Violento operativo policial en el desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi.

Violento y opaco operativo policial en el desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi

El ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández tardó casi 10 horas en informar que siete mujeres fueron detenidas durante la acción conjunta de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA. Denuncian violencia y familias divididas por la fuerza.

Un grupo de más de 250 oficiales federales iniciaron en la mañana del martes un operativo de desalojo, avalado por el Ministerio de Seguridad nacional, en las tierras habitadas por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en Río Negro.

Por la tarde, el ministro Aníbal Fernández aclaró que son siete las personas detenidas, todas mujeres. La causa permanece bajo secreto de sumario.

El gobierno nacional dispuso el ingreso de las fuerzas en las tierras ubicadas a 35 kilómetros al sur de Bariloche y el posterior desalojo de la comunidad a través de la resolución 637/2022 publicada en el Boletín Oficial.

La disposición, firmada por el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, habilitó la creación de un «comando unificado de seguridad» conformado por la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el fin de allanar los predios conocidos como “La Escondida”, “La Cristalina” y “Los Radales”.

El operativo comenzó cerca de las 7:30 de la mañana y contó con el despliegue de retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos.

Soraya Maicoño, vocera de Lof Lafken Winkul Mapu, informó en diálogo con Tiempo que la policía ingresó al lugar con armas y testigos aseguran que se escucharon numerosos disparos en la zona. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

Opacidad y violencia en el operativo 

Tras varios minutos un grupo de siete mujeres, incluida Betiana Colhuan, la Machi de la comunidad, fueron detenidas y separadas de sus hijos para ser trasladadas a comisarías de la zona.

Además, los presentes informaron que en medio de la represión había mujeres embarazadas y niños, lo que motivó que muchos de los menores huyeran del avasallamiento policial escapando hacia los bosques y perdiendo contacto con sus familias.

Los que no lograron huir, un total de cinco, fueron detenidos por las fuerzas y trasladados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, en donde se encuentran a la espera de ser liberados para reencontrarse con sus madres demoradas.

Además de las detenciones abusivas, las mujeres del Lof Lafken Winkul Mapu denuncian que fueron golpeadas y maltratadas por las fuerzas de seguridad.

Esta situación motivó que el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir hiciera un llamado concreto a la ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para que actúe de manera inmediata y garantice la integridad de las detenidas y los menores.

Por su parte, las fuerzas policiales se desplegaron a raíz de una nueva denuncia tras el supuesto incendio de otra garita de seguridad de la Gendarmería, hecho similar al ocurrido el pasado 26 de septiembre en la misma localidad.

Sin embargo, aún no se conoce en concreto cuál fue el hecho que motivó este allanamiento ya que, por decisión de la jueza federal Silvina Domínguez, quien está a cargo del operativo, se dictó secreto de sumario.

Este recurso imposibilita el acceso a la información pública de la causa para todos los agentes externos a la misma.

Semanas de presión política

El conflicto lleva varias etapas, pero en las últimas semanas sufrió un notable recrudecimiento. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denuncia que la suba de las tensiones se dan tras la decisión del Gobierno nacional de “abandonar la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020” para que las comunidades originarias puedan recuperar su territorio ancestral.

Casualmente, el feroz operativo que desplegó el ministro de seguridad se da tras el pedido público de la ex titular de la cartera, Patricia Bullrich, para que el estado nacional intervenga la zona.

En esas mismas declaraciones, la presidenta del PRO calificó como un acto “terrorista” la ocupación por parte de la comunidad originaria, asentada en el predio de más de 40 hectáreas desde 2017.

Además, la vocera del Lof Lafken Winkul Mapu afirmó que esta represión también fue impulsada por Consenso Bariloche, un importante grupo empresario integrado por cabañeros, hoteleros y el sector turístico, que tiene un amplio respaldo del poder político provincial y nacional.

A pesar de la gran trascendencia del caso y la insistencia de los medios, autoridades provinciales y nacionales siguen, hasta el momento, sin expedirse al respecto.

Tatiana Scorciapino

Tiempo Argentino