jue. Ago 22nd, 2019

Apelación de los abogados de la causa de Rincón Bomba al fallo del juez Fernando Carbajal

Los abogados Carlos Alberto Díaz y Julio César García, apoderados de miembros del Pueblo Pilagá, que demandaron al Estado por la masacre de Rincón Bomba ocurrida en el año 1947, apelaron la sentencia dictada por el juez Federal subrogante de Formosa, Fernando Carbajal.

Este fallo no contempla que el hecho ocurrido constituyó delito de genocidio. Sin embargo los letrados destacaron la sentencia del magistrado, a la que calificaron como avance importante en materia de derecho Indígena.

En el año 2005 Díaz y García presentaron una denuncia contra el Estado nacional, solicitando ante el Juzgado Federal de Formosa una indemnización “por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica”, ya que fueron asesinados unos 500 miembros del Pueblo Pilagá, más de 200 desaparecieron y hubo 50 intoxicados.

Julio García, quien fue abogado de ENDEPA, nos cuenta detalles de la apelación a la sentencia del pasado 4 de julio, lo que provocará que el expediente en cuestión se dirija a la Cámara Federal de Apelaciones con sede en la ciudad de Resistencia.

 – ¿Cuál fue el motivo de la apelación al fallo del juez Fernando Carbajal? ¿Cuáles son los considerandos que expusieron en dicha apelación?

– Hay que aclarar que el fallo para nosotros es relevante, es muy importante; es un fallo bisagra en lo que es la cuestión Indígena, porque marca un precedente inexistente en América Latina: a partir de un hecho puntual contra un Pueblo Indígena, como lo fue esta masacre que tiene casi 74 años de existencia, y que nunca había sido contemplado por el sistema judicial, tuvo un proceso de reparación tanto no patrimonial como patrimonial.

La apelación tiene que ver con tres cuestiones; lo primero es que el fallo deja de lado un planteo de la demanda original del año 2005, que presenta delitos de lesa humanidad en un contexto de genocidio, porque se lesiona y se afecta de manera grave a un número importante de miembros de un Pueblo étnico, según la calificación del delito de genocidio.

Por otro lado, hay estándares internacionales ligados a lo que se denominan “peticiones” o “pluri-peticiones individuales” que el juez no tuvo en cuenta pero los antecedentes internacionales sí lo consideran, con una jurisprudencia muy firme, y este caso, de manera no razonable para nosotros, se aparta de esos precedentes.

En tercer lugar, el juez aplica y tiene por consolidada una doctrina que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la prescripción de delitos que no deja prosperar las acciones resarcitorias, indemnizatorias y de reparación patrimonial, aplicando la prescripción de este tipo de reclamos indemnizatorios. Nosotros creemos que esa doctrina es inaplicable en este caso. Los órganos de alcance y de aplicación internacionales deber ser contemplados – como el caso denominado Villamil, muy conocido en Chile, donde se resuelve un asunto muy similar al de Rincón Bomba, y que creemos que es aplicable a un caso como éste- por esto Argentina debe adherir a las mismas y en esta ocasión el juez no las aplicó.

 – Según los análisis y proyecciones realizadas junto al Pueblo Pilagá, ¿Cuál sería la línea correcta a seguir?

– Técnicamente ahora se interpone la medida, nos encontramos en la etapa recursiva a la cual dimos inicio; lo mismo puede hacer la otra parte hasta el próximo 31 de julio. Una vez vencida esta etapa se remiten las acciones a la Ciudad de Resistencia, donde se encuentra la Cámara Federal de Apelaciones.

 – ¿Qué reparaciones hacia el Pueblo Pilagá faltarían, según otras jurisprudencias que no fueron contempladas?

– Creemos que hay una falta de contemplación a los estándares internacionales, que tiene que ver tanto con la forma como con el monto patrimonial. El juez ordena una serie de medidas indemnizatorias al Pueblo Pilagá, a llevarse a cabo en un período de 10 años; para nosotros esta fragmentación es injustificada e innecesaria.

Por otra parte, hay cuestiones que forman parte de la política pública, que no pueden quedar sometidas a la jurisdicción de un juez, sino que debe ser parte de la responsabilidad primaria del Estado; por ejemplo obras públicas, como escuelas o caminos. Esto es deber del Estado, no puede ser parte de esta indemnización.

Luego se especifican cuestiones relacionadas a la educación, como la otorgación de becas, estipulándose una cierta cantidad de las mismas que, para nosotros, dada la cantidad de miembros del Pueblo Pilagá, es escasa. Y así una serie de medidas que habría que ajustar y ampliar.

 – ¿Qué expectativas tienen en relación a que todos estos elementos planteados lleguen a buen puerto y que finalmente se le otorgue al Pueblo Pilagá la reparación correcta?

– Cabe destacar que el Pueblo Pilagá agradeció la sentencia, por considerarla un hecho justo, necesario y reparatorio por parte del Estado. Nosotros queremos hacer hincapié en esa valoración; nuestro planteo tiene que ver con la adecuación del fallo a los estándares internacionales, que no pueden tener como obstáculo la legislación de orden interno.

Lo que debe hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como última instancia en todo caso, es adecuar el fallo a las previsiones de esta jurisprudencia, que tiene que ver con un resarcimiento íntegro y justo al Pueblo Pilagá. En general las expectativas que tenemos son altísimas.

ENDEPA