Comodoro Py redobla la apuesta en contra de CFK.

Mientras la jueza que investiga el atentado contra la vicepresidenta se negó a unificar la causa que podría conducir al origen del financiamiento, el camarista Mariano Llorens pidió prisión preventiva por una vieja causa del fallecido juez Claudio Bonadío.

El atentado fallido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner empezó a tomar volumen internacional luego de que el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro recibiera este miércoles el ofrecimiento de parte de autoridades de Estados Unidos para ayudar en la investigación.

En tanto, fuentes con acceso al expediente evalúan un cambio marcado en el comportamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se negó a unificar las causas que vinculan a los miembros del llamado grupo Revolución Federal con la que ella investiga sobre el intento de asesinato el jueves 1 de septiembre.

La decisión final del juez, presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio lugar a la posición de Capuchetti de separar a los autores materiales de los intelectuales.

Esa acción es evaluada por fuentes con acceso al expediente como una forma de encubrir ese vínculo, que incluso le valió una presentación de la AFI al respecto, en la que advertía que Revolución Federal podría estar involucrada

Es que días antes del atentado, el denominado fundador de ese grupo, Jonathan Morel, había publicado en sus redes mensajes que remitían a lo que terminó llevando a cabo Fernando Sabag Montiel.

Es por eso que, finalmente, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que enviara el expediente sobre Revolución Federal para que Capuchetti lo investigara y lo tuviera en cuenta como contexto dentro de la investigación del intento de asesinato. Sin embargo, Capuchetti, se negó. Y Llorens, quien al igual que la jueza, llegó a su cargo durante el macrismo, se sumó a su posición.

Llorens no sólo no quiso unificar la causa de los que podrían llevar al autor intelectual sino que ahora sí pretende unificar las causas que pesan sobre la vicepresidenta con el fin, evalúan, de darle mayor volumen a la presión judicial sobre Cristina, luego de que este jueves sugiriera la posibilidad de hacerle juicio político al revisar —junto con sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— un procesamiento del extinto juez Claudio Bonadio por el supuesto uso de la flota de aviones presidenciales para hacer traslados de objetos hacia El Calafate.

Cabe señalar que estos jueces son los que fueron trasladados a dedo por el expresidente Mauricio Macri y que siguen sin contar con acuerdo del Senado para los cargos que ocupan.

En tanto, el caso del intento de magnicidio de la vicepresidenta argentina sigue teniendo repercusiones a nivel internacional.

Este miércoles “Wado” de Pedro recibió el ofrecimiento de ayuda de los Estados Unidos para avanzar en la investigación sobre el fallido intento de magnicidio, a partir del encuentro de trabajo que mantuvo con Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Fuentes del ministerio del Interior relataron a Tiempo que «Wado» valoró el gesto que tuvieron las autoridades estadounidenses y que el ministro camporista «se quedó con ese compromiso».

Durante el encuentro, el ministro del Interior, manifestó el agradecimiento por la pronta solidaridad y la condena del gobierno americano al atentado de sufriera la vicepresidenta y la puesta a disposición de las herramientas e instrumentos tecnológicos para aportar a la investigación.

En ese sentido, el departamento de Seguridad norteamericano reiteró lo ya transmitido, días atrás, al ministro Aníbal Fernández, en la reunión en la ONU, en el que el gobierno estadounidense ofreció la colaboración para el esclarecimiento del hecho.

La semana pasada, Aníbal había descartado aprovechar esa ayuda, en diálogo con los periodistas que acompañaron al presidente Alberto Fernández y otros funcionarios en la gira por la Asamblea General de la ONU.

El ministro de Seguridad aclaró que no van a pedir ayuda en particular a Estados Unidos por esta investigación puntual porque consideró que no es necesario. Argumentó que ya hay establecido un trabajo conjunto entre ambos países y que no es necesario hablar por un caso particular.

Con respecto a la tecnología que puede aportar los EE UU para recuperar la información borrada del celular de Sabag Montiel, había señalado que tenía “ofrecimientos para chequearlo, pero tiene que ser el Juzgado” el que lo disponga.

En Estado Unidos cuentan con la tecnología para recuperar los datos del teléfono del autor material del atentado a CFK, que llamativamente se borraron el día en que comenzaba la investigación cuando se trasladó el teléfono en un auto de la Policía Federal, fuerza que depende del ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández.

Gimena Fuertes

Tiempo Argentino