Piden identificar a los grandes operadores de divisas durante el endeudamiento

La jueza Capuchetti solicitó al BCRA y a la Bolsa de Valores que brinde información sobre los agentes más importantes del mercado. Busca saber si la fuga de capitales que hubo durante el macrismo benefició a funcionarios de Cambiemos.

“Hay que saber si hubo funcionarios-personas de los dos lados del mostrador”. La definición corresponde a quienes en la fiscalía de Franco Piccardi y el juzgado de María Eugenia Capuchetti están a cargo de investigar si hubo delito en la gigantesca deuda contraída con el FMI. Eso es lo que explica que la magistrada le haya pedido al Banco Central “se identifique a quiénes fueron los 100 agentes que realizaron compras netas por 24.679 millones de dólares; los diez compradores de 7.945 millones de dólares y a las personas jurídicas que efectuaron compras netas de divisas por un monto de 41.124 millones de dólares”.

A la Bolsa de Valores, la jueza le pidió que identifique a las personas jurídicas y físicas suscribieron títulos de Lebacs y luego desarmaron esas posiciones entre enero de 2018 y diciembre de 2019”. En otras palabras, el fiscal y la magistrada quieren saber si la bicicleta financiera -traer dólares, comprar Lebacs a intereses altísimos, luego venderlos, transformarlos en dólares y llevar esas inmensas cantidades al exterior- benefició también a los funcionarios macristas que tomaron las decisiones que convirtieron en fuga a cuentas en el exterior la totalidad de lo que vino del FMI.

Dificultades
La causa por el gigantesco crédito que concedió el Fondo no es sencilla, básicamente porque los funcionarios imputados argumentarán que fueron medidas de política económica no judiciales, adoptadas por un gobierno elegido en elecciones.

Uno de los ángulos de la acusación del fiscal Piccardi es el delito de malversación de fondos públicos: se pidió dinero (al Fondo) para una cosa, y se utilizó para otra: “para que determinadas personas conformen activos externos”. O sea, se llevaron dinero al exterior.

Pero aún más grave sería el delito de fraude en perjuicio del estado y en ese caso sería clave determinar si los funcionarios, sus familiares o sus sociedades se beneficiaron con las medidas tomadas por ellos mismos. O, por ejemplo, que familiares y sociedades tuvieran información privilegiada que les permitió hacer mega utilidades.

Es en ese terreno que Piccardi pidió y Capuchetti dictó la medida de levantar los secretos sobre todas esas operaciones: quieren ver, justamente, si la cúpula del macrismo operó de los dos lados del mostrador. “Un puñado apretado de beneficiarios, es decir un universo hiperconcentrado, accedió a la divisa norteamericana en el pequeño mercado cambiario local”, lo definió la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, cuando hizo la denuncia.

Pasos
El fiscal Piccardi sostiene que debe investigarse una maniobra que tuvo diversas etapas, empezando por la flexibilización del mercado de cambios. Es decir que el ministro Nicolás Dujovne -uno de los imputados- firmó distintas medidas como, por ejemplo, la eliminación de la obligación de los exportadores de negociar sus divisas en el mercado oficial. Piccardi cita ocho medidas que fueron en el mismo sentido que permitieron la acumulación de lo que se llama activos externos, o sea principalmente sacar divisas fuera del país.

La segunda tanda de medidas consistió en la emisión de 1,2 billones de pesos en Lebacs, que con la bicicleta financiera -según el economista Daniel Marx, citado por la OA- “producían un rendimiento real en dólares del 10 por ciento anual, tasa inexistente para cualquier mercado legal o actividad lícita”. El cálculo es que a diciembre de 2017 se habían ido 21.750 millones de dólares. El total llegó en 2018 a 45.000 millones, suma muy parecida a los 44.000 que prestó el Fondo.

Atropellos
Hoy por hoy parece bastante claro que el FMI le dio al país el crédito más grande de su historia esencialmente para que Mauricio Macri consiga la reelección. Pero en el apuro, se atropellaron todas las normas establecidas para contraer deudas.

Piccardi menciona el artículo 75 inciso 4 de la Constitución que establece que corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y que el Poder Legislativo es el encargado de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Como se sabe, nada pasó por el Congreso.

También se habrían atropellado distintas leyes que exigen dictámenes de varios ministerios antes de contraer un crédito externo: no se cumplió en ningún caso.

Se violó también la Ley de Procedimientos Administrativos que exigía un dictamen jurídico que en verdad se realizó después de contraer el préstamo. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) determinó que parte de las actuaciones administrativas se hicieron después de firmarse el acuerdo con el FMI.

El delito que se investiga es el de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Malversación
En su momento, el ministro Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, firmaron con el FMI un memorándum que establecía los objetivos de los fondos que llegarían al país:

*Restaurar la confianza del mercado.

*Fortalecer las metas de inflación

*Disminuir las tensiones de la balanza de pagos

*Proteger a los sectores más vulnerables.

Nada de eso se cumplió. O sea, el dinero que vino al país terminó en la formación de activos externos, es decir en inmensas cantidades de dólares fugados. La inflación se disparó, las reservas se deterioran de manera descomunal y eso fundamenta la acusación de malversación, o sea que se firmó la llegada de 45.000 millones de dólares para una cosa y se utilizaron para otra.

Administración infiel
Uno de los grandes obstáculos que enfrentan el fiscal y la jueza es demostrar que todas o parte de las medidas adoptadas apuntaron a beneficiar a aliados, socios y familiares de los funcionarios imputados: Mauricio Macri, Dujovne, Luis Caputo, Sturzenegger y Guido Sandleris. O sea, que esos funcionarios le hicieron perder enormes cantidades de dinero al estado, para favorecer a sus allegados. “No hubo error, sino intencionalidad”, sería la definición.

Los funcionarios del macrismo alegarán que fue una política económica decidida por un gobierno legítimo y que por lo tanto no tiene por qué intervenir la justicia. Pudo ser una política errada, pero eso se dirime en las urnas, no en la justicia. Y seguramente insistirán -como lo hacen en público – en que el gobierno de Cristina Kirchner dejó una crisis y que eso los llevó a tomar las medidas que tomaron. Para eso se tienen que preparar el fiscal y la jueza.

Las nuevas decisiones de Capuchetti, de levantamiento del secreto bancario y bursátil, arrancan entonces por buscar elementos directos que prueben que hubo una estrategia para que los amigos del macrismo se enriquecieran aún más y sacaran el dinero al exterior: la cuestión de los funcionarios de los dos lados del mostrador. De un lado dictaron las medidas, del otro se llevaron la plata.,

Piccardi y Capuchetti, además, requerirán ayuda porque, como es evidente, ambos estudiaron derecho, no economía. De manera que primero están juntando toda la información y luego se hará el análisis, para lo cual seguramente se definirán peritos o asesores que realicen dictámenes. A primera vista, si la jueza está diciendo que hubo 100 agentes que se llevaron 24.679 millones de dólares; diez que compraron 7.945 millones y un puñado más que acumuló 41.124 millones, queda claro que el gobierno de Mauricio Macri jugó para unos pocos mega-millonarios, en perjuicio del estado y la totalidad de los argentinos.

Raúl Kollmann

Página/12