23 de septiembre de 2020

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Así robaron Papel Prensa

Pasaron 40 años, pero lo que ocurrió ese 2 de noviembre de 1976 sigue impune. En las oficinas del diario La Nación, en Florida 343, un grupo empresario que estaba construyendo una fábrica de papel para diarios fue obligado a “ceder” sus acciones a los tres diarios más importantes del país, aliados en ese proyecto a la Dictadura militar más sangrienta de nuestra historia.

Una historia escalofriante de robo, tortura y muerte que dio origen a la hegemonía de Clarín y La Nación.

Desde entrado el siglo XX Argentina era uno de los países con mayor circulación de diarios del mundo, pero llevaba décadas importando su insumo básico: el papel. El mismo Roberto Noble, fundador de Clarín, planteaba la cuestión en 1960, cuando publicó su libro “Argentina Potencia Mundial”.

Allí, Noble trazaba seis de prioridades (siderurgia, caminos, transportes, carbón, energía y petroquímica) que consideraba necesarias para que la Argentina fuera potencia mundial en 1985, año para el cuál vaticinaba una población de 65 millones de habitantes y una tirada de diarios de 6 millones de ejemplares.

Ni estas ni otras previsiones de Noble para 1985 se cumplieron, pero en el mismo texto advertía que para ese entonces “los diarios argentinos serán abastecidos de papel por la propia industria papelera argentina”.

Noble falleció el 13 de enero de 1969. Pero esa obsesión, repetida en editoriales de Clarín y compartida por otros dueños de diarios, comenzó a tomar forma a los pocos meses de su muerte, cuando el 11 de agosto de ese año el dictador Juan Carlos Onganía dispuso, por medio de la Ley 18.312, la creación del Fondo para el desarrollo de la producción de Papel Prensa y Celulosa, al que todos los diarios tenían que aportar un impuesto del 10% aplicado a la importación de papel.

La dictadura llamó a licitación de una fábrica de papel, pero ningún oferente cumplió los requisitos. Los militares, ya con Alejandro Agustín Lanusse al mando, decidieron adjudicarles la obra directamente a la firma Papel Prensa SACIFyM, integrada por César Augusto Civita, César Alberto Doretti, Luis Rey y la Editorial Abril.

En la distribución de la empresa, el Estado retuvo el 25% de las acciones Clase B, mientras que los empresarios se quedaron el 26% de las clase A. Todo el resto quedaron disponibles, y con el tiempo Civita, Rey e Ingeniería Tauro las adquirieron hasta manejar la mayoría del paquete accionario.

A finales de 1973 entró en escena el grupo Graiver, a través de Rafael Ianover, testaferro del banquero David Graiver, que comienza a comprar acciones de Papel Prensa. Todo con el apoyo de José Ber Gelbard, por entonces ministro de Economía del tercer gobierno peronista, que puso en juego tanto su lobby empresarial como recursos estatales para apuntalar el desembarco de los Graiver.

En 1975, Galerías Da Vinci (ariete de varios negocios de Graiver, su propietario) también adquirió acciones de Papel Prensa y entre 1975 y 1976, tanto esta empresa como Ianover le hicieron aportes de capital al proyecto. Más allá del complejo entramado de traspasos y compras de acciones, para agosto de 1976 el grupo Graiver tenía el control absoluto de Papel Prensa.

Sin embargo, por ese mismo entramado, faltaba un paso para validar la transferencia: una Asamblea que iba a realizarse el 3 de noviembre de 1976. Un día antes, todo cambiaría.

Tres diarios, tres armas, un objetivo

“Dudi” Graiver murió en un dudoso accidente de avión el 7 de agosto de 1976, mientras viajaba de Estados Unidos a México. Su muerte repercutió de inmediato en su esquema de negocios, cuyo diagrama de relaciones, vínculos y transacciones estaba completo sólo en su cabeza. En medio de aquel drama familiar, Lidia Papaleo, viuda de Graiver, pidió una reunión con Videla, pero se la negaron. Los genocidas tenían otros planes para Papel Prensa.

