Las filtraciones crecen en frecuencia, impacto y credibilidad. Una banda de impresentables queda expuesta. Los servicios de inteligencia ocupan el lugar de los denunciantes anónimos y publican sin intermediarios.
A propósito de la filtración de los chats del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro (foto), después de gritar lo evidente convendría mirar lo que hay detrás.
Lo evidente es que los chats desnudan a una banda de personajes públicos con nombre y apellido culpables de actos impresentables que la sociedad, sus instituciones y la Justicia en particular no deberían pasar por alto. Pero hay más.
Las noticias derivadas del chat del ministro confirman que las filtraciones crecen en frecuencia, impacto y credibilidad dentro del periodismo de investigación, tanto a nivel local como a nivel global. Desde la irrupción del Cablegate de WikiLeaks en 2010, que dio inicio a era de las megafiltraciones, hemos visto como los Vaticanleaks, Football Leaks, Panama Papers, Drone Papers, Hillaryleaks, Vault7 de la CIA y un largo etcétera de filtraciones variopintas sacudieron la agenda mediática mundial.
En Amércia Latina los Moroleaks sobre la persecución judicial a Lula y los Rickyleaks sobre la corrupción y homofobia de los gobernantes de Puerto Rico encabezan esa lista. Y en Argentina los Ecoleaks sobre contaminación minera en Mendoza y los Gorraleaks de la Policía Federal también dejaron su huella.
Buenas y malas
La proliferación de filtraciones no significa que todas sean buenas, justas o cumplan con el estándar mínimo de publicación que establecen las reglas del periodismo, esto es, que sean de interés público y de veracidad comprobada.
De hecho la filtración de los chats de Lago Escondido solo se comprobó después de ser publicada a través de los periodistas mencionados y en la de Rosatti y la de las grúas dicha comprobación está pendiente, aunque las circunstancias que las rodean le otorguen un alto grado de credibilidad.
También hay filtraciones que no fueron suficientemente curadas o editadas, como el caso de los Gorraleaks, donde la violación de privacidad de las personas nombradas parece innecesaria y/o injustificada y hasta podría haberlas puesto en peligro.
Otras filtraciones nunca debieron ser publicadas, como el caso de “la cheta de Nordelta”, que revela declaraciones racistas, sí, pero de un chat privado de una persona que nunca tuvo cargos en un gobierno ni exposición pública.
A pesar de las declamaciones de D´Alessando, sus compañeros de ski y las corporaciones mediáticas que los apañan con frases como “hackeo ilegal”, otro dato de la realidad es que la legalidad de publicar filtraciones, acá y en el mundo, prácticamente ya no se discute.
La excepción vendría a ser Julian Assange, acusado de terrorismo y espionaje por publicar secretos de estado e información vergonzosa para los gobiernos de Estados Unidos.
De ahí el clamor unánime de los organismos defensores de derechos humanos y libertad de expresión y de los medios de comunicación del planeta para que sea liberado de culpa y cargo.
Distinto es el caso de los topos, arrepentidos, lanzadores de alerta, whistleblowers o como se quiera llamar a las personas que, ya sea desde un hackeo externo o sustracción interna, se hacen de una filtración para que sea publicada. Estas personas aun no cuentan con la protección legal que sí tienen los medios y periodistas que publican sus filtraciones.
Desde el punto de vista legal pueden ser y muchas veces son acusados y acusadas de robar información, aunque como dice Assange, la idea misma de que cierta información puede ser robada merece ser repensada.
“Si yo miro el reloj en tu muñeca para saber qué hora es, ¿te estoy robando la hora?” alguna vez me preguntó. O sea, no es lo mismo llevarse un auto o una billetera de otra persona que obtener y hacer divulgar información confidencial que revela una situación injusta. Sin embargo, para la justicia, en ambos casos corresponde el término robo.
Nueva tendencia
Los chats de D´Alessando también podrían formar parte de una nueva tendencia en el universo de las filtraciones. Desde la detención de Assange en 2019 y el juzgmiento criminal de whistleblowers como Chelsea Manning, Reality Winner, Herve Falciani, Katherine Gun, Rui Pinto, Daniel Hale o el mayordomo de Juan Pablo II ha disminuido el aporte de individuos como ellos que, por razones morales, económicas, psicológicas, o lo que sea, deciden filtrar información, valiéndose de sitios de filtraciones como WikiLeaks, The Intercept o el Consorcio de Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ).
