En qué consiste el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Tanto el Gobierno como el organismo anunciaron el entendimiento. El ministro Guzmán brindo detalles sobre plazos y formas, metas fiscales, monetarias y de divisas. Se viene la discusión en el Congreso y en el Directorio del FMI.

El Gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo stand-by tomado en 2018 por la administración de Juntos por el Cambio.

Así lo comunicó este viernes el presidente, Alberto Fernández, en la apertura de los mercados, y confirmó el propio organismo internacional en un comunicado emitido por el staff técnico. A su vez, el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, ofrecieron detalles de lo consensuado.

A grandes rasgos, el acuerdo consiste en un esquema de desembolsos durante los próximos dos años y medio atados a las revisiones de una serie de metas. Luego de los primeros cuatro años comienza la etapa de devolución de los fondos hasta completar los diez años.

Las metas tienen un capítulo fiscal, monetario y de acumulación de divisas. A diferencia de otras experiencias, no hay exigencias sobre viejas «reformas estructurales» en el sistema previsional o laboral ni tampoco privatización de empresas públicas.

Prácticamente todo el arco político y económico celebró el anuncio. Ahora se vienen varias semanas de continuidad del trabajo técnico para tratar de llegar a la previa del vencimiento de 2800 millones de dólares de mediados de marzo con el acuerdo en funcionamiento. Para ello, antes debe contar con el visto bueno tanto del Directorio Ejecutivo del FMI como del Congreso Nacional.

El esquema

El Gobierno acordó con el Fondo un crédito de facilidades extendidas para poder afrontar el resto del megapréstamo de 44.500 millones de dólares que recibió la administración de Mauricio Macri. Esa operación tiene vencimientos por 18 mil millones de dólares este año y otros 19 mil millones de dólares en 2023, montos absolutamente impagables por el país. Para afrontar esos pagos, el FMI vuelve a prestar plata con otros plazos de devolución.

El monto del nuevo crédito sería similar al recibido por Macri pero el plazo de devolución es de diez años y se comienza a pagar en 2026. Los fondos ingresarán a medida que lleguen los vencimientos del crédito de 2018, aunque también van a incluir los últimos desembolsos de capital que pagó el Estado argentino el año pasado.

Antes de liberar los fondos, el FMI hará una revisión trimestral de las cuentas del país para ver en qué medida se viene cumpliendo lo acordado. Se trata de una instancia que históricamente ha sido muy traumática, puesto que la estabilidad cambiaria pasa a depender de las palabras del organismo, nuevo juez de la economía local.

El período de desembolsos del acuerdo es de dos años y medio, con 10 revisiones trimestrales. A partir del año cinco, el país tiene que comenzar a hacer pagos netos. La etapa de acuerdo mutuo sobre las políticas a adoptar en principio termina a fines de 2024.

Guzmán aseguró que gracias a la devolución de los pagos realizados el año pasado, el financiamiento neto con el FMI tendrá signo positivo (y no neutral). A ello se sumará el fondeo de alrededor del 0,9 por ciento del PBI que el Gobierno espera conseguir de otros organismos internacionales.

Lo acordado

Sendero fiscal: El consenso alrededor de este punto es una reducción paulatina del rojo fiscal, que el año pasado terminó en alrededor del 3 por ciento del PBI. Ese número bajaría al 2,5 por ciento este año, al 1,9 por ciento en 2023 y 0,9 por ciento en 2024.

El ministro aclaró que ese sendero incluye un crecimiento de la obra pública y ciencia y tecnología junto a una «redirección de recursos». Algunas pistas más dio el Fondo, que dijo que «acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva era fundamental para mejorar la composición del gasto público».

Consultado por este tema, Guzmán dijo que no cambiaría la política de subsidios en relación a lo anunciado para este año, que se basaría en un nuevo aumento general por debajo de la inflación pero con quitas de subsidios a determinados sectores.

«Expansión moderada del gasto real y fortalecimiento de la recaudación», dijo el ministro, sin ofrecer más detalles por ahora, que serán claves porque buena parte del acuerdo se juega en cómo se lleva a cabo la reducción del déficit fiscal.

Financiamiento: Otro de los puntos fuertes del acuerdo es la trayectoria de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Guzmán detalló que en 2021 equivalió a 3,7 puntos del PBI y que se consensuó una fuerte reducción hasta el 1 por ciento en 2022; 0,6 por ciento en 2023 y que en 2024 el Central no aporte para cubrir el bache fiscal.

La contracara de ese trayecto monetario es la ampliación de los instrumentos de financiación del Tesoro con el mercado local, algo que el Gobierno viene fortaleciendo desde el comienzo de la gestión y que ahora deberá profundizar. La financiación con el mercado local estará apuntalada por tasas de interés reales positivas, que en cambio son un problema para la inversión productiva.

Más allá del financiamiento de mercado al sector público, el acuerdo contempla una reforma del mercado local de capitales para darle más profundidad y alcance.

Divisas: El Gobierno acordó un ambicioso objetivo de acumulación de reservas que comienza en los 5 mil millones de dólares para 2022. Un punto sensible porque el año pasado, con superávit comercial récord, las reservas siguieron penando. Guzmán dijo con respecto a esto que, a favor del 2022, no habrá unos 5 mil millones de vencimientos pagados al propio Fondo, como sucedió en 2021.

El ministro también detalló que continuará la política de regulaciones cambiarias y financieras y que se va a profundizar el estímulo a los sectores exportadores, capaces de inclinar a favor la balanza de las divisas, mayormente el sector agropecuario, minería e hidrocarburos. Guzmán descartó que vaya a haber un «salto cambiario».

Inflación: Guzmán ponderó que el acuerdo mantiene una mirada multicausal de la inflación, que incluye un capítulo fiscal y monetario pero también de coordinación de expectativas. En este último punto, rescató que Precios Cuidados y el resto de las herramientas de controles de precios tendrán un rol relevante en el nuevo esquema de política económica.

Javier Lewcowicz

Página/12