Entre la muerte de Graiver y el robo de Papel Prensa hubo un juego de pinzas orquestado entre los diarios y los militares. Los medios comandaron una feroz campaña contra Graiver y sus negocios. El gobierno militar atormentaba a la familia para que vendiera la empresa con misivas que llegaban a través del capitán de navío Francisco Manrique, ex ministro de Bienestar Social de Lanusse, y de Pedro Martínez Segovia, a quien Graiver había colocado como Presidente de Papel Prensa y que era socio del ministro de economía dictatorial José Alfredo Martínez de Hoz. A Lidia Papaleo también le llegaron mensajes por medio de su abogado, Miguel de Anchorena: los militares querían que vendiera Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón.

Papel Prensa era un objetivo central tanto para la Junta Militar como para los diarios. Para Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti significaba deshacerse de un socio incómodo y además usarla como prenda de cambio para el silenciamiento de sus crímenes. Para los diarios, obtener el monopolio de su insumo básico.

El objetivo era claro: debían concretar el traspaso antes del 3 de noviembre, fecha de la Asamblea de accionistas. Lo lograron el 2.

Ese día

La idea surgió de la cúpula dictatorial. Más precisamente, del ministro de economía Martínez de Hoz quién, según el testimonio del general José Rogelio Villarreal, lugarteniente de Videla, fue quien propuso que Clarín, La Nación y La Razón se quedaran con Papel Prensa.

Por el lado de Clarín captaron rápido la posibilidad. Por entonces, lo formal indicaba que Ernestina Herrera de Noble era la dueña de la empresa: lo real, que los destinos de Clarín aún estaban en manos del desarrollismo, más específicamente de Rogelio Frigerio y su grupo de confianza, para los cuales, en su perspectiva macroeconómica, el papel de diarios era un rubro importante.

Por entonces pesaba mucho Bernardo Sofovich, a la sazón abogado personal de Ernestina. El contador Héctor Magnetto llevaba cuatro años en Clarín, a donde llegó en 1972 reclutado por el propio Frigerio entre las filas desarrollistas. Su carrera iba en pleno ascenso, al punto que el 15 de octubre de 1976 el directorio de la empresa le había encomendado las tratativas de la compra de Papel Prensa.

Clarín, La Nación y La Razón habían conformado la sociedad Fábrica Argentina de Papel para Diarios SA (FAPEL) en 1974, pero el trámite lo terminaron recién el 12 de febrero de 1976. Las fechas son relevantes, ya que revelan un plan: FAPEL no tuvo ningún movimiento hasta el 2 de noviembre de 1976, cuando se quedó con todas las acciones de Papel Prensa.

En el mismo día, en la oficina de Florida 343, FAPEL se quedó además con las acciones de Galerías Da Vinci y de Rafael Ianover (Clase A), Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver y Lidia Papaleo de Graiver (Acciones Clase C y E). Esa fue la parte formal. La real y concreta, que la viuda de Graiver no olvidaría en estos 40 años, fue que le dijeron que “firmara para conservar la vida de su hija y la suya también”. En esa situación hubo extorsión y delitos de lesa humanidad, tal como los calificó 39 años más tarde el fiscal Leonel Gomez Barbella que, como se verá más adelante, fue uno de los pocos funcionarios judiciales que osó avanzar con la investigación judicial de este hecho.

Pero ese día pasó. El 10 de noviembre, 8 días más tarde, FAPEL les transfirió las acciones Clase A a Clarín, La Nación y La Razón en partes iguales. Al día siguiente, Clarín anunció: “Producirán los diarios argentinos su propio papel” y reconoció que se trataba de “una gravitante decisión del gobierno de las Fuerzas Armadas”. El 16 de noviembre FAPEL les vendió también a los 3 diarios las acciones Clase C y E. Fue la confesión de parte: FAPEL era un sello ficticio cuyo único sentido era ser vehículo para esta transacción.

La dictadura pretendía que Clarín, La Nación y La Razón dejaran entrar al negocio a los demás diarios del país. Pero la negativa fue rotunda. Según consta en la Acta Secreta 14, del 15 de diciembre de 1976, los diarios “no creían prudente ceder acciones de la Clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción”. O sea, a poco más de un mes de concretado el robo, ya los diarios imponían su voluntad frente a los militares. Y no fue la última vez.

