Muchas veces, dentro de un mismo territorio Mbya, pueden librarse diferentes batallas. Este es el caso de Mbokajaty 1 y 2, ubicadas en San Ignacio.
El jueves se dio a conocer la situación que viven los miembros de Mbokajaty 1, con particulares que buscan apropiarse de lo que no les pertenece y construir allí.
El apoyo mutuo entre ellos mismos y con otras Comunidades de la zona es constante y no quedan dudas de que la unión hace la fuerza.
Por eso, días atrás, la Comunidad Mbokajaty 2, logró frenar una construcción que estaba prevista dentro de su espacio territorial, de la que no habían sido consultados.
“Empezó cuando la gente de Santa Fe vino y sin hacer consulta previa limpiaron lo que es el territorio Mbya relevado por Ley 26160. Como no nos consultaron, mi papá fue a donde estaban trabajando y les explicó que tenemos derechos, que somos preexistentes como dice la Constitución”, recordó Reinalda Ramos, mburuvicha segunda de la Comunidad.
Precisamente, se refiere a la Fundación Hábitat y Desarrollo, con sede en Santa Fe y Buenos Aires, y que hace un par de años atrás compró dos lotes para conservación y posterior donación al Ministerio de Ecología de Misiones, bajo el nombre de Reserva Tenondé, en el Teyu Kuare.
No hubo altercados y los representantes de la fundación se manejaron con respeto hacia la Comunidad, pero no se hizo la consulta previa, libre e informada, un diálogo intercultural necesario y obligatorio para el Estado cuando se realiza cualquier actividad que pueda afectar a un Pueblo Indígena.
Unos días después de ese primer encuentro, uno de los trabajadores se acercó a la Comunidad para explicarles en concreto cuáles eran sus objetivos y por qué estaban allí.
“Ellos tenían una propuesta muy agradable, de cómo cuidar el monte, pero no hicieron la consulta. Mi papá y yo les dijimos que no podíamos decidir solos porque hay otra Comunidad dentro del relevamiento, que es Mbokajaty 1. Hablamos con los otros caciques y ellos dijeron que no estaban de acuerdo con que vengan a vivir”, explicó Reinalda.
Es que, dentro de este plan de conservación, estaba prevista –entre otras cosas- la construcción de una vivienda para un investigador, ya que el principal interés está puesto en el tipo de pastizal que crece en la zona, de características únicas en el mundo.
Fue entonces cuando convocaron a una reunión, de la que participaron varios mburuvicha de la zona, líderes de la organización tradicional Mbya, Aty Ñeychyrõ, y miembros de EMiPA.
“Los integrantes de la fundación entendieron lo que les dijimos del relevamiento, la Ley 26160, y nos dijeron que sigamos defendiendo nuestro territorio de la gente que quiere entrar, no solamente de ellos. No aparecieron más”.
Esta experiencia de defensa territorial es una de las tantas que vienen dando en toda la provincia las diferentes Comunidades, y específicamente en San Ignacio, un lugar muy codiciado por su paisaje y ubicación, donde se ponen en venta lotes que pertenecen al Pueblo Mbya, pero los dueños del poder fingen no verlos.
Aun así, es un ejemplo de que la lucha por la defensa de lo propio es el camino, un derecho avalado constitucionalmente y justificado en la preexistencia, en un país que todavía no reconoce sus antepasados.
EMiPA