Cinco problemas para pensar lo que vendrá, por Horacio Rovelli

Diputados finalmente dio media sanción y giró al Senado el artículo resolutivo para avanzar en la refinanciación de la deuda. No así a las medidas dispuestas en la iniciativa para cumplir con el plan delineado entre Martín Guzmán y el FMI.

¿Se puede cumplir el acuerdo? Si se puede, ¿cuáles serán los costos sociales y productivos? Un análisis para comprender la lógica del acuerdo.

Sin saber quiénes se quedaron con los 45 mil millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri, la Cámara de Diputados finalmente dio media sanción y giró al Senado un proyecto de acuerdo que con ahorro argentino seguirá pagando los intereses generados por el stand by de 2018 y renovará el capital con un nuevo préstamo a 10 años de plazo y cuatro años de gracia.

Cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año 2034.

El plan acordado disminuye los subsidios energéticos y al transporte, y lo que es peor incluso: permite el aumento generalizado de los precios, sobre todo de los alimentos, una dinámica inflacionaria agravada por el conflicto entre Ucrania y Rusia que los grandes empresarios locales trasladan al país, como lo demuestran los precios de la carne, el maíz y el trigo.

Primer problema

La inflación es consecuencia del acuerdo buscado y apuntala la estrategia del gobierno. La transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensiones hacia las empresas formadoras de precios, sumada al ajuste fiscal en marcha y al comprometido, disminuye el poder adquisitivo de la población -que se traduce en excedentes exportables- y permite a la administración pública recaudar nominalmente más impuestos.

Es simple. Los impuestos nacionales, como el IVA, el Impuesto al Combustible y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, al igual que a nivel provincial Ingresos Brutos, están atados a los precios.

Se incrementan al ritmo de la inflación. No así las jubilaciones y pensiones, el gasto más importante del Estado nacional. Representó el 43 por ciento del Presupuesto 2021.

Un universo de 7 millones 100 mil beneficiarios de los cuales más del 50 por ciento percibe la jubilación mínima o en torno a la mínima. Unos 32 mil 460 pesos en marzo, mientras que 612 jueces exhiben jubilaciones superiores a 1 millón de pesos.

Lo mismo sucede con los salarios, que se deterioran por la inflación redistribuyendo ingresos a favor de los remarcadores de precios, los grandes comercios y los productores en general.

En síntesis: la política oficial abarató y abaratará todavía más la mano de obra medida en dólares porque la divisa estadounidense -lo dijo el presidente del BCRA, Miguel Pesce- acompañará la evolución de la inflación para preservar su capacidad adquisitiva.

No la de los salarios y jubilaciones y pensiones que se pagan en pesos.

Segundo problema

Aunque este año el FMI entregará al país fondos por encima de los vencimientos de capital, en los próximo dos años sus aportes serán menores que los vencimientos.

En efecto. Según el acuerdo, este mes ingresarán 9 mil 800 millones de dólares, de los cuales 2 mil 800 millones se usarán para pagar la tercera cuota de capital de la deuda, otros 630 millones se destinarán a pagar intereses en abril y unos 500 millones para pagarle al Club de París.

La diferencia, casi 5 mil 900 millones, se empleará para “reconstruir el mercado de capitales”, un eufemismo para evitar lo indecible: que se generarán nuevos títulos de deuda en dólares para permitir que Franklin Templeton, PIMCO y otros fondos de inversión que tienen títulos en pesos puedan convertirlos en dólares y volverlos a fugar.

Puesto de otra forma. El acuerdo garantiza la salida de los fondos que se quieren ir. Este año vencen cuotas de capital con el FMI por 19 mil 620 millones y se tiene previsto que el crédito del organismo se traduzca en ingresos -si se cumplen las metas trimestrales en materia fiscal y monetaria- por unos 24 mil 620 millones.

Sin embargo, el próximo año vencerán cuotas de capital por 18 mil 815 millones de dólares e ingresarán fondos por solo 16 mil 615 millones.

En 2024, la estrechez será mayor: los vencimientos de capital sumarán 4 mil 700 millones, pero el organismo solo desembolsará 1.100 millones.

Tercer problema

El objetivo monetario es que la tasa de interés real sea mayor que la inflación y supere también la suba del dólar. Ni más ni menos que recrear la famosa bicicleta financiera, también conocida como carry trade.

Su lógica: que la retribución en pesos debe ser más redituable que comprar divisas. Con ello se confiscará el capital de las empresas endeudadas en pesos -a las que se les dificulta cada vez más vender y por ello conservan un stock mayor que el necesario- de cara a un cada vez más pequeño mercado interno por efecto de una inflación que erosiona la capacidad adquisitiva de la población.

Una esquema que no solo perjudica a los que tienen deuda en pesos, sino que además impide acceder a créditos para refacciones y/o compra de bienes durables.

Con la suba de la tasa de interés se garantiza la ganancia de los bancos. Sobre todo a las nueve entidades privadas que tienen el mayor volumen de depósitos y Letras de Liquidez del BCRA, además de otras tenencias inmovilizadas, por un total de 4,5 billones de pesos.

También pierde el BCRA, que deberá pagar un interés mayor por las inmovilizaciones referidas. Un déficit impagable.

Cuarto problema

Como las metas acordadas finalmente no se podrán cumplir se promociona a costa de los ingresos del Estado a sectores que no lo necesitan. Entre ellos el hidrocarburífero y el minero.

O se alientan exportaciones agropecuarias que registran precios récords en los mercados internacionales y máximo históricos de producción local.

Sin embargo, nada se dice sobre el impacto de estas políticas en los precios internos y sus consecuencias ambientales.

Las medidas anunciadas como paliativas ante la persistente inflación, y en especial para frenar la suba de los precios de los alimentos, son como una aspirina para un enfermo terminal, cuando la situación indica que se deberían aumentar fuertemente los derechos de exportación, poner cupos de exportación a la carne, al maíz y al trigo, y controlar férreamente el valor del dólar.

Las hiperinflaciones de 1989 y 1990 se frenaron malvendiendo empresas públicas como YPF, Somisa, Elma, Segba, y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Ahora vienen por el litio y los minerales raros de la Puna, por el gas que pretenden extraer a 6 mil metros bajo el mar a 137 kilómetros de la costa marplatense, por el petróleo de San Carlos en Mendoza, por el hierro y la plata de la meseta de Chubut, por el oro y el cobre de las minas de Famatina en La Rioja y de Agua Rica en Catamarca.

Ni más ni menos que seguir con la súper explotación del Río Paraná, y hacer caso omiso del peligro que representan para nuestro suelo los cultivos transgénicos, el talado de los bosques y los incendios de campos para extender todavía más la frontera agrícola.

Quinto problema

En una sociedad con niveles de pobreza, desocupación y exclusión social pocas veces vistos, el acuerdo con el FMI avalado por Diputados y seguramente también por el Senado constituirá un punto sin retorno y aumentará la posibilidad de que se agrave una situación ya crítica.

Lo único que garantizará su cumplimiento es la pauperización de jubilados y asalariados.

Los unos seguirán cobrando la miseria que cobran en la actualidad, y cada vez menos hasta 2034.

A los otros les costará cada vez más conseguir empleo y recibirán remuneraciones cada vez menores en términos de poder adquisitivo.

Horacio Rovelli

Socompa