Clarín, La Nación y La Razón acordaron relegar al Estado como socio bobo de la empresa. El 18 de agosto de 1977 firmaron un acuerdo que decía: “Los comparecientes convienen en regir las relaciones entre sí, para actuar conjunta y coordinadamente y asegurar la unidad de criterio en la conducción de Papel Prensa SA”. Lo firmaron Ernestina Herrera de Noble por Clarín, Bartolomé Mitre por La Nación y Ricardo Peralta Ramos por La Razón.

El acuerdo establecía: “Las tres empresas convienen y aceptan que sus derechos societarios dentro de Papel Prensa SA se ejercerán coordinadamente, por intermedio de los representantes de cada signataria”: Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre hijo por La Nación y Patricio Peralta Ramos por La Razón.

Entre una y otra jugarreta faltaban dos pasos fundamentales. Uno, el 18 de enero de 1977, cuando una Asamblea extraordinaria de Papel Prensa aprobó la venta de las acciones. Dos, el 14 de marzo Lidia Papaleo fue secuestrada, violada, quemada y golpeada al punto que le generaron coágulos en la cabeza y la tuvieron que intervenir quirúrgicamente en las catacumbas del coronel Ramón Camps. Lo mismo ocurrió con su entorno: Jorge Rubinstein, mano derecha de Graiver, fue asesinado durante la tortura. Isidoro Gravier, Eva y Juan Graiver, Ianover, las secretarias Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi, también fueron secuestrados. No podían quedar cabos sueltos.

El 28 de septiembre de 1978, Ernestina, Magnetto y Videla, junto a otros socios y genocidas, brindaron en la inauguración de Papel Prensa.

Demoras judiciales

Papel Prensa fue el pilar fundamental para que Clarín ingresara al retorno democrático con la solvencia económica pero, sobretodo, con el poder mediático para ser un actor, sino determinante, condicionante de la política nacional.

Algunos lo notaron. Otros, incluso, lo denunciaron. El primero fue el entonces diputado nacional Norberto Imbelloni, que denunció irregularidades en la apropiación de Papel Prensa el 2 de abril de 1984.

Quien se ocupó de esta investigación fue el fiscal Ricardo Molinas, que logró reunir numerosa evidencia. Los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro empujaron la investigación en la justicia de La Plata, hasta que el juez Arnaldo Corazza le remitió la causa a la Justicia Federal de Comodoro Py. Le cayó a Daniel Rafecas, que si bien planteó su incompetencia, en uno de sus escritos dejó asentado que se trataba de un crimen de lesa humanidad.

El Grupo Clarín no se lo perdonó: la empresa y Magnetto en forma personal lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura, que tiempo después descartó el caso. Finalmente, la causa quedó radicada en Comodoro Py, pero en manos de Julián Ercolini quien, junto con el entonces fiscal subrogante Eduardo Taiano, hicieron toda pirueta judicial posible para demorar la causa.

Desde entonces, de los 10 imputados originales fallecieron 5. Entre ellos, Videla, Massera y Martínez de Hoz. Ni el impulso de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior -que sumó testimonios, documentos secretos, archivos desclasificados de Estados Unidos y numerosos elementos probatorios- logró quebrar este pacto judicial. La novedad la generó el fiscal Gómez Barbella, que en 2015 reemplazó a Taiano, y el 11 de marzo de ese año tuvo el coraje de llamar a indagatoria a Magnetto, Ernestina, Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz por delitos de lesa humanidad y extorsión.

El juez Ercolini se opuso en menos de 24 horas, alegando que esperaba los resultados de una pericia contable, que nadie le había pedido. Definió la Cámara, que protegió a los imputados con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, contra el voto de Eduardo Freiler, que acompañó los argumentos del fiscal para llamarlos a indagatoria.

Así las cosas, la causa volvió al pantano.

Será Justicia

El propio Magnetto le reconoció al periodista Martin Sivak -autor de dos libros sobre la historia de Clarín- que de no mediar el sospechoso cambio en la declaración de uno de los testigos, Isidoro Graiver, hubiera terminado preso. Los últimos movimientos de la causa Papel Prensa reinciden en esas idas y vueltas de la investigación.

