Gran movilización campesina y popular se prepara en Asunción

Desde el fin de semana pasado comenzaron a arribar a Asunción, la capital de Paraguay, contingentes de organizaciones campesinas e indígenas que se sumarán a trabajadores de la Gran Asunción en una semana de protestas por la grave situación económica que vive la población, que se intensificó con la suba de los precios del combustible.

La Federación Nacional Campesina (FNC) liderará este jueves 24 de marzo la “XXVIII Marcha Campesina, Indígena y Popular” como una continuidad de lo que dio en llamar “la lucha prolongada”, un serie de mítines y protestas a lo largo y ancho del país que iniciaron el 9 de marzo pasado.

Desde el 21 de marzo se concentraron en 17 puntos estratégicos de las rutas nacionales, donde realizaron cortes intermitentes en los que dieron a conocer las demandas, entre otras, la derogación de la llamada “Ley Zavala-Riera”, que criminaliza la ocupación de tierras y el cese de los desalojos de los asentamientos campesinos, indígenas y urbanos.

LA FNC y sus aliados reclaman también una política de Estado para estimular la producción nacional y una baja en los precios de los combustibles que aumentaron unos 2.300 guaraníes por litro (unos 50 centávos de dólar estadounidense) sólo en el último año.

Los campesinos piden, por ejemplo, una ley de emergencia nacional, “que contemple la asistencia con kits de alimentos, subsidio al pago del uso de electricidad, intermediar la moratoria de pago de deudas campesinas a nivel nacional”.

La marcha del jueves, para la que se espera una movilización de unas 10 mil personas como mínimo, será la primera de carácter unitario del sector campesino en más de una década.

Al movimiento y a las demandas se sumó la Unidad de Acción Popular (UAP) integrada por la Articulación Campesina Indígena y Popular ACIP, la Coordinadora Nacional Intersectorial CNI y la Organizaciones Nacionales Unidas Sin Tierra y Vivienda ONU – STV compuesta por; Movimiento Agrario Popular (MAP), Organización Nacional de Cañicultores Agropecuario (ONCA), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Organización Nacional Campesina (ONAC), entre otras.

Como reclamos más de fondo, se pide el juicio político a la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, y una demanda al gobierno para que defienda los intereses nacionales en la renegociación con Brasil del tratado de la represa hidroeléctrica Itaipú, que ocurrirá en el 2023.

“Invitamos a todos los sectores democráticos organizados y a la ciudadanía en general a sumarse para que este año podamos ampliar la manifestación y llevar adelante los sentidos reclamos de las comunidades más vulnerables del país, exigiendo el cumplimiento de los derechos de toda la población paraguaya”, se instó en la convocatoria.

La cuestión del combustible despertó una movilización que inició a mediados de marzo en principio espontánea pero que luego fue organizándose, nucleando especialmente a camioneros, taxistas y trabajadores de motomandados.

“Desde el sábado pasado, 7 empresas de transporte que operan en la capital aumentan el costo del pasaje a G. 2.800, medida que anticipa el posible ajuste de la tarifa de las empresas del área metropolitana. Para semana santa, se anuncia una suba de entre G. 10.000 y 15.000 de los pasajes de media y larga distancia”, expuso el Partido Comunista (PCP).

“Necesitamos encontrarnos en las calles para poner un freno a los tarifazos y avanzar hacia la estatización y cooperativización del sistema de transporte público, donde los trabajadores participen de la dirección, habilitando el proceso de electrificación de los buses, además de regular la especulación con los precios del gas, combustibles y alimentos”, alentó.

La Asociación de Camioneros del Guairá cerró el importante cruce Villarrica-Paraguarí, pidiendo que se efectivice la baja del precio de combustibles decidida por Petróleos Paraguayos (Petropar) pero todavía no convenientemente implementada, según expusieron. Especialmente piden la aprobación y promulgación de la ley que crea el fondo de estabilización para subsidiar el combustible.

El ministro del Interior, Federico González, anunció a partir del 21 de marzo una baja de 1.000 guaraníes (0,14 centavos de dólar) al litro del diésel tipo III y de 800 guaraníes (0,11 centavos) a la gasolina de 93 octanos, pero esto fue insuficiente para calmar los ánimos de las protestas.

También indígenas de la comunidad Makxawaiya cortaron una ruta troncal en el Chaco paraguayo pidiendo se cumpla con la merienda escolar para los niños y que se les confeccione la cédula de identidad para acceder al programa de Tekoporã, subsidios alimentarios que se entregan a la población más carenciada.

La convergencia de organizaciones sociales, obreras, indígenas y campesinas hacen de esta semana, la etapa de mayor protesta social en lo que va del año, en un país que tendrá en poco más de 12 meses sus elecciones presidenciales para designar al sucesor de Mario Abdo Benítez.

Jorge Zárate

América XXI