La jueza tiene cajas con información reservada que no abre a las partes

Por este motivo y la decisión de no avanzar sobre esta pista, se tensa la relación de confianza de la vicepresidenta con Capuchetti.

La relación de acompañamiento, apoyo y confianza de la querella que representa a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hacia la jueza María Eugenia Capuchetti en la investigación por el intento de magnicidio atraviesa un punto crítico. A dos meses del atentado, los frutos de la pesquisa siguen limitados a cuatro detenidos, dos de los cuales (Gabriel Carrizo, el jefe de los “copitos”, y Agustina Díaz, una veinteañera limitada e inexperta) tendrán novedades sobre su situación en las próximas horas. Y los otros dos, considerados uno, Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque y la otra, Brenda Uliarte, fogonera, están olvidados en sendas celdas del Servicio Penitenciario Federal.

La querella no planea recusar a la jueza, pues sabe que eso no prosperará. Pero ya hizo llegar mensajes de insatisfacción y hasta disgusto.

La jueza Capuchetti eligió el secretismo para explorar líneas de investigación sobre las preguntas que faltan responder (que son muchas).  Hay 12 legajos reservados en el expediente. Son algo así como 12 cajas fuertes a las que no pueden acceder ni los querellantes, ni los defensores. Sólo la jueza sabe qué hay y qué pasa allí. Uno de esos 12 legajos es la declaración del asesor parlamentario que afirmó haberle escuchado decir al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, durante una reunión con dos mujeres en la confitería Casablanca, enfrente al Congreso: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

Esa declaración se produjo tres semanas después del atentado, pero sólo ahora salió a la luz y por una filtración periodística. Ni siquiera Milman lo sabía; se enteró porque la jueza finalmente decidió convocar como testigos a las dos mujeres que lo acompañaban y ellas lo pusieron al tanto.

El punto de quiebre en la relación de apoyo y acompañamiento de la querella hacia la jueza parece ser justamente esa situación. Capuchetti se negó a secuestrar los celulares de ambas acompañantes de Milman invocando garantías constitucionales. Pero los abogados José Ubeira (convaleciente por estos días de una dolencia que lo mantiene momentáneamente fuera de escena) y Marcos Aldazábal advirtieron que el intento de magnicidio es una circunstancia excepcional en la vida del país y como tal requiere de determinaciones también excepcionales.

“Si nuestras expectativas están depositadas en que dos testigos delaten a su jefe, la investigación no llegará muy lejos”, advirtieron los querellantes.

Es que en el caso, el asesor parlamentario (cuya identidad es conocida pero Tiempo no publicará) dijo “blanco” y las empleadas de Milman respondieron “negro”.  Establecer quién miente requiere de un cuadro probatorio complejo pero justificable cuando lo que se busca esclarecer es el intento de un asesinato político, algo que parecía olvidado en la Argentina.

Por una circunstancia infinitamente menor, el expresidente Mauricio Macri dijo públicamente: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Y acto seguido, limpió una Sala completa de la Cámara Federal y colocó allí a jueces que lo representan a él.

“Si (la jueza) esperaba que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’, la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada”.  La expresión de los abogados de CFK desnuda el disconformismo por los escasos avances de la investigación y pone el foco en algo que Tiempo viene advirtiendo desde hace dos meses: la posibilidad cierta de que el intento de magnicidio quede limitado a dos marginales arrumbados en una celda por los próximos 20 años. Sabag Montiel ni siquiera consigue un abogado que lo defienda.

Todo está limitado a ese grupúsculo. El 26 de octubre declaró como testigo Joana Daniela Colman, una amiga del detenido jefe de los “copitos”, quien ratificó que alguien más del grupo sabía del ataque antes de que ocurriera. Se trata de una amiga de Brenda Uliarte, quien aparece con un seudónimo en el grupo de Whatsapp “Los Girosos”. “Me dijo que sabía, me dio a entender que no lo había contado antes porque tenía miedo”. Tanto es así que la propia Colman publicó un mensaje en el grupo: «a todo esto, bueno igual yo no voy a decir quien, pero hay alguien que ya estaba al tanto de todo, mucho antes que los medios, qué loco, la que menos pensás es, pero bueno, no voy a dar detalles».

El martes, la Cámara Federal escuchará los argumentos de los abogados de los cuatro detenidos de Revolución Federal, en una causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi asegura que se creó el clima político para el intento de magnicidio, pero su colega Capuchetti y el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens –quien en un fallo reciente pidió la detención de Cristina Kirchner- sostienen que nada tiene que ver una cosa con la otra.

Nilo Medina, el abogado del detenido Jonathan Morel, estuvo en el programa Desiguales, de la TV Pública. Morel está imputado por un delito que prevé hasta ocho años de prisión para quien integre organizaciones “que tuvieren por objeto principal imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Con su singular argumentación, el abogado Medina –quien se reconoció coincidente con las ideas de ultraderecha de Revolución Federal- respondió por izquierda: pidió hacer un “revisionismo histórico para saber cuántas veces se aplicó esa figura, desde la dictadura hasta acá”.

Néstor Espósito

Tiempo Argentino