Mientras el 5 de octubre las Madres de Plaza de Mayo fueron a preguntarle al juez Ercolini por las demoras en la causa, éste planeaba su última jugarreta. A los pocos días, el 13 de octubre, le tomó declaración testimonial a Hugo Bogani, un contador que trabajó en el círculo empresarial de los Graiver y actualmente reside en Miami. El detalle: no les avisó a las querellas.

Según consta en la declaración testimonial, las preguntas a Bogani fueron previamente enviadas a las autoridades judiciales de Estados Unidos a través de un exhorto. Según contó Bogani, empezó a trabajar para las empresas de Graiver a principios de 1976, en el seguimiento de varias unidades de negocios pero no de Papel Prensa.

Bogani contó que fue detenido el 11 de mayo de 1977 y que en ese momento cortó las relaciones con el grupo Graiver, a pesar de que tanto la familia Graiver como sus principales personas de confianza ya estaban secuestradas hacía varias semanas.

En su declaración Bogani aclara varias veces que “no sabía demasiado respecto de Papel Prensa”, que “no participaba en las decisiones de la empresa”, que “nunca Lidia Papaleo le formuló ninguna consulta respecto de Papel Prensa”, “que no participó en reuniones, pero sí empezó junto a quienes trabajaban en la empresa como contadores y gente del grupo, a comentar sobre la venta pero en esas charlas se hacían simples comentarios en los cuales las opiniones o expresiones que se formulaban no eran tenidas en cuenta”.

Sin embargo, cuando le preguntan por la dinámica de la venta empieza a contestar con más detalle. Cuenta, por ejemplo, que participó de la valuación de las acciones junto a varios contadores de las empresas Graiver. Bogani relata (y esto si lo confirman otros testimonios) que estuvo en las oficinas de La Nación cuando se hizo el traspaso de acciones, pero su versión es totalmente contradictoria a la de Lidia Papaleo.

Bogani “lo recuerda como una reunión social, que se celebró en un marco de cordialidad, la gente conversaba entre ella, era un acto muy importante, había profesionales que asistían a las partes, estar ahí fue concurrir a un acontecimiento”. Lo que para unos fue un tormento, para otros pareció mera cordialidad. El testimonio de Bogani le vino al pelo a Ercolini y los imputados: cuando ya todo indica que deben llamarse a indagatorias, un testigo viene a esmerilar el relato de las víctimas.

A su vez, pocos días antes, el juez recibió el peritaje contable que encargó por motus propio, ya que ninguna de las partes se lo había solicitado, para determinar si era correcto el precio que supuestamente se pagó por Papel Prensa. Si bien se trata de un dato inconducente, ya que el objeto procesal del pedido de indagatorias es la extorsión y el delito de lesa humanidad, la pericia confirmó lo que había denunciado la familiar Gravier: incluso el precio impuesto fue un precio vil.

Así las cosas, la situación quedó de nuevo estancada. El nuevo fiscal de la causa, Franco Picardi, tiene la intención de avanzar en el sentido de su predecesor: ergo, que se concreten las indagatorias a Magnetto, Ernestina, Mitre, Peralta Ramos y Podestá. Ercolini, apurado en otras causas, mantiene su parsimonia. En el ínterin, el único camarista que votó a favor de las indagatorias fue desplazado de la causa. Hoy se cumplen 40 años del robo de Papel Prensa. ¿Será Justicia?

Papel Prensa: el arreglo

Este exhaustivo informe revela las irregularidades en favor de los diarios Clarín y La Nación que la empresa piensa aprobar en la próxima asamblea con complicidad judicial y del Gobierno. Aumento de sueldos al directorio, reducción de la participación accionaria del Estado y suspensión de las 86 causas judiciales entre el Estado y Papel Prensa.

El blindaje mediático tiene sus costos, y ahora queda a la vista uno más. El Gobierno se puso de acuerdo con Clarín y La Nación para aprobar todas las asambleas de Papel Prensa impugnadas por irregularidades entre 2010 y 2015. En Papel Prensa, Clarín cuenta con el 49% de las acciones (37% por AGEA y 12% por CIMECO), La Nación con el 22,5%, el Estado Nacional con el 27,5% y otros inversores tienen el 1%. Históricamente, Clarín y La Nación impusieron su mayoría automática.

