Causa por la Obra pública, el fallo que prepara la Corte tres años tarde

Los jueces de la Corte Suprema rechazarían los cuestionamientos porque aún no hay sentencia firme. 

Se presentaron en 2019, antes del inicio del juicio, porque no se habían hecho los peritajes más elementales, el caso ya se había juzgado en Santa Cruz y por el rol de los camaristas Hornos y Borinsky, asiduos visitantes de Macri.

La Corte Suprema se dispone –tal como adelantó Página/12 hace un mes– a emitir un fallo que promete asemejarse más bien a un chiste que a una resolución judicial.

El máximo tribunal planea rechazar los cuestionamientos que hicieron hace tres años las defensas de los imputados en el juicio por la construcción de rutas en Santa Cruz.

No se vienen largas páginas de análisis del expediente o de jurisprudencia, lo que hubiera tal vez justificado la demora, sino que los supremos dirán algo elemental: que rechazan los reclamos de las defensas porque todavía no hay sentencia definitiva. Tres años para decir esta frase.

Los planteos de la defensa no eran menores. En primer lugar, que se estaba por iniciar un juicio, que empezó en mayo de 2019, sin que la causa tuviera siquiera los peritajes más elementales para ver si las obras estaban hechas o no y cómo estaban hechas.

En segundo lugar, las defensas sostuvieron que cada una de las obras ya habían pasado por la Justicia de Santa Cruz y se había dictado la inexistencia de delito, por lo que no se podía juzgar dos veces lo mismo.

Y, en tercer lugar, que a lo largo de todo el proceso actuaron dos camaristas de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que no debían intervenir porque no les tocaba y además fueron visitantes en varias oportunidades de la quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada durante el mandato de Mauricio Macri, algo que se mantuvo oculto.

Según lo mencionado ya por los diarios afines a la oposición, el fallo de la Corte Suprema será leído como una derrota de las defensas, empezando por la de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi.

La realidad es que resultaría ridículo que ahora, 36 meses más tarde, alguien diga que el juicio no puede empezar, cuando ya pasaron por las audiencias todos los testigos y van a empezar los alegatos.

En su momento, los supremos vieron que los cuestionamientos eran fuertes y valederos, por lo que le pidieron al Tribunal Oral que les remitiera la causa.

Sin el expediente, el juicio no podía empezar. Pero bastaron títulos catástrofes de los medios de Juntos para el Cambio y algunos llamados a despachos supremos para que los magistrados corrieran rápido a devolver los cuerpos del expediente al Tribunal Oral: la alianza política-judicial-mediática quería la foto de CFK sentada en el banquillo de los acusados.

La obtuvo en aquel mayo de 2019, aunque ni eso les alcanzó para ganar las elecciones.

La calamitosa investigación original, que tenía como único objetivo la persecución política, derivó en un juicio en el que a lo largo de tres años a Cristina Kirchner no se la nombró: no hubo un solo testigo que dijera que firmó algo, que intervino en una licitación, que ejecutó alguna acción a favor del empresario Lázaro Báez. En esencia porque –según dijeron testigos, empresarios, exfuncionarios, especialistas, exjefes de Gabinete– los proyectos de rutas se votaron en el Congreso Nacional y las licitaciones, las adjudicaciones y el control se hicieron en la Provincia de Santa Cruz.

De todas maneras, los fiscales Diego Luciani y Santiago Mola, ya les adelantaron a los medios de la oposición que harán una dura acusación contra la exmandataria, presuntamente porque puso en marcha una organización para beneficiar Báez.

Es un enigma cómo lo lograrán porque no podrán exhibir ni un documento ni un correo electrónico ni un testimonio porque no apareció nada en el juicio, pero todo indica que usarán una especie de construcción lógica.

Tampoco aparecieron pruebas contra los demás imputados. No hubo rutas pagadas y no construidas, atrasos que no fueran parecidos a los que ocurrieron en otras provincias y los peritos oficiales naufragaron cuando intentaron sostener que existieron sobreprecios. Aun así, sobre este último punto insistirán los fiscales.

La Corte, hoy alineada como nunca con Juntos por el Cambio, divulgará un fallo que será leído como un apoyo político a la acusación, porque podrían haber dicho lo mismo hace tres años, dos años, un año, pero eligen este momento, el de la definición del juicio. Y no es casualidad.

Raúl Kollmann e Irina Hauser

Página/12