mié. Oct 23rd, 2019

Cuadernos a juicio: anuncian lluvia de planteos de nulidad

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Bonadio elevó a debate oral la causa y las defensas de los ex funcionarios analizan volver a plantear impugnaciones. Los empresarios indagarán la vía del acuerdo con la fiscalía.

Los supuestos cuadernos que reconoció haber escrito el arrepentido chofer Oscar Centeno nunca aparecieron. Las declaraciones de los arrepentidos no fueron grabadas. Y el juez Claudio Bonadio se quedó con el expediente de manera irregular. Todas esas afirmaciones volverán a sonar a partir de ahora luego de que el magistrado que más veces procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner elevara a juicio oral y público la causa conocida como «Cuadernos de las coimas».

La elevación de la causa a juicio era uno de los momentos más esperados por las defensas de los imputados, sobre todo las de los ex funcionarios, que desde hace tiempo vienen avisando que esperaban esa situación para presentar una «lluvia» de nulidades por cómo se instruyó el caso. Pero llega en un momento político que nadie imaginaba hace un año cuando estalló el caso: la principal acusada es la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, el más votado a nivel nacional en las últimas PASO.

Las posiciones de los acusados de la causa en la que se investigan un supuesto circuito de recaudación de coimas pagadas por empresarios de la obra pública a ex funcionarios nacionales se dividen en dos: algunos empresarios, en su mayoría arrepentidos del caso, podrían buscar acuerdos de juicio abreviado para evitar la larga exposición negativa que podría generales afrontar un juicio oral; mientras que los ex funcionarios y también algunos empresarios intentarán voltear la acusación desde sus cimientos.

Los ex-funcionarios

Para el juez Bonadio, el caso de los cuadernos permitió desenmascarar una supuesta asociación ilícita encabezada primero por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y luego por la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner y organizada por los detenidos Julio De Vido (ex ministro de Planificación de la Nación) y Roberto Baratta (ex funcionario de Planificación) que entre 2003 y 2015 se dedicó a cobrar coimas de empresarios vinculados con la obra pública.

El magistrado llegó a buscar dinero presuntamente escondido en departamentos que supo ocupar la ex presidenta, pero no lo encontró. Si consiguió apuntar en el expediente testimonios que hablaran de bolsos con contenidos desconocidos pero sospechados, que supuestamente eran llevados desde la Ciudad de Buenos Aires hacia El Calafate en vuelos presidenciales en los que solo viajaba el fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz. Así se construyó la acusación contra la ex mandataria.

En esa construcción jugaron un papel importantísimo dos empresarios cercanos al macrismo: Javier Sánchez Caballero, de Isolux, y Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, fueron los primeros empresarios en declarar como arrepentidos cuando el fiscal Carlos Stornelli los corría con que «no había sortijas para todos» y que los que querían gozar de su libertad debían confesar algún delito.

Los puntos que planea atacar la defensa de la ex presidenta y la de otros ex funcionarios, aparecen en el caso desde su inicio. Apuntan a cómo se quedaron con la causa el juez Bonadio y el fiscal Stornelli y a cómo se desencadenaron las declaraciones de los arrepentidos. Todo eso será planteado una vez que quede confirmado el tribunal de juicio -por sorteo salió designado el TOF 7-, cuando se llame a la partes a presentar sus planteos y ofrecer pruebas. Muchos de esos planteos duermen por estos días en la Cámara de Casación Penal.

Algunos de estos puntos ya fueron abordados por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, cuando le pidió a Bonadio que elevara lo más rápido posible el caso de los cuadernos a juicio oral y público. «En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional», había escrito Beraldi.

El caso quedó en manos del juez Bonadio luego de que el fiscal Stornelli recibiera de un periodista las fotocopias de los cuadernos que había recibido de un ex sargento de la Policía Federal que tenía vínculo con el chofer Centeno. Una cadena de custodia de prueba que no pasaría el mas liviano de los escaneos.