Pero partir de 2009, los representantes del Estado comenzaron a impugnar las Asambleas y reuniones de Directorio, denunciando que  Clarín y La Nación se autobeneficiaban en detrimento del resto de los diarios del país y, además, perjudicaban al Estado como accionista.

Borrón y cuenta nueva

En la nueva era macrista, Clarín y La Nación, en complicidad con el Gobierno, retomaron el manejo discrecional. El 3 de junio, los accionistas de Papel Prensa pidieron a la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que mantuviera suspendidos todos los juicios entre el Estado y Papel Prensa, en total 86 causas; y que se convocara judicialmente a una Asamblea de Papel Prensa para “acomodar” las irregularidades del período 2010-2015.

Para esa Asamblea los accionistas armaron un Orden del Día de 36 puntos que incluyó el análisis de los balances, los estados contables, de la gestión del Directorio, la Comisión Fiscalizador y el Consejo de Vigilancia y sus remuneraciones, así como definiciones sobre el destino de utilidades acumuladas y el aumento de capital social, entre otros temas. Es decir, todo lo que había sido objetado.

A la audiencia fueron los apoderados de todos los accionistas. Por La Nación se presentó la abogada Paula Martínez; por CIMECO (empresa del Grupo Clarín que controla los diarios La Voz del Interior y Los Andes) asistieron Jorge Osvaldo Lopez y Mariana Russo, del estudio Naveira-Truffat-Martínez-Anido-Lorente-Lopez (NTMDALL); por parte de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), la unidad de negocios de los diarios de papel del Grupo Clarin, concurrió Javier Armando Lorente, también socio del estudio NTMDALL; por Papel Prensa estuvieron Eduardo Alberto Lohidoy, integrante del estudio Sáenz Valiente, histórico bufette del Grupo Clarín y sus accionistas, junto con el apoderado de la empresa Enrique Pigretti y su abogado, Alfredo Lauro Rovira.

De parte del Estado se dividieron entre abogados de carrera de los distintos organismos y nuevas incorporaciones provenientes de los estudios de la city. Por la Comisión Nacional de Valores (CNV) dijeron presente Cipriano Aurelio Rodríguez y Gastón Cervetti, este último Subgerente legal que fue acusado por la nueva gestión de ser militante de La Cámpora, pero que supo acomodarse a la nueva era.

Los abogados Leila Celina Candia, Carlos Gustavo Pistarini y Sergio Acevedo asistieron por el Estado Nacional, junto con el Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda Carlos Augusto Lo Turco, uno de los tantos delfines macristas que figura con empresas offshore. En su caso, como presidente y director de Marbira SA, radicada en Panamá.

También estuvo Martin Juan Lanfranco en representación de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado Nacional. Lanfranco es un abogado muy cercano al ministro de Hacienda Alfonso de Prat Gay, y pasó por el estudio Marval, O´Farrell & Mairal.

Jueces amigos

Todos, vinieran de donde vinieran, se pusieron de acuerdo. Los jueces Eduardo Machi y Julia Villanueva resolvieron ese mismo día suspender los plazos de los 86 expedientes en curso, mientras analizaban si llamaban o no a la Asamblea.

La Fiscal General ante la Cámara, Gabriela Boquín emitió un dictamen donde advierte sobre cómo se pusieron de acuerdo los accionistas privados Clarín y La Nación con el Estado, pese a que tienen al menos 86 causas vigentes (ahora con sus plazos suspendidos). Además, sostuvo que la audiencia no debe convocarse judicialmente, ya que si los accionistas están de acuerdo no es necesaria ninguna legitimación judicial.

Además, llama la atención sobre punto 29 de la orden del día que dice, textual: “Aumento del Capital social a la suma de $254.293.384,52 mediante la emisión de 12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales liberadas de VN a $0,01 cada una”. Los aumentos de capital social pueden utilizarse como artimañas para reducir la participación de uno de los accionistas en una empresa.

En el caso de Papel Prensa, la sospecha es clara: si el actual gobierno acuerda con Clarín y La Nación, todo indica que ese aumento de capital puede significar la reducción de su participación en la empresa. En definitiva, la fiscal Boquín se negó a convalidar la estrategia consensuada entre los accionistas privados y el Estado.

