

“Hacemos un llamado al gobierno federal a que deje de lado esa soberbia con la que están tratando el movimiento y (al presidente del país) a que asuma su función como representante del Estado mexicano”, opinó Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles Defensores de Derechos Humanos.

Lo más importante debe ser la búsqueda con todas las herramientas tecnológicas posibles de los desaparecidos, y brindar respuestas a los padres de los jóvenes de qué fue lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014.

Defensores de derechos humanos, estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales del país denunciaron que cuando se dirigían a Necaxa-Puebla, como parte de la Caravana por la Verdad y la Justicia que inició el 22 de febrero en la Ciudad de México, el camión en el que viajaban los padres fue agredido.

Según el testimonio que dieron madres de los 43 desaparecidos a través de comunicados y redes sociales, cuando se dirigían por el poblado de San Martín Texmelucan en el estado de México hacia Puebla, uniformados que ellos identificaron como presuntos policías federales rompieron el cristal del autobús a la altura del asiento de la mamá del normalista Julio Cesar López Patolzin, con sus nietos, un bebé de dos meses 20 días y una niña de cuatro años.

Después de esta acción  los familiares bajaron del autobús para ver lo ocurrido y los uniformados les apuntaron con armas, luego tomaron la caseta y recolectaron dinero para continuar con su caravana.

“Para todo el movimiento  de derechos humanos y todo el movimiento social, estos hechos no dejan más que confirmar lo que ya hemos señalado: hay una criminalización en contra de los padres, en contra de las organizaciones que apoyan ese movimiento. Se está ejerciendo una campaña en contra del movimiento”, consideró Olivares.

Pidió junto a una decena de organizaciones defensoras un alto a la denostación del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del grupo de forenses argentinos y de los mismos activistas que apoyan a los padres y madres de Ayotzinapa.

El Universal / NODAL

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