Las nuevas filtraciones por lo general provienen de grupos de hackeo vinculados a corporaciones estatales, provinciales o municipales que filtran información por razones políticas.
Así sucedió con la filtración de los mails de Hillary Clinton en 2016, obtenidos por un grupo de hackers rusos vinculados al Kremlin, Gucifer 2.0.
También con los Sonyleaks del 2014 obtenidos por los Guardianes de Paz, un grupo de hackers vinculados al gobierno de Corea del Norte. Y prácticamente lo mismo pero a la inversa sucedió con los Ughurleaks difundidos por periodistas del ICIJ el año pasado.
El mismo consorcio reconoce que la fuente es un profesor que trabaja para una fundación financiada por el Congreso de Estados Unidos para investigar a China, y dicho profesor dice que recibió la información de un miembro de un servicio de inteligencia estadounidense.
Caso similar al de las llamadas de soldados rusos interceptadas por inteligencia ucraniana que en septiembre publicara el New York Times. Otras filtraciones de origen desconocido parecen contar con el guiño, la aprobación, o la protección legal de estados o gobiernos.
Es el caso de los Panamá Papers y los Paradise Papers, entre otros, que podrían formar parte de una campaña de Estados Unidos para acabar con los paraísos fiscales fuera de ese país. Tras esas publicaciones el supuesto robo de información a reconocidos estudios de abogados de todo el mundo pasó prácticamente desapercibido y nadie parece haber investigado a las fuentes de información, cuando en otras filtraciones la fuente fue rápida y agresivamente investigada, identificada y criminalizada.
En el caso de D´Alessandro, al tratarse de diferentes grupos de chat, parece poco probable que alguien de su círculo íntimo lo haya traicionado, como habría sucedido con el gobernador de Puerto Rico en los RickyLeaks.
Mas bien, la filtración parece resultar de un hackeo que él atribuye al gobierno y sus denunciantes a la interna del PRO, pero que unos y otros coinciden en señalar como autor intelectual a algún sector de inteligencia que le responde a sus adversarios políticos. V
a de suyo que se extraña el protagonismo de los románticos whistleblowers de antaño, pero a la hora de publicar no debería importar de dónde viene la información en tanto sea verídica y de interés público.
Periodismo y tecnología
Lo cual nos lleva a quizás lo más novedoso de la filtración de D´Alessandro. El mundo del periodismo y por lo tanto el de las filtraciones se mueve al ritmo vertiginoso de las nuevas tecnologías.
Y esas mismas tecnologías que amenazan con volver obsoletos a los medios tradicionales, también podrían estar poniendo fecha de vencimiento a los sitios de filtraciones como WikiLeaks. Es que a medida que más personas aprenden a subir información sin ser detectadas a redes y plataformas accesibles al público en general, ya no parece tan necesaria la intermediación de sitios especializados en cubrir sus huellas.
Basta con subir la información a la nube y hacerle saber a un periodista que dicha información esta disponible. Así sucedió con los Sonyleaks, los Gorraleaks y ahora con los chats de D´Alessando.
Por eso la línea que separa a fuente y publicador se vuelve cada vez más delgada. Si subir información a la nube es publicar, y todos podemos publicar, entonces todos podemos ser periodistas. Ante la sociedad y ante la ley.
Lo que está en juego en el caso Assange es justamente eso: nadie discute que hizo lo que hace un periodista al publicar el Cablegate con cinco de los medios más prestigiosos del mundo. Pero el fiscal lo acusa de no ser periodista porque el gobierno de Estados Unidos ha calificado a WikiLeaks como “servicio de inteligencia no estatal hostil”.
Si gana, los estados podrán decidir quién es periodista y quién no, lo cual representa una grave y evidente amenaza para el periodismo, la libertad de expresión y la democracia. Pero aún así no podrá frenar la próxima generación del filtradores y filtraciones porque cada vez es más difícil esconder información y más fácil transmitirla.
Las filtración de D´Alessandro debería servir de advertencia a personajes y funcionarios públicos que adoptan conductas censurables al amparo de su supuesta impunidad.
Bienvenidos a la era post WikiLeaks.
Santiago O’Donnell
Página/12