Pese a los argumentos de la fiscal Boquín, los jueces Machín y Villanueva le dieron vía libre al pedido: “La Asamblea, por ende, será convocada y, a estos efectos, se respetará el orden del día propuesto por los requirientes”, fallaron. Todos de acuerdo: Clarín, La Nación, el Estado y los jueces. Incluso, según los jueces, el aumento de capital no altera “la consistencia patrimonial de la sociedad, ni la proporción que en ese capital corresponde a cada accionista”. Poco de extrañar, ya que históricamente la Sala C es conocida como la “sala Clarín”.

En un principio, la Asamblea tenía que llevarse a cabo el 20 de septiembre. Pero por lo acotado de los tiempos, se pasó  para el 19 de octubre a las 10 de la mañana.

El socio bobo

En el discurso inaugural de Papel Prensa, el 27 de septiembre de 1978, el dictador Jorge Rafael Videla afirmó: “Tres grupos empresarios, en realidad, conforman la participación privada gruesa. Tres grupos empresarios que por su función específica son, en alguna manera competidores. Pese a ello, los tres, con un objetivo común, como una sola entidad, pusieron todo su esfuerzo, junto con el Estado, para llevar a cabo este proyecto. (…) Esto es todo un mensaje”.

El mensaje era claro y explicitaba la complicidad entre la Dictadura y los tres diarios que se quedaron con la fábrica: Clarín, La Nación y La Razón. Pero lo que no sabía -o no entendía- Videla era que ya entonces los accionistas privados habían acordado dejar al Estado fuera de las decisiones de la empresa.

Más de un año antes, el 18 de agosto de 1977, Clarín, La Nación y La Razón habían firmado un acuerdo de sindicación de acciones. En concreto, un pacto para actuar juntos en la conducción de Papel Prensa y relegar al accionista minoritario: el Estado.

Por Clarín lo firmó Ernestina Herrera de Noble, por La Nación Bartolomé Mitre, por La Razón Ricardo Peralta Ramos. Y decía: “Los comparecientes convienen en regir las relaciones entre sí, para actuar conjunta y coordinadamente y asegurar la unidad de criterio en la conducción de Papel Prensa SA”.

Más adelante, reafirmaban: “Las tres empresas convienen y aceptan que sus derechos societarios dentro de Papel Prensa SA se ejercerán coordinadamente, por intermedio de los representantes de cada signataria”. Estos representantes eran Héctor Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre hijo por La Nación y Patricio Peralta Ramos por La Razón. Tan estricto era el convenio que establecía una multa del 25% del valor de sus acciones al que osara transgredirlo.

Así, históricamente el Estado fue el socio bobo en Papel Prensa, aunque socio al fin. Como tal, tenía un representante en el directorio, que sistemáticamente se sometió a los designios del socio mayor, Clarín. Entre ellos, pasaron el actual empresario eléctrico Alejandro McFarlane (dueño de Edelap), el embajador en Ecuador Luis Juez y el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Esta complicidad de los representantes del Estado recién se cortó entrada la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, no era fácil desterrar los manejos irregulares en la empresa. El 26 de enero de 2011, el consejero en Papel Prensa Alberto Gonzalez Arzac le envió un informe al Secretario de Comercio Guillermo Moreno con datos que acumuló durante 2010. Allí, citó un acta de directorio del 23 de diciembre de 2010, donde resaltó: “No puedo pasar por alto que todo lo que hacen las partes relacionadas en su propio beneficio es en detrimento de los intereses del Estado Nacional, con lo que esto en vez de ser una sociedad anónima comercial pasará a ser una asociación ilícita para defraudar al Estado”.

En su resumen, Gonzalez Arzac muestra cómo la gestión de los accionistas privados generaba resultados negativos para Papel Prensa pero beneficiosos para ellos. Gonzalez Arzac afirma que el pacto de sindicación de acciones está vigente, por lo que Clarín y La Nación (ya sin La Razón, que quebró y fue absorbida por Clarín) conforman una mayoría automática y, en sus palabras, “integran una asociación ilítica cuya finalidad es cometer delitos contra el Estado Nacional”.