Uno de los principales cuestionamientos del caso tenía que ver con que Bonadio se había quedado con la causa alegando una supuesta conexidad con el expediente en la que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), en lugar de mandarlo a sorteo. El tema será planteado en la citación a juicio.

Sobre los cuadernos en sí mismos, la defensas insistirán en que nunca aparecieron y sólo obran en la causa lo que serían sus fotocopias; lo que implicó que nunca hubiera podido peritarse la tinta de los originales como para determinar si fueron escritos en el momento en el que presuntamente ocurrían los hechos o si fueron redactados con posterioridad.

«Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público», recordó el abogado Beraldi en la citada presentación ante Bonadio. Los cuadernos nunca aparecieron y Centeno dijo alguna vez que los quemó en la parrilla de su casa.

Otro de los cuestionamientos llegará por el lado de las detenciones y la aplicación de la ley del arrepentido. «Se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo para arrancar supuestas confesiones a los imputados», había escrito Beraldi.

Un fiscal con despacho en los tribunales federales de Comodoro Py que suele justificar la forma en la que ocurrieron los arrepentimientos en la Causa de los cuadernos acostumbra a decir, citando a otro jurista, que «los imputados tienden a confesar cuando evidencian la posibilidad de perder su libertad». La explicación es atendible, pero en el caso de los cuadernos el orden de los factores fue otro: las confesiones se dieron en todos los casos bajo arresto y fueron realizadas por personas -en su mayoría empresarios- ansiosos por recuperar su libertad. El tema promete la continuidad de un debate áspero.

De cara al juicio, varios abogados defensores insistirán en la necesidad de poder evaluar cómo se dieron las confesiones, de poder reeditarlas en el debate oral y público. Para eso volverán a insistir con que el artículo sexto de la Ley del Arrepentido sostiene que «las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior». Y allí el problema: esas declaraciones no fueron grabadas.

Los empresarios

En el caso de los empresarios, las estrategias serán diversas. Es de esperar que, por ejemplo, el directivo de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, todavía detenido en prisión domiciliaria preventiva, adopte una estrategia tan beligerante como la de los ex funcionarios. Es uno de los pocos empresarios que no se acogió al régimen del arrepentido. Declaró que hizo aportes de dinero al Frente Para la Victoria pero siempre a título personal y sin involucrar a su compañía.

La mayoría de los empresarios podría evaluar la vía de los acuerdos de juicio abreviado. Es una herramienta que, en rigor, está en manos de los fiscales de juicio que son quienes tienen la posibilidad de abrir las negociaciones. Pero Cenital pudo saber de abogados vinculados al caso que los varios empresarios están dispuestos a explorar esa vía, lo que implicaría insistir en el reconocimiento de algún delito y abortar la posibilidad de denunciar que fueron extorsionados.

El «juicio abreviado» es una herramienta que le permite a las partes acotar el proceso y evitar lo que podría ser la larga y desgastante exposición aun juicio oral público. Para que se ponga en marcha, es necesario un acuerdo entre las partes: el acusado tiene que aceptar su participación en el delito y la propuesta de pena elaborada por la fiscalía.

Por estos días se debate si puede haber «juicio abreviado» parcializado -que no incluya a todos lo acusados- porque el mecanismo previsto en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal establece que «cuando hubiera varios imputados, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad». En los hechos, ya se usó de forma parcial. Ahora el tema está a estudio de la Corte y ya se expidió de modo favorable el Procurador Eduardo Casal.

El juicio abreviado, que en realidad es un acuerdo, podría asegurarles a los imputados evitar aquello que más temen: el regreso a la cárcel; algo que no tendrían garantizado si van a juicio oral.

Otra posibilidad que manejan las defensas de algunos empresarios es avanzar con aquello que dejaron trascender cuando la causa de los Cuadernos avanzaba por la vía de los arrepentimientos: que sus confesiones fueron obtenidas bajo la vía de la extorsión de la prisión.

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