Estas situaciones que denunció Gonzalez Arzac también fueron registradas por los sucesivos representantes del Estado en Papel Prensa, como Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, y a pesar de los intentos por encauzarlos se mantuvieron, expedientes judiciales mediante, hasta 2015.

Todo este período, 2010-2015, es el que ahora quieren normalizar los accionistas privados junto con el gobierno macrista.

En todo ese trayecto, también la Comisión Nacional de Valores (CNV) detectó situaciones irregulares y de ineficacia, y abrió sumarios contra Papel Prensa. Al menos siete resoluciones sobre irregularidades e ineficacia quedan pendientes en la CNV con fechas entre 2009 y 2013.

Por ejemplo, la resolución 16.222  de la CNV, con la firma de Alejandro Vanoli, declara irregular e ineficaz la reunión de Directorio del 4 de noviembre de 2009 porque no hicieron las actas de la reunión ni las asentaron en el libro de actas, “lo que impide determinar a ciencia cierta qué es lo que ocurrió en las pretendidas reuniones y cómo se sucedieron las deliberaciones o votaciones”.

Esto se mantuvo en 2010, como confirma la resolución 16.276. En 2011, otra resolución de la CNV muestra cómo Clarín y La Nación nombraron de forma anómala a miembros del Consejo de Vigilancia de la empresa, por lo que su actuación fue irregular. Otro caso de 2011 fue la resolución 16.647, que reveló una maniobra por la cual los accionistas privados le retaceaban información al Estado para convocar Asambleas y le mintieron a la CNV al informarle “que la aprobación de las convocatorias en las reuniones de directorio habían sido por unanimidad cuando los directores por el accionista ESTADO NACIONAL habían votado en contra”.

La CNV les indicó que no podían llamar a Asamblea de esa forma, pero las hicieron igual. Nuevamente fueron declaradas irregulares. Y más: Clarín y La Nación lograron una medida cautelar para llevar adelante la Asamblea, que se hizo a las 17 horas del 15 de septiembre de 2011, pero le avisaron a la CNV a las 17:03 del mismo día.

O sea, avisaron tres minutos más tarde de su inicio, lo cuál hizo imposible que asistieran los accionistas minoritarios. En adelante, cada nueva convocatoria de la sociedad arrastraba las irregularidades anteriores, por lo que también, valga la redundancia, eran irregulares.

En este marco, Clarín denunció a Vanoli y a Moreno por abuso de autoridad y acoso administrativo contra Papel Prensa.

El juez Bonadío, siempre atento, se llevó varios expedientes de la CNV vinculados a Papel Prensa y los procesó y embargó a ambos, pese a que se trataba del cumplimiento de sus tareas como funcionarios públicos. Y no eran los únicos. En los Balances de Papel Prensa también abundan consideraciones sobre los manejos de los accionistas privados.

En el de 2010, el auditor Alejandro Díaz, de la Sindicatura General de la Nación, sostiene “que ante la irregularidad en que se realizaron esas Asambleas, se genera incertidumbre sobre la validez de las decisiones adoptadas en el órgano de gobierno societario en esas oportunidades” y se abstiene de emitir información sobre los estados contables.

El auditor privado, Carlos Solans Sebaral, los aprueba. Lo mismo sucede con la Comisión Fiscalizadora, con la firma de los síndicos Agustín Tarelli y Daniel Reposo, que afirma: “La política llevada a cabo por quienes conforman el grupo accionista mayoritario de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M.,  lleva a que éstos privilegien sus intereses corporativos particulares en la toma de decisiones, en desmedro de la propia empresa, del Estado Nacional en su calidad de accionista y del interés general”.

En el Balance 2015, el auditor Díaz reafirma que no están aprobados los estados contables de 2009 al 2011 ni los estados financieros de 2012 al 2014 y, por ende, no puede emitir opinión sobre la situación de 2015. El auditor Díaz escribe que en Papel Prensa hay “un marco de conflicto en el funcionamiento empresarial cuya resolución es de carácter incierto”.

Pero esa incertidumbre está cerca de terminar. Mientras la causa penal sobre la apropiación de la empresa durante la Dictadura militar, duerme en Comodoro Py, demorada por el juez Julián Ercolini, Clarín y La Nación vuelven a manejar Papel Prensa a su voluntad.

Ari Lijalad

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